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MADRID, 5 (OTR/PRESS)El historiador británico Antony Beevor subraya el asombro que le produjo constatar que España es el único país del mundo en el que la guerra la escriben los perdedores. Se refería a la tendencia hoy en auge de versiones revisionistas acerca de lo ocurrido en la Guerra Civil (1936-1939). Su observación es certera y la confirman las críticas suscitadas estos días tras la retirada -ordenada por el Ayuntamiento de Madrid- de las placas de algunas calles que estaban dedicada a los políticos socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero.
Quienes en su día aplaudieron la ejecución de una medida similar que entonces afectaba a personajes que descollaron en el bando de los sublevados durante la guerra o que apoyaron después la dictadura de Franco critican ahora la aplicación de la misma norma porque afecta a políticos relacionados con el bando republicano.
Todo este asunto tiene origen en una ley llamada de Memoria Histórica aprobada en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ley que abrió la puerta a una revisión politizada de los acontecimientos acaecidos durante la guerra civil y en los años posteriores de dictadura dejando fuera del escrutinio el período (1931-1936) de la República durante el cual fueron perpetrados también no pocos crímenes y violaciones de la propia legalidad republicana a iniciativa de partidos u organizaciones de izquierdas.
De ese arranque deliberadamente hemipléjico, por parcial, se derivan la principal de las críticas que suscitó en su día la ley. Críticas que a juzgar por lo que ha trascendido de otra iniciativa -en este caso guiada por la vicepresidenta del Gobierno, la señora Carmen Calvo- no han modificado el sesgo partidista.
El nuevo proyecto de ley que se anuncia ahora bajo el epígrafe de "memoria democrática" parte de la misma premisa que lleva a excluir el recuerdo de los actos criminales acaecidos durante la guerra en las zonas controladas por los republicanos.
En cierto sentido la nueva ley es una impugnación a la Ley de Amnistía de 1977 defendida en las Cortes por Marcelino Camacho el líder comunista de CC.OO que había pasado cerca de 14 años en las cárceles franquistas. Aquella ley que ahora repudian los partidos de las izquierdas actuales fue apoyada activamente por los dirigentes del PCE y del PSOE de entonces porque junto con los grupos de centro y de derechas entendieron que era el paso necesario para lograr la reconciliación entre los españoles. El gran logro de la Transición plasmado posteriormente en la Constitución. Al impugnarla de facto con la nueva ley que postula la señora Calvo se diría que la fracción socialista del Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho suya la estrategia de demolición del "régimen del 78" que impulsa Pablo Iglesias. El actual PSOE cada vez se parece más a Podemos.
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