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MADRID, 14 (OTR/PRESS) Aunque creada para desarticular al entorno político de ETA vedándole el disfrute de los diferentes derechos y beneficios institucionales, la Ley de Partidos Políticos de 2002 se justificaba en su preámbulo como necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema democrático, "impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades".
Dicha Ley sigue vigente pese a que, por fortuna, se extinguió la amenaza terrorista, pero hay una parte de ella, explícita en ese su preámbulo justificatorio, que lo mismo aún podría ser de alguna utilidad para defender a la nación de los partidos que atenten de forma continuada y grave, mediante prácticas mafiosas y corruptas, contra el régimen democrático.
El caso Kitchen, que no es sino extensión y anexo de tantos otros que involucran al Partido Popular, dibuja con precisión y crudeza el peor tipo de amenaza que hoy puede sufrir un sistema democrático, el de la usurpación por un partido de las instituciones y los recursos públicos, pues esa usurpación corrompe el sistema de garantías y libertades y lo arroja al basural del totalitarismo.
Si la Policía es usada por un partido, por el partido que tiene mando sobre ella a través del ministerio del Interior, para encubrir delitos en vez de perseguirlos, y si, encima, esos delitos que encubre son los perpetrados por el propio partido gobernante, la tal Policía pierde su carácter de defensora de la ley y amparo de la ciudadanía para convertirse en una banda, en una suerte de ejército pretoriano en un estado fallido.
Pero si además de encubrir delitos, y de ser éstos presumiblemente los cometidos por el partido gobernante, perpetra, para llevar a cabo la infame acción, otros de una gravedad inusitada, como los que se usaron según Asuntos Internos y la Fiscalía para destruir las pruebas de la corrupción sistémica del PP en poder de Luis Bárcenas, entonces estamos hablando, sencillamente, de la penetración de prácticas mafiosas en lo más profundo del cuerpo policial, inspiradas por altos cargos del Gobierno y llevadas a efecto en combinación con algunos de sus jefes.
La Ley de Partidos Políticos sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso, y los partidos que de forma reiterada y grave atentan contra el régimen democrático de libertades, al parecer también.
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