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MADRID, 26 (OTR/PRESS) Después de tener confinado a todo un país, de no preparar adecuadamente la desescalada y de, en pleno rebrote, pasarse veinte días de vacaciones, el presidente del Gobierno ha dejado en manos de las comunidades autónomas la solicitud de estado de alarma individualizado y la organización de un curso escolar -sin protección del profesorado ni de los alumnos- imprevisible y potencialmente peligroso.
Y lo mismo podríamos decir de la sanidad, donde cada autonomía está haciendo lo que puede -o menos- y en la que los sanitarios -sin PCRs en la mayor parte de los casos desde mayo- se temen lo peor y saben que lo pagaran con su salud o, incluso con su vida. Y con una justicia lenta e ineficiente, casi en paro técnico desde marzo y aún más colapsada en breve con todas las demandas consecuencia de la pandemia.
Sánchez mira hacia otro lado apoyándose en que España es "un estado casi federal", saltándose la letra constitucional -estado de las autonomías- para llevarnos, otra vez, a un debate que no toca y, sobre todo, para no hacer nada productivo y concreto, en lo que es un maestro consumado.
Lo que el presidente podría hacer ya, por ejemplo, es constituir esa Comisión de expertos independientes que le han pedido algunos de nuestros científicos más relevantes para analizar cómo hemos afrontado la pandemia y qué deberíamos hacer para que no nos vuelva a coger desprevenidos. La podría presidir alguien tan respetado como Valentín Fuster, que ya colabora con las instituciones españolas y que ha hecho de la prevención su principal bandera sanitaria.
Podría crear otra Comisión de expertos -expertos de verdad, pocos, pero con nombre y apellidos y con experiencia contrastada- para analizar en qué debemos gastarnos los 72.000 millones que nos va a dar Europa en los próximos dos años y qué medidas hay que tomar para una verdadera reconstrucción, porque lo que salió del Parlamento no va a llegar a ningún sitio. Si, de paso, nos dicen algo sobre la reforma de la fiscalidad -la autonómica y la personal-, sobre el pago de la deuda o sobre la innovación industrial que necesita España, mucho mejor.
El presidente podría convocar urgentemente a patronal y a los sindicatos para estudiar cómo afrontar el nuevo mercado laboral que se nos viene tras la crisis -teletrabajo, conciliación, despidos, ERTEs, autónomos, etc.- y al Pacto de Toledo para ver qué hacemos con las pensiones.
Debería convocar a las comunidades autónomas, a los Colegios profesionales sanitarios y a los sindicatos del sector para analizar porqué nuestra excelente sanidad pública descansa sobre el esfuerzo de los profesionales y la incompetencia, en términos generales, de los políticos que se gastan el dinero en otras cosas, muchas de ellas innecesarias.
Podría retirar la Ley Celáa y convocar a todos los que saben de educación y la sufren para construir un sistema educativo moderno, realmente consensuado que no sea una reiteración de reinos de taifas y de reformas que llevan cuarenta años de reiterado fracaso escolar.
Y, por no aburrir, podría convocar una Comisión de Justicia -aunque el ministro esté de vacaciones mientras abogados y procuradores trabajan en un agosto hábil-, con presencia destacada de los Colegios profesionales, donde de una vez, se pongan las ideas y los medios para acabar con esa justicia pobre, lenta, ineficaz e ineficiente que provoca inseguridad jurídica, desalienta a los inversores, politiza los órganos institucionales y acaba con la confianza de los ciudadanos.
Si, además, el presidente y su Gobierno ponen a trabajar al Congreso y al Senado, cuyos miembros llevan seis meses cobrando sin trabajar, seguramente este país empezaría a mirar el futuro con alguna esperanza.
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