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MADRID, 22 (OTR/PRESS)El Gobierno de Pedro Sánchez decidió, antes del verano, con el decreto de la "Nueva normalidad", devolver todas las competencias a las Comunidades Autónomas en Sanidad y Educación. Y así estamos: con los contagios disparados y la mayor incertidumbre sobre el arranque del curso escolar.
Los meses de confinamiento demostraron la crudeza de la batalla política con una oposición, incluso entre los socios de investidura, que no desaprovechaba ocasión para poner precio a sus votos a favor de las prórrogas del estado de alarma. El PP dejó a una combativa y omnipresente Isabel Díaz Ayuso, convertirse en el paladín del eslogan de "yo la haría mejor". Torra y los suyos llegaron a proclamar que en Cataluña se habrían producido menos fallecimientos de haber gestionado la pandemia la Generalitat.
Pues bien, llegado su momento, son estas dos CCAA las que reportan mayores tasas de contagios, donde más ingresos hospitalarios se están produciendo y donde la falta de normas claras sobre el comienzo del curso hace más incierta la vuelta a las aulas.
El Gobierno de Sánchez ha aprendido la lección del altísimo coste electoral que va a suponer un nuevo estado de alarma y no piensa utilizarlo, a no ser que entremos en fase catastrófica. Se lava las manos y presiona a los presidentes autonómicos a que asuman unas responsabilidades que con tanto ahínco reclamaron en abril y mayo. El problema es que, con la actual legislación, salvo instar, pedir, o amenazar con sanciones, poco pueden hacer. Y la prueba es que un juez en Madrid, ha tumbado la prohibición de fumar en la calle.
El PP ha pasado de acusar a Sánchez de ansias incontroladas de poder a exigirle ahora que haga algo, que tome medidas, que corte los contagios, que fije normas claras para los centros escolares.
Para desesperación de padres y profesores, la reunión de coordinación con la ministra de Educación, Isabel Celaá, todavía no se ha producido y nadie sabe si el curso podrá comenzar, con qué ratios de alumnos en aula, y cuántos seguirán las clases de manera telemática.
Las CCAA recibieron dinero del Estado precisamente para reforzar las necesidades educativas. Las hay que han destinado el fondo a la contratación de profesores, pero no hay noticias de que se haya mejorado un sistema de clases online que marginó a miles de alumnos sin recursos. Así mismo, hay que decir que tampoco la ministra Celaá, experta en contradecirse, se haya desvivido por marcar pautas de apertura de las aulas que pudieran servir de orientación para no crear mayores desigualdades.
Como verá la situación de preocupante el Dr Simón que, por primera vez, ha abandonado el lenguaje melifluo para decir con rotundidad que las cosas van mal, y apelar a las "influencers" para que le asistan.
Si el Gobierno se lava las manos, las CCAA no saben para dónde tirar, y el portavoz sanitario pide ayuda a las jóvenes que marcan tendencia en la moda, es que estamos mucho peor de lo que podíamos imaginar.
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