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Etiquetas:   Política

El concepto del Rey emérito

Rafael Torres
jueves, 11 de junio de 2020, 08:00 h (CET)
MADRID, 10 (OTR/PRESS) Es una pena que el ex-comisario Villarejo se haya dedicado a transitar por el lado oscuro: con sus habilidades, sobre todo con aquellas relacionadas con la grabación de conversaciones explosivas, podría haber rendido grandes servicios a su país de haberlas empleado en beneficio de éste y no en el suyo. Sin embargo, su desbordante capacidad para suscitar, estimular e inducir esas conversaciones hacia el terreno de la revelación trasciende lo chungo, y deja para la posteridad perlas como la encerrada en ese pasaje de la que mantuvo con Corinna Larson y el empresario Villalonga en 2015, referida a los presuntos chanchullos dinerarios del ex-rey, o rey emérito, Juan Carlos I:

<< CORINNA _ (refiriéndose a éste) No distingue entre lo que es legal y lo que es ilegal.

VILLAREJO_ No tiene el concepto. >> ¡Ah, el concepto! ¡Qué espléndida, sucinta y acertada conclusión! ¡Qué formidable descripción, psicológica y política, de aquél que, por inviolable, intangible e irresponsable ante la Ley, lógicamente la desconoce! ¿Cómo va a distinguir entre lo legal y lo ilegal un hombre que ha vivido, respecto a la Ley, en un limbo impenetrable, en una marginalidad dorada? No podía, ciertamente, tener el concepto.

El concepto que sí tenía, según presumen los fiscales de dos países, España y Suiza, era el de la comisión, bruñido, al parecer, desde sus tiempos de Príncipe. De aquellos polvos de los primeros barriles de crudo vinieron los lodos del AVE a la Meca, y todo ello, polvos y lodo, en relación con las mismas arenas del desierto. 100 millones de pavos, de dólares, podría haber cobrado el emérito en concepto de comisión por sus gestiones, llamémoslas gestiones, en la construcción del tren veloz entre Medina y La Meca, ejecutado finalmente por un consorcio de empresas españolas, pero que no le pregunten, si por un raro albur depone ante los tribunales, si eso era legal o ilegal, pues no podía distinguirlo al carecer del concepto.

Ahora se trata de averiguar si el cohecho, que se cometería cuando era rey-rey, y, en consecuencia, en tiempos de ausencia constitucional del concepto, ha generado ilícitos posteriores a su abdicación en 2014, cuando ya el hombre, despojado de su blindaje absoluto, tenía la obligación, como todo quisque, de hacerse con un concepto que le instruyera sobre lo legal y lo ilegal. Entre tanto, algunos se echan las manos a la cabeza y se mesan los cabellos porque creen ver en ese tardío empapelamiento del ex-rey una conspiración para cargarse la Monarquía. Pero la clave no está en la conspiración, sino en el concepto.

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