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MADRID, 23 (OTR/PRESS) La peor consecuencia de la crisis política de la que me parece que aún no hemos terminado de salir es el caos jurídico en el que vivimos y del que, por lo menos, creo que por fin somos conscientes. En estos momentos, tenemos un órgano de gobierno de los jueces, un Tribunal Supremo, un Tribunal Constitucional y una Fiscalía por renovar, en este último caso en medio, además, de una agria polémica. Tenemos también una Abogacía del Estado enfadada con el Ejecutivo por el mal trato recibido y un 'corpus' jurídico reconocidamente insuficiente para defender convenientemente al Estado, lo que se ha puesto de manifiesto en los varios varapalos recibidos desde órganos judiciales europeos. Algo hay que hacer urgentemente, sí. Pero ¿qué?
Desde hace meses, recorro los colegios de abogados de toda España, presentado un libro acerca de los juristas que contribuyeron a cambiar, para mejor, el país. Debo decir que los abogados, los juristas, los hombres de leyes, constituyen la esencia de la sociedad civil, el núcleo central transformador de una democracia. Un poder equilibrador, que corre cercano al Poder Judicial sin confundirse necesariamente con él: juristas, gentes de leyes, protagonizaron la primera Transición, dando la vuelta al Estado como un calcetín, alrededor del abogado Adolfo Suárez, y juristas deberían estar protagonizando esta segunda transición, esta con minúscula, que nos anega, desordenadamente. Sobre todo, porque no son esas gentes de leyes, sino lo que podríamos calificar como políticos profesionales, con no excesiva formación jurídica, las que se encuentran al timón del Estado, pretendiendo dejarnos una España a la que no reconozca ni la madre que la parió.
Y entonces, claro, el oportunismo a la hora de modificar, con urgencia, nocturnidad y alevosía, leyes que, en efecto, deben ser modificadas, pero por consenso, no unilateralmente; sin pausa pero con sosiego, no urgidos por el hecho de tener que beneficiar a un preso que probablemente no debería estar en la cárcel ya, pero lo está en virtud de la aplicación rigorista por el Supremo del ordenamiento penal.
Sin duda, el Código Penal español, donde los delitos de sedición y rebelión se confunden, entre otras cosas, debe ser modificado. Pero, ya digo: no por un procedimiento exprés, no por la urgencia de tener que aprobar unos Presupuestos, para lo que es necesario el 'sí' de esa Esquerra Republicana de Catalunya cuyo líder, encarcelado aún, insiste en que, en cuanto pueda, repetirá su declaración de independencia, su consulta a los catalanes sobre si quieren o no seguir en España; o sea, que repetirá el delito por el que fue condenado a trece años de prisión, que todos sabíamos que, de una u otra forma, no cumplirá.
De acuerdo: hay que delimitar cuestiones como, por ejemplo, el delito de sedición; que, por cierto, es y debe seguir siendo un delito grave y severamente castigado. Pero, al tiempo, hay que reformar el método de elección del fiscal general del Estado, precisar el alcance de la prisión provisional, la inhabilitación y desde cuándo tiene efectos, las funciones -se ha abusado claramente de ellas- de la Junta Electoral Central, amainar tensiones entre el Supremo y el Constitucional, precisar quién debe instruir el proceso, si el juez o el fiscal, actualizar la normativa procesal, la electoral, dar un buen repaso a la Constitución. En suma, hay que adecuar nuestras leyes a nuestras circunstancias actuales, que ningún legislador podía siquiera imaginar hace apenas diez años.
Son, ni más ni menos -me dejo cosas en el tintero--, tareas urgentes a abordar por nuestros representantes, al margen de la renovación de los órganos judiciales. A abordar, insisto, por todos -todos-- nuestros representantes, no dejando fuera a la mitad de ellos, como ahora se pretende con escaso sentido democrático. Si las tareas que acabo de enumerar no exigen un enorme consenso nacional, que venga Dios y lo vea.
Y ahí es donde deben entrar el Consejo General de la Abogacía, que acaba de reelegir a su presidenta, Victoria Ortega; los Colegios de Abogados de todo el país, los jueces que actúan en provincias, los catedráticos: es necesario que irrumpan en la polémica y en el debate, que instruyan e ilustren a un Gobierno y a una oposición donde los valores jurídicos han perdido la preeminencia que tenían.
Nuestros periódicos, radios, televisiones, habrían de incorporar en sus debates a las gentes cuya ocupación diaria consiste en trabajar con las leyes, que conocen sus imperfecciones y su alcance. Un aforismo clásico (y cínico) dice que el periodismo es demasiado importante como para dejarlo en manos de los periodistas. Yo matizaría: 'solo' en manos de los periodistas, porque no parece lógico que seamos solo nosotros quienes dirijamos el debate sobre las reformas a adoptar en materias que no dominamos. Pues por lo mismo, la política es demasiado importante como para dejarla 'solo' en manos de los políticos. Es la hora de que la sociedad civil, togada o no, se incorpore a los planes para frenar el lío legal en el que 'ellos' nos han metido. Abogados, juristas, ¿dónde estáis?
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