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MADRID, 20 (OTR/PRESS) Que España es un país complejo, profundamente dividido en las dos mitades machadianas y desgajado en otras muchas partes, según de qué tema hablemos, es algo cada día más evidente. No hay sino que ver las distintas reacciones a la sentencia del 'caso de los ERE' o al 'dictamen' de Amnistía Internacional sobre algunos de los políticos presos por el intento de golpe de Estado de hace dos años, por ejemplo. Los argumentos legales se retuercen -la legislación española es insuficiente a la hora de defender la supervivencia del Estado--, la seguridad jurídica falla, la palabra de los representantes políticos vale muy poco en la conciencia de los ciudadanos. En este contexto, trescientos mil votos, como mucho, decidirán, y ya sabemos cómo lo decidirán, la forma en la que cuarenta y cinco millones de españoles vamos a ser gobernados, quién sabe por cuánto tiempo.
Es la 'España de los trescientos mil', que será, como mucho, el número de los militantes del PSOE y de los 'inscritos' de Unidas Podemos que votarán este fin de semana, de manera afirmativa o, mucho menos probablemente, negativa, a la pregunta clara y concisa que la dirección socialista y la 'morada', cada una por su lado, plantean a los afiliados para saber si aceptan la formación de una coalición de Gobierno 'de progreso' entre ambas formaciones. De momento, esa militancia desconoce con qué mimbres se hará la coalición, con qué programa, con qué aliados y cuáles serían las condiciones que se aceptarían procedentes de esos aliados (o sea, de Esquerra Republicana de Catalunya) a cambio de que los separatistas faciliten la investidura del Gobierno más atípico que haya tenido jamás el Reino de España durante sus cuarenta y cinco años de democracia.
Se me dirá que estos 300.000 votantes representan, de alguna manera, a los más de nueve millones y medio de votos cosechados por el PSOE y UP en las elecciones del pasado día 10. El argumento me parece algo atacable, dado que sin duda -conozco casos, créame- gentes que votaron a UP y, sobre todo, al PSOE, confiaron en las afirmaciones de Pedro Sánchez antes y durante la campaña en el sentido de que no se produciría una coalición semejante a la que ahora vuelve a perfilarse. Y también es cierto que los partidos 'de la derecha', PP, Ciudadanos y Vox, obtuvieron, entre los tres, una votación ligeramente superior a la de los partidos de la coalición, aunque lograsen menos escaños. Dejando al margen las votaciones de los nacionalistas y separatistas, así como la de las pequeñas formaciones regionales, que merecen consideración particular, el mapa español aparece profundamente dividido. Y la salida que se pergeña no parece la más adecuada para conciliar y achicar esta fractura.
Así, me cuesta creer que tres centenares de votos militantes puedan resolver, este fin de semana, careciendo de la información mínima exigible en materia de tanta trascendencia, el destino de la nación. Soy partidario de las consultas internas, de las elecciones primarias y hasta de los referéndums, siempre y cuando en todas estas manifestaciones democráticas se respete eso: la democracia, que se basa en el cumplimiento de unos mínimos requisitos y reglas. Votar es democrático, forzar, como sea, una votación puede ser todo lo contrario.
Sé que este comentario está destinado a la frustración, porque probablemente ya está todo el pescado vendido. Pero me veo forzado a decir que la solución que se está arbitrando, con la complicidad involuntaria de las fuerzas constitucionalistas, que siguen sin entenderse -que Pedro Sánchez y Pablo Casado no hayan hablado aún, básicamente, creo, por culpa del primero, resulta increíble en un país que se quiere libre, justo y demócrata--, es, definitivamente, un mal remedio para nuestros males. Nos estamos dejando en el alero demasiadas cuestiones que nos pasarán factura, vaya si nos la pasarán. La España que yo quiero no ha de estar dominada por una camarilla política al margen de los ciudadanos. Ni por una oligarquía económica. Ni, ya que estamos, por los votos de trescientos mil militantes convencidos -o no...-- que no pueden, sencillamente no pueden, constituirse en portavoces y representantes de treinta y seis millones de españoles con derecho al voto, lo ejerzan o no. Yo, esto, no lo voté, porque me aseguraron que no era esto lo que se votaba.
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