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MADRID, 24 (OTR/PRESS)En estos últimos días han aumentado las voces pidiendo a la juez que instruye el caso del ex presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, que tenga un gesto de humanidad con él y, considerando su delicado estado de salud, le deje en libertad provisional para que pueda ser trasladado a su domicilio y seguir en este con el tratamiento de una enfermedad, leucemia, que se encuentra en un estado muy avanzado.
Estos días de Navidad son muy propicios para que la citada juez tomara esa decisión. No sé si esta será la última Navidad que Zaplana pase en esta tierra, pero las personas de su entorno, familiares y amigos, cuentan que su estado físico y ánimo está en un punto muy crítico. El propio Zaplana ha manifestado recientemente que "esto es una tortura, me están torturando y rezo todos los días para morirme", lo que puede dar una idea de cómo se encuentra.
El caso del ex presidente de la Generalitat de Valencia, en prisión preventiva desde hace siete meses, no es el único que se produce debido a la lentitud de la justicia en lo que es el periodo de instrucción. Son bastantes las personas que se encuentran en la misma situación de Zaplana, aunque es evidente que la relevancia mediática de este caso por tratarse de un político que tuvo importantes responsabilidades en un pasado reciente le hace especialmente particular. Pero no son los ciudadanos los que tienen que pagar el precio añadido como consecuencia de una justicia lenta. La jueza ha argumentado hasta la fecha, para negarse a conceder la libertad provisional a Zaplana, dos motivos: el riesgo de fuga y la posibilidad de que destruya pruebas. Ni lo uno ni lo otro parece que tenga mucha base en el momento actual, teniendo en cuenta sobre todo el delicado estado de salud del político valenciano.
Hay un precedente bastante irritante de puesta en libertad de un preso que tenía una enfermedad terminal y que además cumplía condena por una sentencia firme. Me estoy refiriendo al miembro de ETA, Josu Uribetxeberría Bolinaga, que fue uno de los secuestradores-torturadores de José Antonio Ortega Lara. En el 2013, después de que el Gobierno de Rajoy gestionara la concesión del tercer grado penitenciario al citado terrorista, un juez decidió su puesta en libertad debido a un cáncer que tenía y que no fue tan terminal, ya que vivió dos años más. Pero lo hizo en su casa de Mondragón. Obvia decir que Eduardo Zaplana no es un terrorista y merecería por muchísimas razones --entre ellas el que está pendiente de juicio y por tanto todavía no es culpable de nada-- un trato por parte de la justicia al menos similar al que se dio a Bolinaga. La última palabra la tiene una juez, a la que hay que suponer un poco de humanidad.
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