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MADRID, 7 (OTR/PRESS) La yenka que ha protagonizado el Tribunal Supremo en las últimas semanas, cambiando la jurisprudencia sobre quién debe pagar los impuestos derivados de la constitución de una hipoteca, ha sido un escándalo. El tribunal ha fallado, en todas las acepciones del verbo, y ha transmitido la sensación de que la sentencia definitiva se ha dictado bajo presiones de la banca, aunque en su defensa se podría aducir que este mismo tribunal es el que tumbó hace no mucho tiempo las cláusulas suelo.
Ha dicho el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que las dudas que han suscitado este sainete provienen de la falta de claridad de la ley. Es la proclamación de una obviedad impropia de su condición, porque precisamente el tribunal que preside tiene como misión aclarar esas dudas sentando jurisprudencia después de mantener un debate coordinado y discreto, en las antípodas de lo que ha sucedido. Esta jurisprudencia puede cambiar con el paso del tiempo y con el dictado de nuevas leyes, lo que no tiene un pase es que en dos semanas el Tribunal Supremo se retracte de su propia jurisprudencia. Porque ese baile retransmitido ha afectado al descrédito de una institución que tiene en estos momentos entre sus manos asuntos trascendentales.
Ante esta decisión del Poder Judicial, el presidente del Gobierno ha reaccionado anunciando una modificación legal que cargará el pago de ese impuesto hipotecario a las entidades financieras. El cambio legal no afectará, evidentemente, a los hipotecados pasados sino a quienes se hipotequen a partir del viernes. La reacción parece impecable desde el punto de vista democrático, aunque también cabe plantearse por qué no se promovió la reforma antes, dado que el impuesto llevan pagándolo los clientes desde hace décadas. En todo caso, es un nuevo espejismo. Porque a nadie se le escapará que el impuesto que deba pagar a partir de ahora la banca por la constitución de hipotecas se repercutirá en las hipotecas. El presidente de la Asociación Española de la Banca, José María Roldán, lo dejó claro hace unos días cuando dijo que "si hay aumento de los costes habrá una reconsideración de la política comercial". Es decir, al final con jurisprudencia o con ley pagarán los mismos. En diferido, eso sí.
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