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MADRID, 8 (OTR/PRESS) Si como es previsible, la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, procede esta semana a firmar el decreto de convocatoria de elecciones en su Comunidad Autónoma para el próximo 2 de diciembre, se habrá dado el pistoletazo de salida de un auténtico maratón electoral, que tiene otra fecha fija: el 26 de mayo con elecciones europeas, municipales y autonómicas en trece Comunidades, y la incógnita de un adelanto electoral en toda España, algo que constitucionalmente está sólo en las manos del Presidente del Gobierno. Andalucía será por tanto el primer test electoral tras la moción de censura que llevó el pasado mes de junio a Sánchez a la Moncloa, gracias al apoyo de Podemos, de los partidos independentistas catalanes, del PNV y hasta de Bildu. Una moción de censura que provocó un auténtico terremoto en el PP, que se saldó con la retirada de Rajoy de la vida política y con la elección de Pablo Casado para liderar ese partido. Andalucía será, entre otras cosas, el escenario para medir la pugna en el espacio del centro-derecha entre el PP y Ciudadanos. Un espacio en el que ha irrumpido con fuerza otra formación política, Vox, que este pasado domingo protagonizó un acto multitudinario, unas 10.000 personas, en el Palacio de Vista Alegre de Madrid. Pero la gran incógnita a día de hoy sigue siendo las intenciones de Pedro Sánchez respecto a un posible adelanto de las elecciones generales, que en principio, si se agotara la legislatura, tocaría celebrarlas en junio de 2020. Si dependiera exclusivamente de la voluntad y de los deseos del Presidente del Gobierno, hay pocas dudas que agotaría ese plazo. Las razones son variadas: estar en el poder te da un plus de representatividad; tienes diferentes instrumentos para llegar más y mejor a la opinión pública.
Pero el problema es que agotar lo que queda de legislatura no depende sólo de la voluntad de Sánchez. Su patente debilidad parlamentaria -84 diputados de un total de 350- unido al tensionamiento que un día sí y otro también se ve sometido por parte de los independentistas catalanes, hace peligrar ese deseo presidencial de llegar hasta junio de 2020. La situación endiablada que se sigue viviendo en Cataluña un año después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 no es el mejor escenario para una legislatura estable, sobre todo cuando dependes para gobernar del apoyo de esos mismos que te están llevando al bordo del abismo con sus soflamas independentistas. Parece evidente que si esto siguiera así, y no hay ninguna señala que haga pensar lo contrario, lo más lógico sería que Sánchez convocara elecciones generales y fueran los ciudadanos los que tuvieran la última palabra sobre la conformación de un Gobierno que tendrá como una prioridad seguir haciendo frente a quienes desde Cataluña quieren romper España.
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