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MADRID, 27 (OTR/PRESS) Que países como Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Perú y Paraguay pidan que el Tribunal Penal Internacional investigue a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, y no hagan lo mismo por los que se están cometiendo en Nicaragua por los paramilitares del Gobierno de Daniel Ortega, demuestra que como en todo en la vida, hay dos varas de medir, incluso cuando se trata de hacer justicia.
Si más de 370 asesinatos, la mayoría de ellos estudiantes universitarios, y un número indeterminado de desaparecidos, no les parecen suficientes a los mandatarios de esos seis países, la pregunta que les haría si les tuviera frente a mí sería: ¿Cuantos más tienen que morir para que ustedes se tomen la molestia de escribir una carta al fiscal jefe del TPI, denunciando las atrocidades que Daniel Ortega está cometiendo contra su pueblo?
Estoy segura que tras ese silencio vergonzoso de la comunidad internacional, pero muy especialmente de los países de habla hispana, se esconde el poder de algunas capas sociales que sueñan con hacerse con el petróleo, con la riqueza que aún queda en Venezuela, un botín del que carece Nicaragua.
Porque la crueldad, la diáspora de los ciudadanos que huyen de Venezuela y de Nicaragua, por miedo a ser los próximo en morir, es la misma. No en número ya que el país del gran poeta Rubén Darío es mucho más pequeño y pobre que el de Venezuela.
Es cierto también que los que se enfrentan a Ortega son estudiantes, no ricos terratenientes, gente humilde que en vez de armas emplean globos con la bandera de sus país en las manifestaciones, de donde les sacan a golpes, para llevarles a cárceles o lugares de internamiento que nadie sabe donde se encuentran, y donde les dan por desaparecidos la mayoría de las veces, así, sin más. Sin que los universitarios de otros países limítrofes se movilicen pidiendo su libertad, o sus cuerpos para que sus familiares puedan darles sepultura.
Y así un día y otro, desde el pasado abril que empezaron las revueltas, las protestas por lo que parecía una medida insignificante, la bajada de las pensiones, pero que fue lo que encendió la mecha del descontento, y provocó que miles de nicaraguenses se echaran a la calle para protestar por lo que consideraban una injusticia. Protestas a las que se sumó la Iglesia Católica y algunos empresarios, no todos, porque el miedo es difícil de controlar, y porque al fin y al cabo durante años Ortega consiguió el beneplácito a sus políticas a cambio de que les asegurasen el orden y seguir invirtiendo en el país.
Acallar a los medios de comunicación libres e independientes es otro de los objetivos de Ortega y Rosario Murillo, su mujer. Nada nuevo cuando se trata de evitar que la voz del descontento llegue a rincones alejados de las ciudades, a países que por muy distintas razones siguen dándole al gobierno de Ortega, el oxigeno que necesita para vivir.
Hasta cuándo durará esta situación es difícil de predecir. Algunos creen que hasta que se celebren nuevas elecciones. Elecciones que volverá a ganar Daniel Ortega, porque no hay ningún líder en la oposición que pueda aglutinar el descontento, el miedo, de un país que ha perdido la esperanza.
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