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MADRID, 22 (OTR/PRESS)En su intento de acotar los aforamientos, más que de suprimirlos, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha metido en un nuevo lío. No cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios necesarios para reformar nada menos que la Constitución y ni siquiera sabe bien lo que quiere hacer, más allá de que no abordará la inviolabilidad del Rey. Tanto es así que pretende que sea el Consejo de Estado el que encuentre la fórmula para dicha reforma. La muestra más evidente de su confusión es que promete dejar sin fuero parlamentario los delitos de corrupción pero no aclara cómo lo hará, lo cual es un sinsentido. Puede ser buena la intención, pero lo que va trascendiendo eclipsa incluso las esperanzas de quienes ven a este Gobierno con buenos ojos.
Por alguna extraña razón, nadie quiere caer en la cuenta de que, tal y como se plantea en España la supresión de los aforamientos, se deja en muy mal lugar a la cúpula de la Justicia. Se supone que si las altas magistraturas hicieran su papel con absoluta independencia --sin tener en cuenta los apoyos políticos para llegar a la cima--, nadie cuestionaría los aforamientos. Si se cuestionan es porque hay dudas del mecanismo que permite a los políticos nombrar a los consejeros que nombran a quienes les van a juzgar como aforados. Ahí está la clave.
En un país donde todos nos hemos acostumbrado a etiquetar a los jueces como conservadores y progresistas, no por ser conservadores y progresistas sino por la proximidad que eso supone a ciertos partidos, el ambiente tenía que terminar por ser irrespirable. ¿Quiere eso decir que todos los jueces hacen lo que les sugieren? No, pero se ha llegado a un punto en el que se ha perdido la confianza en los políticos y en los jueces. También en los periodistas, que todo hay que decirlo.
La salida a todo este embrollo plagado de injusticias exige, obviamente, un consenso similar al que se alcanzó para hacer la Constitución. Entonces hubo que desmontar la justicia franquista, propia de una dictadura, para adoptar un nuevo modelo que con el paso de los años se ha deteriorado. No hay ninguna razón para pensar que esta crisis de la justicia española no tiene arreglo, ya que la mayoría de los jueces son independientes y demócratas. Lo que hay que arreglar es lo que sucede en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo, en la Fiscalía General del Estado y en instancias territoriales de la fiscalía y de la propia justicia.
La solución, por tanto, no pasa solo por suprimir los aforamientos, sino por democratizar y profesionalizar la cúpula de la justicia. Más allá de esos niveles, lo que faltan son medios, pero en España no hay corrupción judicial a gran escala. Propósitos tan nobles y ambiciosos aconsejan consensos que en este caso no parecen posibles sin que antes haya unas elecciones generales.
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