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MADRID, (OTR/PRESS)En los últimos días, la situación política en nuestro país se ha complicado de tal forma, que si nuestra democracia, nuestros líderes políticos -empezando por el presidente del Gobierno- tuvieran una actitud responsable y quisieran estar a la altura de las circunstancias, lo que harían sería dar la palabra a los ciudadanos; es decir, permitir que hubiera en un plazo razonable de tiempo -por ejemplo, a la vuelta del verano- unas elecciones que al menos propiciaran conocer cuál es la voluntad popular y a partir de ahí intentar salir del bucle en el que ahora nos encontramos.
Constitucionalmente, la potestad de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones corresponde exclusivamente al Presidente del Gobierno. Parece evidente, a tenor de lo manifestado por el propio Rajoy, que entre sus planes a corto plazo no está ejercer esa potestad. El sigue enrocado en la Moncloa, tras una sentencia judicial demoledora para su partido en una de las piezas del conocido como Caso Gürtel; con un ex presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia y exministro de los gobiernos de Aznar, Eduardo Zaplana, en la cárcel; con una ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se tuvo que ir a su casa hace un mes por el famoso vídeo de los botes de crema y las posibles irregularidades en el máster; y con varios juicios pendientes de sentencia sobre otros casos de corrupción.
Ante esta situación, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, presentó el pasado viernes una moción de censura, que si bien se puede entender que tiene motivos más que sobrados para hacerlo, necesita para salir adelante -una vez que Ciudadanos ha dejado claro que esa no es la solución- del apoyo, aparte de Podemos, de los partidos independentistas de Cataluña, del PNV y del brazo político de ETA, Bildu. Nada más y nada menos. Unos apoyos que, aunque el PSOE se empeñe en decir que no negociará nada, requerirán de unas contrapartidas que ya están siendo explicitadas por algunos de esos posibles socios de la moción. Desde la libertad de los políticos catalanes que están en prisión por el proceso independentista, hasta la reformulación del marco constitucional en la dirección de los intereses de los partidos nacionalistas.
Como la situación es literalmente endemoniada, si Rajoy sigue empeñado en continuar en la Moncloa y no convocar elecciones, la solución más sensata sería que los tres partidos de ámbito nacional que están en la oposición -PSOE, Podemos y Ciudadanos- pacten la forma de relevar al actual presidente del Gobierno y que a continuación el nuevo presidente elegido convoque en un plazo muy corto de tiempo esas elecciones que le permita a la ciudadanía decir la última palabra. No sólo es lo más sensato, sino también lo más democrático.
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