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MADRID, 12 (OTR/PRESS) El proceso de investidura del nuevo Presidente de la Generalitat de Cataluña tras las elecciones del pasado 21 de diciembre está superando con creces todas las previsiones que se hubieran podido hacer en términos de esperpento, ofensa a las Instituciones y tomadura de pelo a los propios catalanes, que son los más directamente afectados por lo que está sucediendo.
El Estado de Derecho tendría que actuar con toda contundencia para evitar este aquelarre. No es posible que un prófugo de la justicia como es Carles Puigdemont traiga en jaque durante meses no solamente a los suyos, sino a las Instituciones del Estado y de Cataluña. Hoy todavía no hay gobierno en esta Comunidad Autónoma porque el señor Puigdemont vive en una ensoñación tal que le lleva a anteponer su interés personal al de toda una sociedad. Es cierto que no es el único culpable de lo que está sucediendo, porque los partidos independentistas tampoco le van a la zaga en cuanto a su contribución a este espectáculo nada edificante. Por no hablar del nuevo Presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que al igual que su antecesora, Carmen Forcadell, está demostrando que en lugar de ser el Presidente de todos los diputados, independentistas o no, está ahí para favorecer la estrategia de los suyos, sin importarle lo más mínimo el desprestigio al que está sometiendo a la Institución que preside.
Es evidente que Puigdemont no puede ser investido Presidente de la Generalitat. El Tribunal Constitucional lo dejó claro: para ser investido tendría que estar presente físicamente en el Pleno de la Cámara catalana que llevara a cabo tal investidura y además debería contar previamente con el permiso del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para acudir a dicha Sesión. Esto no va a suceder, porque si Puigdemont pusiera un pie en España, sería detenido por la Guardia Civil y conducido ante la presencia del juez que muy probablemente decretaría, de forma preventiva, su ingreso en prisión. Puigdemont, en lugar de aceptar que su futuro judicial es muy negro, y renunciar por tanto a la investidura, sigue empeñado erre que erre en que él es el quien tiene que ser elegido Presidente de la Generalitat, aunque tenga que ejercer ese cargo desde Bruselas. Toda una locura.
Es de desear que la justicia siga actuando y que lo haga de forma rápida. Es más que probable que en el plazo de dos meses, todos los imputados en el proceso secesionista sean inhabilitados para ejercer un cargo público. Y que además, en el caso de Puigdemont, se vuelva a activar la euroorden de búsqueda y captura, por lo que después de un proceso complicado con Bélgica, pueda ser entregado a España y empezar a enfrentarse con los graves delitos de los que se le acusa. Eso es lo que probablemente pasará, pero mientras tanto, el espectáculo que están dando los Puigdemont y compañía es de auténtica vergüenza.
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