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MADRID (OTR/PRESS)El problema de este referéndum catalán -otra cosa sería uno legal- no es solo que sea inconstitucional, sino que no es democrático. Como advierte Josep María Castellà Andreu, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y miembro de la Comisión de Venecia -órgano consultivo del Consejo de Europa-, el uso de consultas directas debe ser permitido solo donde está previsto por la Constitución o una ley en conformidad con ella. En realidad, son muchos más los argumentos que prueban que esta consulta carece de bases democráticas, en el fondo y en la forma, pero eso es algo que no todos los partidos asumen, empezando por los independentistas. También hay confusión entre los comunes.
Ahora bien, el barullo que rodea el 1-O es grande, hasta el punto de que ni siquiera todos los convocantes -y no digamos todos los partidos- están de acuerdo sobre el significado del propio referéndum. Pero si hay urnas -algo que el Gobierno español quiere evitar- parece asegurada la declaración de independencia de JxSí y la CUP, ya que los organizadores parten de que incluso con una participación del 20 por ciento los resultados serán válidos y se deberán aplicar. Otra cosa, claro, es que haya independencia.
¿Entonces no hay riesgo de independencia en Cataluña sobre bases ilegales e inconstitucionales? Sobre el papel no debería haberlo, pero hay países -Turquía, Rusia, Venezuela y varios estados africanos y asiáticos- donde también se pusieron urnas ilegales que surtieron efectos políticos. Por tanto, algún riesgo sí que puede haber, por extraño que parezca en un país democrático, miembro de la Unión Europea.
En buena lógica, el verdadero riesgo es otro: la división política de los catalanes y su deriva tras el 1-O. Si fracasa el referéndum -y la opción de la independencia-, se supone que habrá elecciones autonómicas en un clima de alta tensión, cuyo resultado podría complicar más las cosas para los intereses generales del Estado. Solo el diálogo político puede encauzar el fondo del problema y solo un discurso del Estado en clave catalana puede dar una alternativa convincente. La Constitución del 78 y el propio Estado de derecho pueden ser útiles para frenar el 1-O pero en algún momento tendrán que aflorar estadistas capaces de dar salida a este grave problema político que se vive en Cataluña.
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