Cada año el Boletín Oficial del Estado publica más de 15.000 disposiciones de carácter general a las que hay que añadir las que aprueban cada una de las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y cualquier ente que esté dotado de facultades para obligar a los españoles a cumplir normas y más normas.

Como normalmente las normas que dan lugar a más normas parten de los que se sientan en el Congreso, gobierno y diputados, habría que pedir que hagan el esfuerzo de no seguir aprobando disposiciones sino que empleen su tiempo en aligerarnos de tantas obligaciones, dejando sin efecto todas las que no sirven o no aportan nada que beneficie al bien común.

Hay quien dice que cuanto más corrupto es el entramado político, más se legisla, más leyes se imponen a los ciudadanos, aunque la cosa viene de lejos pues los romanos dijeron algo parecido sobre la corrupción de la república y la abundancia de leyes.

Aunque cada grupo político que promueve una ley dice que es necesaria, lo cierto es que más que buscar el bien común de lo que se trata es de combatir a los adversarios, imponerles su ideario, a menudo, desde el rencor histórico, por falso que sea, por el morbo revolucionario, por el enfrentamiento de liderazgos o por creerse en posesión de una superioridad moral más que discutible.

Los españoles acudimos a votar pensando, más bien equivocadamente, que vamos a elegir a los nuestros, a los que van a cumplir un programa maravilloso. Luego viene la desilusión: del programa nunca más se supo, ni por parte de los que se sientan en la Moncloa como de los que se sientan en la Carrera de San Jerónimo y una y otra vez seguimos votando a los mismos, a esos que solo están de acuerdo para subirse el sueldo.

Pero lo mismo que pasa a nivel nacional pasa en cada autonomía. En los ayuntamientos todavía se nota más. Rara es la corporación municipal en la que vayan todos a una buscando el beneficio de todos sus paisanos y no de parte de ellos ¿o no?

Ahora se habla mucho de que la soberanía reside en todo el pueblo. Si fuera verdad el pueblo soberano tendría que pedir cuenta de todo lo que se hace mal y tenemos que pagarlo entre todos, de todas las mermas de nuestra libertad, del laberinto legislativo que tiene que sortear cualquiera que quiere crear una empresa, etc. etc. Parece que todas las responsabilidades políticas se dirimen en las siguientes elecciones pero que pierdan o ganen algo, medido en porcentajes o escaños no tiene que significar que la responsabilidad con los españoles ha quedado saldada.

Los malos gestores de la cosa pública, los que tienen por objetivo enfrentarnos con mentiras, los que nunca trabajaron y llevan años y años viviendo del cargo, los que quieren imponernos determinada ideología o determinado tipo de educación, los que nos amenazan con sanciones por pensar de otra manera… tendrían que ser expulsados definitivamente del escenario político.

Si solo es posible hacerlo a través de las elecciones tengámoslo en cuenta, por favor, cuando lleguen las próximas.