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El castillo de naipes de Puigdemont y sus esbirros, empieza a derrumbarse

La Justicia golpea a la cúpula del independentismo catalán

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Afortunadamente, la Justicia no entiende de combinaciones políticas, se frena por consideraciones circunstanciales o sufre por miedos o mojigaterías, originados por el temor de que, las consecuencias de su aplicación afecten, en mayor o menor medida a los reos de más elevada condición o a los culpables de mayor influencia porque, cuando los delitos cometidos por cualquier ciudadano, sea cual fuere su condición social, su alcurnia, su poder o su riqueza, son merecedores de una pena establecida en el CP español, esta es aplicada por los jueces o magistrados encargados de imponerla, sin que importe el mayor o menor efecto que pueda tener en la ciudadanía o las consecuencias más o menos graves que se pudieran derivar para la comunidad de la que se trate. Por esto es tan importante la decisión de la jueza Lamela, de la Audiencia Nacional, por la que ha decidido enviar a prisión preventiva, sin posibilidad de fianza, a los miembros del Gobern de Cataluña (8 de ellos). Al parecer todos ellos, menos Santi Vila, que presentó su dimisión antes de que el Parlament proclamara la independencia y que se ha prestado a contestar a todas las preguntas que se le han formulado en los 45 minutos que ha durado su comparecencia; se han negado a colaborar y sólo han contestado a las preguntas de su defensa, bajo la consigna de: brevedad y defensa del mandato de las urnas ( la pretendida democracia a la carta, exhibida como excusa y justificación de todo este llamado proceso independentista).

Se puede decir que, aunque es de prever que los afectados y todos los defensores del camino hacia la independencia de la comunidad catalana, van a intentar ensombrecer la acción de la Justicia con alegaciones de presunta concomitancia entre el Ejecutivo y el Judicial; lo cierto es que nunca se había visto con más claridad la independencia de ambos poderes que, si bien han actuado cada uno de ellos de acuerdo con el mandato constitucional, es obvio que, en ningún caso, ninguno de ellos ha interferido la competencia del otro. Lo cierto es que la jueza Lamela no se ha andado por las ramas y, ante las pretensiones de obstrucción de los comparecientes, con la evidente intención de poner obstáculos a la acción judicial, ha respondido con una contundente decisión, accediendo a las peticiones de los fiscales de enviarlos a todos, menos a Santi Vila, a la prisión sin posibilidad de abandonarla con el pago de una fianza, oportunidad que sí se le ha dado a Vila, si aporta los 50.000 euros para cubrir la garantía que se le exige.

Podemos hablar, sin temor a equivocarnos, de que, en este largo contencioso entre el Estado español y los independentistas catalanes, por primera vez en todo este desgraciado proceso, el Estado de derecho se ha adelantado a los que han venido infringiendo la ley durante años, siempre saliendo indemnes de sus delitos, aunque los actos que han venido cometiendo, en su mayor parte, han sido merecedores de ser sancionados por ir en contra del ordenamiento jurídico vigente y, en no pocas ocasiones, constituyendo flagrantes ataques directos a la Constitución de 1978. Ni que decir tiene que, sobre esta fulminante actuación de la jueza de la AN, ha tenido una influencia decisiva la cobardía del señor Carles Puigdemont que, para eludir a la Justicia, se exilió voluntariamente a Bruselas y se buscó cobertura legal en aquel país, precisamente para evitar el ser detenido en función de la gravedad de los delitos que pesan sobre él, sin poner mientes en que, con semejante comportamiento, al menos la mayoría así lo entiende, ha dejado a todos sus colaboradores a las pies de los caballos de la Justicia española.

En todo caso, tal y como pasó con el final de la Guerra Civil española, cuando el Ejército nacional, el 26 de Enero de 1939 entraba en Barcelona sin resistencia, se ha visto como este gran bluf, llevado a cabo por Mas, Puigdemont, Junqueras, Romeva y los máximos dirigentes de la ANC y el Omnium, los señores Sánchez y Cuixart, se está deshinchando como un globo agujereado en base a un cálculo equivocado sobre la realidad de la potencia del Estado español; el desconocimiento de la reacción de los países europeos que, por unanimidad, se han negado a reconocer este simulacro descafeinado de república catalana; el poco entusiasmo del pueblo catalán, debido al gran error cometido el mismo día en el que Puigdemont hizo un simulacro de declarar una independencia que, a los pocos segundos, dejaba sin efecto debido a una jugada absurda, que pretendía ser astuta, de declararla suspendida por un plazo de seis meses, con el objetivo absurdo de intentar conseguir otro plazo adicional que les permitiese poner en orden su galimatías interno con el propósito de buscar una salida negociada con el Gobierno de España.

Contradiciéndose a ellos mismos y agarrándose a la única salida que ahora parece quedarles, parecen aceptar el concurrir a unas elecciones, las del 21 de diciembre de este 2017, que ha convocado el propio Estado español, aquel del que han estado renegando durante años y del que se negaban a cumplir sus leyes y las sentencias de sus tribunales de Justicia. El fanatismo de una parte de la ciudadanía catalana, los intereses de Podemos de mantener vivos los rescoldos del ramalazo independentista que han estado incentivando, con la intención de desestabilizar el país y la situación en la que se ha colocado la señora Colau, esta gran “estratega” que ha querido aparentar ser tan lista que ahora se encuentra en terreno de nadie, una pata con los separatistas y otra con los comunistas, en una situación que, como se descuide un poco, puede dejarla atrapada en el cepo de su propia incapacidad; teniendo en cuenta que, por si le faltaran problemas, existe una escisión entre los podemitas catalanes, dirigida por un sujeto, conocido como Albano Dante Fachín, que parece que puede obstaculizar todo intento de pacto entre la Colau y Podemos; lo cual puede que pudiera acabar con unos malos resultados para esta señora, Ada Colau, que se vio en la alcaldía de la ciudad condal de sopetón y que ha sido, como era de esperar, una de las peores cosas que le podrían ocurrir a la población de Barcelona, amenazada en convertirse en una de las ciudades, como Madrid, en las que el comunismo imponga sus reglas.

No obstante, parece que el TS no ha tenido tanta prisa en el caso de los interrogatorios de la señora Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña y los miembros de la Mesa, que permitieron que se llevara a cabo la votación la resolución proclamadora de la independencia. Parece ser que, el magistrado Pablo Larena, ha decidido suspender los interrogatorios hasta el jueves 9 a petición de la defensa. Cuesta creer que, a estas alturas, los letrados defensores de los miembros del Parlament catalán precisen tiempo para “meditar de manera más pausada” su defensa ¡cómo si todo lo que ha pasado durante esto últimos meses no hubiera sido lo suficientemente grave para que, quienes han incurrido en semejantes irregularidades y los letrados ( suponemos que separatistas como ellos) no hubieran dispuesto de todo el tiempo del mundo para estudiar su defensa y buscar los entresijos legales, si es que los hay, para procurar sacar del atolladero en el que se han metido a sus defendidos. Mal se lo ponemos, aunque dispongan de unos días más para intentarlo.

Queda el caso del señor Puigdemont, que hoy tenía que presentarse con sus compañeros del gobierno catalán ante la jueza de la AN y no lo ha hecho, permaneciendo en Bélgica, como dice él “para observar lo que ocurre en Cataluña”. Su cinismo y su fanatismo le impiden entender que no depende de él el presentarse o no ante una citación de la jueza de la AN, para que comparezca ante ella. Esperamos que los jueces no se retrasen en dictar una euroorden de retención y entrega para reclamar el traslado, previa detención, del señor Carles Puigdemont a España para que pueda comparecer ante el tribunal que lo ha citado a declarar. Así y todo, es un procedimiento lento que puede durar 90 días o más, según sea la predisposición de la magistratura belga en solucionar este tema. No nos olvidemos que hay unas elecciones en breve y que su ausencia puede influir de una manera decisiva en lo que se pueda cocer respecto a futuras coaliciones o lo que se viene rumoreando: la creación de una especie de Frente Popular en el que se aglutinen todos los partidos comunistas y separatistas que son favorables a convertir Cataluña en una sucursal de la Venezuela de Maduro.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, pensamos que el Gobierno debe permanecer más atento que nunca a este juego que están llevando a cabo los partidarios de sacar al PP y al señor Rajoy del Gobierno; algo que, en estos momentos, supondría, si se llegase a producir, una de las catástrofes mayores que le podrían ocurrir a Cataluña y, por ende, a España entera. Es el momento en que, todos los partidos constitucionalistas, se olviden de sus intereses partidistas, de sus rencillas, de sus conveniencias electorales y de todo aquello que los pudiera separar, para estudiar de una manera seria su estrategia ante el peligro de que, estas elecciones, a juicio de muchos convocadas con excesiva anticipación, pudieran acabar siendo la salvación de todos estos antisistema y separatistas si, como pudiera ocurrir, consiguen sacar una mayoría que les permita argumentar que, el pueblo catalán, está a favor de la independencia. Convendría dejar muy claro que, las elecciones son autonómicas y que, los resultados de las urnas, por muy mayoritarios que fueran, a favor de las izquierdas independentistas, no tendrían nada que ver con respecto a que, Cataluña, continuaría siendo una autonomía de España y nunca podrían servir de aval para insistir sobre el tema independentista. Para luego es tarde.

La Justicia golpea a la cúpula del independentismo catalán

El castillo de naipes de Puigdemont y sus esbirros, empieza a derrumbarse
Miguel Massanet
viernes, 3 de noviembre de 2017, 07:54 h (CET)
Afortunadamente, la Justicia no entiende de combinaciones políticas, se frena por consideraciones circunstanciales o sufre por miedos o mojigaterías, originados por el temor de que, las consecuencias de su aplicación afecten, en mayor o menor medida a los reos de más elevada condición o a los culpables de mayor influencia porque, cuando los delitos cometidos por cualquier ciudadano, sea cual fuere su condición social, su alcurnia, su poder o su riqueza, son merecedores de una pena establecida en el CP español, esta es aplicada por los jueces o magistrados encargados de imponerla, sin que importe el mayor o menor efecto que pueda tener en la ciudadanía o las consecuencias más o menos graves que se pudieran derivar para la comunidad de la que se trate. Por esto es tan importante la decisión de la jueza Lamela, de la Audiencia Nacional, por la que ha decidido enviar a prisión preventiva, sin posibilidad de fianza, a los miembros del Gobern de Cataluña (8 de ellos). Al parecer todos ellos, menos Santi Vila, que presentó su dimisión antes de que el Parlament proclamara la independencia y que se ha prestado a contestar a todas las preguntas que se le han formulado en los 45 minutos que ha durado su comparecencia; se han negado a colaborar y sólo han contestado a las preguntas de su defensa, bajo la consigna de: brevedad y defensa del mandato de las urnas ( la pretendida democracia a la carta, exhibida como excusa y justificación de todo este llamado proceso independentista).

Se puede decir que, aunque es de prever que los afectados y todos los defensores del camino hacia la independencia de la comunidad catalana, van a intentar ensombrecer la acción de la Justicia con alegaciones de presunta concomitancia entre el Ejecutivo y el Judicial; lo cierto es que nunca se había visto con más claridad la independencia de ambos poderes que, si bien han actuado cada uno de ellos de acuerdo con el mandato constitucional, es obvio que, en ningún caso, ninguno de ellos ha interferido la competencia del otro. Lo cierto es que la jueza Lamela no se ha andado por las ramas y, ante las pretensiones de obstrucción de los comparecientes, con la evidente intención de poner obstáculos a la acción judicial, ha respondido con una contundente decisión, accediendo a las peticiones de los fiscales de enviarlos a todos, menos a Santi Vila, a la prisión sin posibilidad de abandonarla con el pago de una fianza, oportunidad que sí se le ha dado a Vila, si aporta los 50.000 euros para cubrir la garantía que se le exige.

Podemos hablar, sin temor a equivocarnos, de que, en este largo contencioso entre el Estado español y los independentistas catalanes, por primera vez en todo este desgraciado proceso, el Estado de derecho se ha adelantado a los que han venido infringiendo la ley durante años, siempre saliendo indemnes de sus delitos, aunque los actos que han venido cometiendo, en su mayor parte, han sido merecedores de ser sancionados por ir en contra del ordenamiento jurídico vigente y, en no pocas ocasiones, constituyendo flagrantes ataques directos a la Constitución de 1978. Ni que decir tiene que, sobre esta fulminante actuación de la jueza de la AN, ha tenido una influencia decisiva la cobardía del señor Carles Puigdemont que, para eludir a la Justicia, se exilió voluntariamente a Bruselas y se buscó cobertura legal en aquel país, precisamente para evitar el ser detenido en función de la gravedad de los delitos que pesan sobre él, sin poner mientes en que, con semejante comportamiento, al menos la mayoría así lo entiende, ha dejado a todos sus colaboradores a las pies de los caballos de la Justicia española.

En todo caso, tal y como pasó con el final de la Guerra Civil española, cuando el Ejército nacional, el 26 de Enero de 1939 entraba en Barcelona sin resistencia, se ha visto como este gran bluf, llevado a cabo por Mas, Puigdemont, Junqueras, Romeva y los máximos dirigentes de la ANC y el Omnium, los señores Sánchez y Cuixart, se está deshinchando como un globo agujereado en base a un cálculo equivocado sobre la realidad de la potencia del Estado español; el desconocimiento de la reacción de los países europeos que, por unanimidad, se han negado a reconocer este simulacro descafeinado de república catalana; el poco entusiasmo del pueblo catalán, debido al gran error cometido el mismo día en el que Puigdemont hizo un simulacro de declarar una independencia que, a los pocos segundos, dejaba sin efecto debido a una jugada absurda, que pretendía ser astuta, de declararla suspendida por un plazo de seis meses, con el objetivo absurdo de intentar conseguir otro plazo adicional que les permitiese poner en orden su galimatías interno con el propósito de buscar una salida negociada con el Gobierno de España.

Contradiciéndose a ellos mismos y agarrándose a la única salida que ahora parece quedarles, parecen aceptar el concurrir a unas elecciones, las del 21 de diciembre de este 2017, que ha convocado el propio Estado español, aquel del que han estado renegando durante años y del que se negaban a cumplir sus leyes y las sentencias de sus tribunales de Justicia. El fanatismo de una parte de la ciudadanía catalana, los intereses de Podemos de mantener vivos los rescoldos del ramalazo independentista que han estado incentivando, con la intención de desestabilizar el país y la situación en la que se ha colocado la señora Colau, esta gran “estratega” que ha querido aparentar ser tan lista que ahora se encuentra en terreno de nadie, una pata con los separatistas y otra con los comunistas, en una situación que, como se descuide un poco, puede dejarla atrapada en el cepo de su propia incapacidad; teniendo en cuenta que, por si le faltaran problemas, existe una escisión entre los podemitas catalanes, dirigida por un sujeto, conocido como Albano Dante Fachín, que parece que puede obstaculizar todo intento de pacto entre la Colau y Podemos; lo cual puede que pudiera acabar con unos malos resultados para esta señora, Ada Colau, que se vio en la alcaldía de la ciudad condal de sopetón y que ha sido, como era de esperar, una de las peores cosas que le podrían ocurrir a la población de Barcelona, amenazada en convertirse en una de las ciudades, como Madrid, en las que el comunismo imponga sus reglas.

No obstante, parece que el TS no ha tenido tanta prisa en el caso de los interrogatorios de la señora Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña y los miembros de la Mesa, que permitieron que se llevara a cabo la votación la resolución proclamadora de la independencia. Parece ser que, el magistrado Pablo Larena, ha decidido suspender los interrogatorios hasta el jueves 9 a petición de la defensa. Cuesta creer que, a estas alturas, los letrados defensores de los miembros del Parlament catalán precisen tiempo para “meditar de manera más pausada” su defensa ¡cómo si todo lo que ha pasado durante esto últimos meses no hubiera sido lo suficientemente grave para que, quienes han incurrido en semejantes irregularidades y los letrados ( suponemos que separatistas como ellos) no hubieran dispuesto de todo el tiempo del mundo para estudiar su defensa y buscar los entresijos legales, si es que los hay, para procurar sacar del atolladero en el que se han metido a sus defendidos. Mal se lo ponemos, aunque dispongan de unos días más para intentarlo.

Queda el caso del señor Puigdemont, que hoy tenía que presentarse con sus compañeros del gobierno catalán ante la jueza de la AN y no lo ha hecho, permaneciendo en Bélgica, como dice él “para observar lo que ocurre en Cataluña”. Su cinismo y su fanatismo le impiden entender que no depende de él el presentarse o no ante una citación de la jueza de la AN, para que comparezca ante ella. Esperamos que los jueces no se retrasen en dictar una euroorden de retención y entrega para reclamar el traslado, previa detención, del señor Carles Puigdemont a España para que pueda comparecer ante el tribunal que lo ha citado a declarar. Así y todo, es un procedimiento lento que puede durar 90 días o más, según sea la predisposición de la magistratura belga en solucionar este tema. No nos olvidemos que hay unas elecciones en breve y que su ausencia puede influir de una manera decisiva en lo que se pueda cocer respecto a futuras coaliciones o lo que se viene rumoreando: la creación de una especie de Frente Popular en el que se aglutinen todos los partidos comunistas y separatistas que son favorables a convertir Cataluña en una sucursal de la Venezuela de Maduro.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, pensamos que el Gobierno debe permanecer más atento que nunca a este juego que están llevando a cabo los partidarios de sacar al PP y al señor Rajoy del Gobierno; algo que, en estos momentos, supondría, si se llegase a producir, una de las catástrofes mayores que le podrían ocurrir a Cataluña y, por ende, a España entera. Es el momento en que, todos los partidos constitucionalistas, se olviden de sus intereses partidistas, de sus rencillas, de sus conveniencias electorales y de todo aquello que los pudiera separar, para estudiar de una manera seria su estrategia ante el peligro de que, estas elecciones, a juicio de muchos convocadas con excesiva anticipación, pudieran acabar siendo la salvación de todos estos antisistema y separatistas si, como pudiera ocurrir, consiguen sacar una mayoría que les permita argumentar que, el pueblo catalán, está a favor de la independencia. Convendría dejar muy claro que, las elecciones son autonómicas y que, los resultados de las urnas, por muy mayoritarios que fueran, a favor de las izquierdas independentistas, no tendrían nada que ver con respecto a que, Cataluña, continuaría siendo una autonomía de España y nunca podrían servir de aval para insistir sobre el tema independentista. Para luego es tarde.

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