En el asunto catalán el primer ministro español ha demostrado ignorar el aforismo latino “divide et impera” (dividir para reinar), un político con una larga militancia tendría que tener un buen conocimiento de la historia y de las prácticas del buen gobierno para actuar en la manera más provechosa, en cambio el presidente del PP no sólo no ha llegado a romper la facción de los independentistas en piezas controlables y con menos energía, sino también, con una férrea intervención policial, ha producido una oposición aún más contundente hasta en aquellos ciudadanos favorables a la ampliación del proceso autonomista pero en contra de la secesión de la región. Cualquier represión de una manifestación pacifica y democrática es siempre un acto deplorable, incluso cuando cumple sus obligaciones en el marco de la Constitución (art. 155, CE: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.”), visto que hay otra ley, la única que parecía ser una conquista inderogable – encarnando el fundamento del estado de derecho y la nacida del parlamentarismo europeo moderno (a partir desde finales del siglo XIX) – que afirma que la soberanía reside en el pueblo (art. 1, CE: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”).

Tal vez a Mariano Rajoy, dada la fragilidad y la condescendencia de las minorías en el Congreso de los Diputados, se le dio el antojo de actuar como un monarca, un Julio César sin cabeza o un Napoleón enfurecido, desconociendo que para convertirse en emperador no se necesita ejercer un poder subyugador, por el contrario, un resultado satisfactorio se consigue al proporcionarles a los disidentes beneficios y privilegios, de esa manera, se convierten en aliados capaces de fomentar controversias dentro del frente rival permitiendo deteriorarlo hasta apagar la rebelión. Es una estrategia que al producir una dependencia institucional y económica casi siempre logra cortar la conexión entre la mente, las élites de la sublevación, y el cuerpo, las masas, y restablece el orden constituido prescindiendo de la sensatez de sus razones políticas, éticas y jurídicas. La jugada sofista que el líder popular escogió no le salió bien, en la pregunta dirigida al presidente de la Generalidad de Cataluña – “Ha proclamado o no la independencia de la región” – había una clara trampa, que desvela como nunca el gobierno tuvo la voluntad de arrancar el dialogo, ya que poniendo como pre-condición la refutación de la DUI o su aclaración, tenía como intento de que se sentara a la mesa de negociación un representante debilitado. De hecho, si Carles Puigdemont hubiera contestado afirmativamente, se le habría dado al gobierno la justificación para proceder con su incriminación (el aludido art. 155, CE) incluso promoviendo la intervención de las Fuerza Armadas para defender la integridad territorial (art.8, ap.1, CE), y a la fiscalía la prueba irrefutable para aplicar el art. 545, ap. 1, CP por reato de sedición (Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.) o, aún peor, también el art. 472, CP, o sea delito de rebelión, y así empezar un proceso penal con una acusación formal, en cambio, de haber respondido negativamente, el máximo exponente del consejo ejecutivo no hubiera salvado la cara frente a los sostenedores independentistas. En ambos casos le quitarían el liderazgo del movimiento empujándole fuera de la escena política.

Puigdemont se ha demostrado más ladino que su adversario, el silencio le ha consentido quedarse al mando del movimiento por la independencia conservando su reputación, de otra parte, ha sido la misma maniobra que utilizó declarando la DUI (declaración unilateral de independencia) diferida, es decir, intentar seguir en el cargo y a la vez dejar abierto el canal de comunicación con el ejecutivo español. Desde el principio, estuvo claro que los dos contendientes tuvieron objetivos inconciliables, el presidente de la Generalidad quería ganar semanas para elaborar alguna formula que permitiera alcanzar un acuerdo ventajoso y planificar una salida del punto muerto (en eso hay que comprender la presencia de posiciones ultrancistas y moderadas entre sus sostenedores), mientras que a Rajoy sólo le interesaba acortar los tiempos para destituir el legitimo gobierno autonómico y entretanto, durante seis meses o tal vez un año, entrelazar relaciones, también clientelares, con los principales representantes de la sociedad civil y del entorno económico local, arrebatando consensos a las formaciones independentistas (ERC, PDEcat, CUP y CeC) para trasladarlos hacia los partidos nacionales (PP, PSC y Ciudadanos). La intransigencia de los dos bandos no podía que resolverse en la DUI oficial del Parlamento Catalán del 27 de octubre – también esta vez con la astucia de no involucrar directamente el ejecutivo de la Generalidad y con votación secreta de algo más de la mitad de los diputados (70 sobre 135) para evitar su identificación por parte de la Fiscalía y el Tribunal Constitucional – y la contemporánea proclamación gubernamental de nuevos fulminantes comicios, el 21 de diciembre, que es el precio que Rajoy tuvo que pagar al PSOE y a Ciudadanos a cambio de su respaldo a la aprobación del artículo 155 por parte del Senado, adoptando medidas suavizadas para que no se profundizara la crisis institucional y se provocara un desmoronamiento de la así llamada unidad constitucionalista, que se presenta cada vez más como un proyecto transformista, puesto que Albert Rivera y Pedro Sanchez son dos caras de la misma moneda. El primero representa el nuevismo, una tendencia que el sistema político genera cuando agotados sus tradicionales recursos de retorica, baraja las cartas y sale al proscenio con una neo-formación encabezada por jóvenes bien parecidos y un lenguaje fresco y coloquial, que se encarga de neutralizar o controlar el caos social con una propuesta programática que es más forma que sustancia, el segundo, protagonista inamovible del PSOE a pesar de las seguidillas de derrotas sufridas (no ha ganado ni una elección general, perdiendo en 2015 y 2016 como secretario del partido aspirante a la presidencia del gobierno, ni como candidato al Congreso de los Diputados en las elecciones de 2008 y 2011), es el símbolo de lo que encarnan actualmente las agrupaciones, tradicionales y ex-comunistas, de la familia socialista europea, unos partidos de plastilina capaces de amoldarse a la plataforma de sus antagonistas neoliberales sin ningún escrúpulo moral, y por si fuera poco, más radicales de los seguidores de los Chicago boys, al punto que cuando gobiernan elaboran reformas que acentúan la precariedad del trabajo, los recortes sociales y la concentración oligopólica en los mercados, no es un caso que traicionando su herencia ideológica la izquierda se encuentra en apuros en toda la UE.

El plan de dominación de la UE
Considerar Cataluña como un tema local o una perturbación confinada dentro del espacio de la política española, significa no comprender el malestar que vive el viejo continente, en que el descontento social puede estallar en muchos territorialismos susceptibles de generar grietas en la frágil construcción europea. La manera en que Tusk, Juncker y Tajani, entre otros, han enfrentando el acontecimiento, demuestra la ceguera de esos burócratas, que se han limitado a afirmar que el único interlocutor de la UE sigue siendo España, mientras tanto ni una palabra sobre las violencias y detenciones que se han llevado a cabo en estos días. Ver a ancianos pateados y arrastrados por el suelo, mujeres agarradas por el pelo y azotadas de manera brutal y cabezas sangrantes de pacíficos manifestantes, fue un espectáculo indigno para un estado que pertenece a las democracias occidentales, todo eso para que se impidiera la expresión de un voto libre aunque sobre un tema constitucionalmente ilegal. Es evidente que casi ninguna constitución, excepto la de Liechtenstein y de otros pocos países, prevé una alteración – lesión , disminución y mutilación – de la integridad territorial del estado que la aprobó, sería un contrasentido igual que un hombre, en perfectas condiciones físicas y mentales, consintiera en dejarse amputar una pierna o un brazo, pero lo que se presenta como precepto incuestionable contra cualquier forma de autodeterminación, es unicamente un dogma jurídico, una proposición o verdad que se tiene por principio innegable y no como consecuencia de una efectividad científica, admitiendo su existencia, visto que el filósofo Karl Popper, al demostrar que todos los enunciados epistemológicos pueden aceptarse solo provisionalmente – certezas que tienes fechas de caducidad como el yogur – ha sembrado razonables dudas sobre el argumento (Falsacionismo).

Los que a comenzar de Rajoy basan su teoría sobre el dictado constitucional para fustigar las aspiraciones de auto-gobierno, profesan una legitima fe individual y colectiva en una religión laica, la Constitución española, pero esencialmente subjetiva, desatendiendo la verdad – las entidades estatales no son la génesis, al contrario, emergieron con guerras de conquista y anexiones derramando sangre y dejando muchos muertos – la ciencia y, sobre todo, el mismo derecho de otros a manifestar su credo en una diferente doctrina (la autodeterminación de Cataluña, Navarra, Galicia y País Vasco). La historia está repleta de declaraciones unilaterales de independencia y conflictos para conseguirla, la más grande potencia del mundo, EE. UU., surgió con la DUI de 1776 quebrando el yugo de la madre patria británica, y lo mismo les pasó a Venezuela (1811), Argentina (1816), Chile (1818), México (1821) y Perù (1821), que obtuvieron la libertad levantándose contra España, se trató del primer desarrollo de descolonización seguido por el que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A partir de los años 90' asistimos a un diferente proceso de disgregación nacional que no tenía nada que ver con dominaciones extranjeras, como la guerra civil de Yugoslavia, que se concluyó con la independencia unilateral de Croacia y Eslovenia (1991), la división de Checoslovaquia en dos naciones, Eslovaquia y República Checa (1993), y en 2008 la nacida del estado de Kosovo, que con el apoyo y el reconocimiento formal de EE. UU. y gran parte de la UE (excepto España, Chipre, Grecia, Eslovaquia y Rumanía) se emancipó de Serbia igual que Montenegro (2006), sin pormenorizar los detalles de los numerosos conflictos étnicos, regionales e intraestatales. Es una ulterior muestra que las antiguas naciones no son inmutables ni eternas, lo que tiene relevancia no son las argumentaciones y capciosidades jurídicas sino las motivaciones político-económicas, los notorios intereses comunes, que influyen sobre la decisión de unas comunidades si quedar juntos o dividirse, y el apoyo que las causas separatista y nacionalista logran, cada una por su parte, entre los actores del conjunto internacional. Con esto no se quiere afirmar que el derecho no tenga su importancia, sin incomodar la larga tradición del principio de autodeterminación, en el caso de Cataluña esa aspiración parece basarse en el artículo 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (1966), en que se reconoce la libre determinación de los grupos que residen en los estados, una afirmación que pone un problema de estabilidad por la casi totalidad de los países actuales, dada su composición plurinacional, que emergieron de las revoluciones liberales entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Para detener una indeseable fragmentación, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en 1970 la resolución 2625 (XXV) con la que intentó limitar las aspiraciones secesionistas considerándolas como aceptables sólo en el caso en que la autodeterminación interna resulte imposible porque el pueblo sufra un acoso o una discriminación extrema y sistemática por motivos de raza, religión o ideología (no se puede quebrantar o menospreciar la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color), pero esta tesis fue completada con la Resolución 50/6 de la Asamblea General que refuerza la vigencia de esta norma sobre el gobierno representativo sustituyendo la frase “sin distinción por motivos de raza, credo o color” con “sin distinción alguna”.

En este sentido, Cataluña puede como otros pueblos de España sentirse discriminada por motivos económicos o sea conformemente al art. 1, aps. 1 y 2 de los Pactos Internacionales de 1966: “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia; derecho confirmado por el artículo 47 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 que subraya como “ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales”.

Con el Estatuto de 2006 se había refrendado un compromiso entre estado central y gobierno autonómico que parecía satisfacer los contrayentes, por la verdad, configurando Cataluña casi como una nación, sobre todo en el sector lingüístico y cultural en que las interpretaciones extensivas de las normas ponían el idioma y la cultura español en una posición subordinada, pero las modificaciones de las Cortes Generales y sucesivamente, en 2010, la sentencia del Tribunal Constitucional, afectaron de manera importante ese acuerdo, dejando Cataluña con menores poderes de los que se habían garantizados, ante todo renegando su identidad nacional (ineficacia jurídica del preámbulo e interpretación restrictiva de los arts. 6.1, 6.2, 8.1, 33.5, 34, 35 y 50.5) y luego perjudicando sus atribuciones en materia financiera, que es la verdadera manzana de la discordia, puesto que los catalanes siguen pidiendo que se quede más dinero en las arcas locales procedente de los tributos que se cobran en la región (actualmente el 50% del IRPF y del IVA recaudado en cada territorio y el 58% de los Especiales). No hay que escandalizarse, EE. UU. fue creado por trece colonias que se rebelaron contra Reino Unido, con la ayuda de tropas españolas y francesas, porque obstaculizaba su crecida económica comprando sus materias primas a un precio barato y vendiéndoles los productos manufacturados a precios elevados, además de imponer impuestos y aranceles que los explotaban, de ahí salió el famoso lema “no hay tributación sin representación”; pues, tachar de egoísmo territorial a la sublevación catalana es pura tontería, porque lo mismo se podría decir de España, que desea seguir teniendo Cataluña como territorio de la nación no por motivos de caridad cristiana sino porque perdería el 20% de su PIB y el 25% de sus exportaciones. De otra parte, la misma UE no está exenta de esa acusación, visto que en el periodo en que la crisis mantenía millones de españoles al borde de la supervivencia, ha reducido su contribución a los países en dificultad para trasladar fondos hacia los nuevos miembros del consorcio, entonces, en cambio de consolidar la histórica casa común, ha decidido derrocarla para coleccionar nuevos mercados, que es el novedoso concepto que ha marginado la originaria idea de política regional. El esquema de dominación europeo de los países del sur ha determinado:

- la reducciones de las participaciones comunitarias, en particular, España, al neto de sus aportaciones al balance europeo, ha visto diminuir la contribución media de los 5982 millones del periodo 2000-2006 a los 1020 millones del periodo 2007-2016, es decir, 4962 millones de euros menos por año (ha sido contribuyente neto en 2014 y 2016, es decir, que ha dado más de lo que ha recibido);

- promoción de la unión cambiaria con la introducción del euro a partir de 1 de enero de 2002, en efecto, no se puede hablar de unión monetaria en ausencia de un mecanismo de perecuación entre los miembros ricos y pobres de la comunidad, lo que ha causado que los países con desventajas no pudiendo manipular el cambio (devaluación monedaría) para mejorar la competitividad de sus productos nacionales, tienen que bajar los precios finales de los mismos esencialmente a través de la disminución del costo del trabajo (se lea precariedad laboral mediante reformas que han tenido como objetivos el descenso de los salarios mínimos y medios favoreciendo la contratación temporal, la facilidad y abaratamiento del despido, la falta de indemnizaciones y coberturas sociales, “Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”);

- prioridad para la defensa de la estabilidad de los precios (control de la inflación), que en una situación de recesión (PIB negativo con caída de los precios por escasez de demanda) en naciones como España, Italia, Grecia y Portugal, ha significado austeridad para las masas y protección de los patrimonios y la rentas de las élites (se hace referencia al Plan Draghi constituido por la expansión cuantitativa, EC, conseguida con las operaciones de refinanciación a largo plazo,TLTRO y LTRO, por sus siglas en inglés).

La soberanía nacional de España entre erística jurídica y vasallaje europeo
Volviendo a la perspectiva política de la controversia, la declaración de independencia incumplía con el principio de legalidad dadas las condiciones de confusión en las que se ha desenvuelto el proceso electoral, con sustracción de ánforas y decomiso de cédulas y paquetes de actas electorales, intervención de la fuerza pública, imposibilidad de acceso a los centros de votación, amenazas, coacción y presión al elector, un estado de pánico y desorden generalizado fomentado por el gobierno español que temiendo, de manera inopinada, un resultado desfavorable, ha impedido que el voto se desarrollara de manera conforme a la ley, pudiendo sucesivamente pronunciar la ineficacia del mismo valorándolo como simple referéndum consultivo y no vinculante. El discurso pone el énfasis sobre lo que es el estado en el presente, un análisis objetiva y pormenorizada, testimonia como la progresiva perdida de soberanía a favor de organismos internacionales ha producido un regreso al estado de derecho en la acepción formal, dicho de otra manera, se ha pasado de un poder institucionalizado a un poder personalizado, de una tutela de los derechos fundamentales de los individuos (vida, libertad y seguridad, educación libre y gratuita, trabajo, salud y casa) y de los cuerpos intermedios, que constituyen la estructura de la sociedad, a su sometimiento a una jerarquía burocrática, esta vez transnacional, que ejerce su autoridad haciendo prevalecer el criterio económico sobre las exigencias individuales y colectivas de protección social, que hasta los principios de los anos 90' tenían en el estado-nación su principal patrocinador. Examinando los requisitos necesarios para adherir a la Unión Europea se puede entender esta extraordinaria metamorfosis, en los así llamados criterios de Copenhague (1993) no hay ninguna referencia a la Convención Europea de Derechos Humanos (1953) aunque se menciona la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías (criterio político), en sustancia, con un lenguaje solapado, se expresa un neto rechazo del estado de derecho en sentido material, al mismo tiempo que se establecen dos criterios que en los últimos veinte años de vida de la comunidad supranacional han constituido el compromiso para que un país se convierta en su miembro, o sea, el económico (la existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la UE) y el acervo comunitario (la capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, incluida la capacidad para poner en práctica de manera eficaz las normas, estándares y políticas que forman el acervo comunitario, y aceptar los objetivos de la unión política, económica y monetaria).

Un país que desea asociarse a la UE tiene la obligación de abandonar cualquier forma de economía mixta (intervención del estado en el mercado libre para regular su funcionamiento en conformidad con consideraciones de justicia, inclusión y bienestar social) y planificada, en sustancia, el mercado ya no tiene que ponerse al servicio de valores humanos y culturales, por el contrario, es el orden social que debe estar constreñido unicamente por consideraciones de crecimiento (PIB) – sin ninguna preocupación sobre su ecua distribución – y eficiencia económica; ésta última está sujeta, a su vez, a la aceptación incondicional de los parámetros de convergencia del Tratado de Maastricht de 1992 (vinculo del 3% en lo referente a la proporción entre el déficit público previsto o real y el PIB a precios de mercado, relación del 60% entre la deuda pública y el PIB a precios de mercado, una tasa promedio de inflación, observada durante un período de un año antes del examen, que no exceda en más de un 1,5 % la de, como máximo, los tres Estados miembros con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios, un tipo promedio de interés nominal a largo plazo que no exceda en más de un 2 % el de, como máximo, los tres Estados miembros con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios, creación de la moneda única, el euro, y establecimiento del Banco Central Europeo) y a las sucesivas modificaciones (arts. 141-142-143-144) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (1992), con las que los organismos temporarios Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF) de 2010, han confluido en el permanente Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), entrado en vigor en julio de 2012. Se trata de medidas que en el periodo de crisis financiera han empezado a poner en marcha la unión bancaria europea – cuyo objetivo oculto es la eliminación de las cajas de ahorros locales para concentrar todo el crédito en 25-30 bancos sistémicos – reduciendo a España, Italia, Grecia y Portugal al estado de dependencia de la UE, y en particular, de la élite política, económica y financiera (multinacionales, bancos y fondo inmobiliarias y de cobertura) de los países del norte, bajo la jefatura del círculo alemán. Esa crisis hipócrita y erróneamente denominada de la “deuda soberana”, fue consecuencia del rescate del sistema crediticio, en quiebra por involucrarse en la burbuja inmobiliaria y haber acordados prestamos a un pequeño grupo de megaempresas financiando sus peligrosas inversiones especulativas. Al revisar el informe anual del Banco de España de 2009, año de inicio de la crisis, se aprende que en aquella época la deuda pública apenas alcanzaba el 52.80% del PIB, pero ya en junio de 2011, durante la presidencia de Zapatero, había llegado al 69.5% (+16.7 puntos porcentuales y +30.7% en sólo un bienio), y con todo representaba sólo el 16% de la deuda total (pública y privada) mientras que la deuda bancaria (32%) y la de las empresas (31%) ascendían al 63% de la misma. En 2017, después de seis años durante los cuales el gobierno Rajoy (2011-2016) ha promovido el salvataje bancario (BFA, Catalunya Bank, NGC Banco, Banco de Valencia, CAM, Liberbank, Banco Mare Nostrum, Banco CEISS, Banca Civica, Unnim, Caja 3, Banco Gallego, Unicaja Banco) la deuda pública ha rondado el 100% del PIB (+46,2 puntos porcentuales y +94.6% respecto al año 2009). Hay más, en el periodo en que el gobierno de España llevaba a cabo recortes brutales en el gasto sanitario público (en el 2015 el gasto amontaba a 65.565 millones de euros con una tasa básica del -7.23% y una tasa promedia del -1.06% respecto al año 2009 cuyo gasto era 70.764 millones de euros, datos Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en la educación (en el 2015 el gasto era 46.624 millones de euros con una tasa básica del -12% y una tasa promedia del -1.83% con referencia al año 2009, cuyo gasto fue 53.092 millones de euros, datos Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y en la protección social, determinando una tasa de pobreza del 27.9%, (+3.2 puntos porcentuales y +12.9% en 2016 respecto al año 2009 considerando el Índice de Precios de Consumo, datos de la Red Europa Contra la Pobreza, mientras que el INE la estima en 22.3%, el que significa un crecimiento del 1.9 puntos porcentuales y +9.3% respecto al 2009) al mismo tiempo seguía endeudándose, antes creando el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF 2008), a través del cual invirtió casi 20.000 millones de euros para la consolidación y bancarización de la cajas de ahorros, y luego, en 2012, pidiendo un plan de rescate al MEDE, presidido por el alemán Klaus Regling – ya presidente del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y con una larga experiencia en el Fondo Monetario Internacional y como colaborador del Ministerio Federal de Finanzas alemán (1991-1998) durante los años de la reunificación – esta vez, utilizando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, 2009) garantizado por el estado, mediante el cual no sólo se han gastado hasta hoy, por lo que se sabe, 54.353 millones de euro de los contribuyentes españoles, sino también se da por perdido el 75% de esos fondos (Informe del Banco de España de septiembre 2017), es decir, que nunca volverán a las arcas estatales. Todas estas estadísticas en este contexto sobre el independentismo catalán podrían parecer raras pero tienen su importancia, porque es bastante difícil creer en un político como Rajoy y en unos partidos como el PP y el PSOE, que mientras dicen defender la integridad y el interés nacional arremetiendo contra Cataluña y los otros movimientos de auto-gobierno, dejan 4.716.000 pensiones bajo el umbral de la pobreza, con unos ingresos inferiores a 684 euros mensuales, 12.989.405 de connacionales en riesgo de pobreza y exclusión social, de los cuales 2.600.000 personas, el 5.8% de la población española, en una condición de privación material severa, y además, no parecen tomar conciencia de la inicua distribución de la crecida económica dado que: “En la actualidad, y como conclusión del período, el 70% de la población española no ha conseguido recuperar los niveles de renta que disponía en el año 2008, y encima, el récord histórico de la tasa de pobreza registrado este año (22,3 %) es en su totalidad consecuencia de la reducción de los ingresos del 70 % de la población española y, especialmente, del 20 % más pobre, y, en ningún caso, del aumento del umbral producido por el crecimiento de la renta media, de hecho, la pobreza formal–oficial se mantuvo de manera relativamente constante alrededor del 20.5 % entre los años 2008 y 2013, para luego elevarse en los tres últimos años hasta el 22.3% y que la pobreza real, aquella representada por un umbral de condiciones reales de vida en 2008, aumentó espectacularmente desde el 19.8 % hasta el 27.9% en 2016, con un crecimiento de 8.1 puntos porcentuales en el período” (Informe Anual AROPE 7° - 2017 de la Red Europa Contra la Pobreza, EAPN-ES por sus siglas en inglés).

Cabe recordar que los elementos constitutivos del estado son el territorio, el poder político y la población, en particular, ésta es el conjunto de personas sin el cual no hay estado y viceversa, hoy en día, al parecer, los exponentes institucionales españoles, han comenzado a considerar la posibilidad de existencia de un organismo político sin ciudadanos, ya que en la última década patrocinando los privilegios de pocos se han dedicado, con la austeridad y la arma de destrucción masiva del siglo XXI, el euro, a exterminar sus habitantes y a pisotear el interés común, una actitud que se refleja en la adhesión al Pacto fiscal europeo (formalmente Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, entrado en vigor en enero de 2013) – recibido en la CE (septiembre de 2012) con una modificación marcadamente ordoliberista que ha trastocado su matriz socialdemócrata – y en la aprobación de leyes electorales con listas cerradas (Italia y España), que impiden al votante escoger sus representantes concentrando todo el poder de nombramiento en internas camarillas de partidos de cuadros ligadas y agachadas a la élite financiera. El alzamiento contra los estados nacionales ahonda sus raíces en una idiosincrasia colectiva hacia las instituciones centrales, reputadas arrogantes, inadecuadas y alejadas de las necesidades humanas básicas, a las que los individuos se oponen recuperando la familia, la vecindad, el barrio, la ciudad y la región, valorados como expresión autentica de vida democrática por su capacidad de brindar amparo, dialogo y cooperación, y en eso simbolizando el mito de la comunidad con sus confines estables y seguros contra la racionalidad opresora de una sociedad cosmopolita e impregnada de capitalismo apátrida, que en cambio actúa para destruir todas las fronteras y aplastar cada diversidad y sentido de pertenencia. En este aspecto, hay una llamada de atención para todos los movimientos territoriales que están echando leña al fuego de la injusticia social para ganar partidarios entre las clases baja y medio-baja, porque el incendio que en este momento le otorga una ventaja competitiva, puede quemarlos si su fin es sólo construir una oligarquía de privilegiados a escala reducida, eso también vale para el independentismo catalán, Puigdemont y sus ministros tienen que esclarecer si Cataluña cambia de rumbo dejando de ser una de las regiones con mayores tributos propios, un impuesto de sucesión entre los menos gravosos del país que favorece a los rentistas, y, sobre todo, con un exceso de cargas fiscales sobre las rentas bajas, en otras palabras, si su perfil de político ideal es Lluís Companys o Jordi Pujol.