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Margarita Robles anuncia dejar de apoyar el 155, si Puigdemont convoca eleccione

PSOE, presionado por PSC, maquina la deslealtad a España

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Nada que no se hubiera anunciado ni que no fuera previsible, conociendo el señor P. Sánchez, su odio visceral al señor Rajoy y su dependencia absoluta del PSC, su principal valedor para que consiguiera salir reelegido para el cargo de secretario general del PSOE en las últimas primarias del partido socialista. Desgraciadamente, por mucho que el Gobierno se haya empeñado en darle bombo a esta, casi imposible y cargada del veneno de la traición política, entente, para enfrentarse al avance del separatismo catalán; figurando un entendimiento que, en la realidad, nunca ha dejado de ser una mera pantalla de mutua conveniencia, para darle una salida momentánea al incómodo desafío independentista para que, cuando le ha convenido al PSOE o, mejor dicho, cuando se ha visto forzado a devolverle los favores recibidos al señor Miguel Iceta, en unos momentos en los que el PP, apoyado por Ciudadanos y con el condicionado asentimiento de los socialistas había iniciado el trámite en el Senado para conseguir la preceptiva autorización para la aplicación del Artº.155 de la Constitución española en la autonomía catalana.

Como era de esperar y se ha podido comprobar, ha bastado la mera insinuación de que el señor Puigdemont pudiera, antes de ser destituido de su cargo por la aplicación del 155, convocar elecciones catalanas para que, la señora Margarita Robles portavoz en el Congreso del PSOE, se haya adelantado a afirmar que, según ella, ya no existirían motivos políticos ni jurídicos ( una afirmación harto temeraria para una persona que ha sido magistrada en varios tribunales) para que fuera necesario aplicar aquel artículo que tanto espanta a los catalanes sediciosos. Un adelanto innecesario, una afirmación que puede envalentonar a los separatistas y una más que evidente falta de lealtad al Gobierno y a Ciudadanos que se encuentran desasistidos en el momento de tomar la decisión por este inoportuno desmarque de última hora, precisamente cuando los separatistas catalanes tenían convocada una asamblea para decidir si proclamaban definitivamente la república catalana u optaban por celebrar unas elecciones para intentar neutralizar la aplicación del 155.

Si, en un anterior comentario, ya expresábamos nuestra desconfianza acerca de la bondad de la convocatoria de unas elecciones, aunque fuera por parte de los que se hicieran cargo de la administración de la comunidad catalana en sustitución de los actuales gobernantes, cesados de sus cargos; debido a que las posturas y la correlación de fuerzas entre nacionalistas y constitucionalistas que, como ya ocurrió en las pasadas elecciones autonómicas catalanas, en las que, aunque ganaron en votos los partidarios de continuar siendo españoles y respetuosos con la Constitución, en cuanto a la formación del Parlamento catalán, los que obtuvieron mayoría de escaños fueron los nacionalistas, los mismos que se han constituidos en opuestos a la continuidad de permanecer dentro de la nación española y que han optado por la vía de la confrontación y la deslealtad respecto al resto de los españoles.

Aquí, señores, no basta con escuchar a quienes se dedican a especular desde las distintas tertulias radiofónicas o foros de debate de las TV, ni tan siquiera fiarnos de los comentaristas de prensa que intentan dar una visión segada, a menudo demasiado pusilánime respecto a los peligros de un artículo que existe en la Constitución, precisamente para solucionar situaciones como la que, por desgracia se están produciendo en tierras catalanas. Tampoco nos ilustran las declaraciones de los políticos de ambos bandos, muchas de ellas cargadas de subjetivismo y de sofismas que no conducen a ninguna parte o, aún peor, llevan directamente a una catástrofe dentro de la nación española de incalculables consecuencias para los españoles. Aquí tenemos que escuchar a Europa, tenemos que valorar si el problema catalán se ha de afrontar de una vez, sin más dilaciones pagando el precio que sea preciso (nunca va a ser tanto como el que deberían pagar nuestros hijos, si se permitiera que la deriva independentista catalana tuviera éxito, lo que significaría, como ya se está viendo, la ruina de un territorio que, durante años, ha sido el motor de España).

Si, hoy en día, cuando ya se han ido de Cataluña ( cambio de domicilio social y muchas del fiscal) alrededor de 1400 empresas que, desde el día 1 de octubre ya liaron el petate, ante el peligro de quedar bajo la égida del independentismo y la certeza de que, una Cataluña independiente, automáticamente quedaría fuera de la UE y de los beneficios inherentes a la pertenencia a la misma, han abandonado la autonomía catalana y, muchas otras, siguen pendientes de los acontecimientos en la convicción de que, si se materializara la anunciada declaración de independencia, inmediatamente se trasladarían a otras regiones de España o del extranjero para evitar las consecuencias de semejante contingencia, entre ellas la SEAT, como ya advirtió hace unos días su presidente, con la enorme repercusión que, para Cataluña y las empresas auxiliares del automovilismo, una defección como esta podría conducirlas directamente a la ruina.

Nos queda la duda, no suficientemente aclarada, por el señor Rajoy y su equipo, de si, en el caso de que los socialistas ( como es muy probable que intenten hacer) les abandonaran en el momento decisivo de aplicar el 155 alegando excusas como la que se han mentado anteriormente y considerando que, unas elecciones convocadas por unos señores que están encausados por delitos de desobediencia a las instituciones, de malversación de caudales públicos y prevaricación, están en condiciones de usar artes y combinaciones para amañar las leyes que les permitieran actuar como si, en realidad, estuvieran legitimados para continuar gobernando una autonomía, después de que han demostrado, por sus hechos consumados, que se han enfrentado directamente a la Constitución, han desobedecido las resoluciones del TC y han legislado a sabiendas de que aquellas normas que aprobaban estaban directamente en contra de la legislación española; el Gobierno de la nación, tendría el suficiente valor para que, con el apoyo de Ciudadanos, continuar tramitando, en el Senado, la petición de autorización para poner en marcha la serie de medidas que se derivan de la puesta en práctica de aquel artículo constitucional que ampara actuar contra quienes intentaran gravemente atentar en contra de la unidad nacional.

Estos días hemos estado viendo cómo, desde muchos sectores de la prensa, las TV y la política, se están magnificando las posibilidades de que una intervención de la comunidad catalana, por el Gobierno de la nación, para restablecer la legalidad destruida por los secesionistas, cree una verdadera revolución en las calles de las principales ciudades de Cataluña. Sabemos que, las minorías integradas en dos organizaciones, la ANC y el Ómnium Cultural, cuyos dirigentes han sido alojados en la cárcel por los “méritos” contraídos en las manifestaciones “pacíficas”, fueron quienes organizaron y participaron en las manifestaciones en las que se destruyeron coches de la policía y los guardia civiles; al tiempo que los policías que registraban el despacho oficial del señor Juncadella, por orden de la juez Lamela, tuvieron que ser escoltados, entre lanzamiento de objetos por parte de una multitud enardecida, por los miembros de los mossos de escuadra a lugar seguro. Dos organizaciones que, a nuestro criterio, hace tiempo que deberían haber sido disueltas por la Justicia por su largo historial de delitos en contra de la unidad de España y de la seguridad de los ciudadanos.

Llegado al punto en el que nos encontramos, olvidándonos de los errores que el PP ha cometido en ese largo proceso de la rebelión separatista catalana, creemos que ya no debería existir duda alguna, por parte de la Administración, con el apoyo o sin él por parte de los socialistas que, lamentablemente, están demostrando preocuparse más por sus expectativas políticas ( no creemos que saquen ventaja política si cometen tan lamentable equivocación de abandonar a la última hora) que por la necesidad de que España recupere la paz, el orden, la tranquilidad y su fiabilidad ante el resto de naciones, especialmente de las de la UE, amén de conservar su unidad; algo que nunca se debiera de haber puesto en cuestión y que, sólo en el caso de los comunistas de Podemos y de los partidos separatistas catalanes, ha sido utilizado para sus fines partidistas, olvidándose de lo que era lo mejor para España y los españoles.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, empezamos a tener dudas de que en este país, al que conocemos como España, llegue un momento en el que alguien tenga los arrestos suficiente para poner, de una vez para siempre, de liarse la manta a la cabeza se amarre los machos y tenga la valentía de tomar todas aquellas medidas que, de verdad y fuera de hipocresías y cálculos melindrosos, se dedique a poner orden en todos aquellos lugares e instituciones que tanto lo necesitan. Por desgracia, parece ser que, en esta nación en la que estamos viviendo, todo patriotismo (el de los catalanes parece que existe, sólo que mal encaminado), sentido del honor, respeto por los símbolos patrios y sentido de solidaridad, han desaparecido para dar lugar a este país de podemitas, antisistema, presuntos intelectuales, progres y amargados, que sólo intentan acabar con todo lo que hemos construido durante años, con el pretexto de la igualdad, el reparto más equitativo de la riqueza y la lucha contra lo que, para todos ellos, es el enemigo a batir: los empresarios, los comerciantes, los industriales, los investigadores, los defensores del orden y todos aquellos que no estamos de acuerdo de que la riqueza se pueda producir sin que exista un entramado económico en el que cada uno tenga su lugar de modo que el país vaya progresando y alcanzando las metas de prosperidad que de otra forma, la experiencia lo confirma, nunca se han podido alcanzar.

PSOE, presionado por PSC, maquina la deslealtad a España

Margarita Robles anuncia dejar de apoyar el 155, si Puigdemont convoca eleccione
Miguel Massanet
jueves, 26 de octubre de 2017, 00:07 h (CET)
Nada que no se hubiera anunciado ni que no fuera previsible, conociendo el señor P. Sánchez, su odio visceral al señor Rajoy y su dependencia absoluta del PSC, su principal valedor para que consiguiera salir reelegido para el cargo de secretario general del PSOE en las últimas primarias del partido socialista. Desgraciadamente, por mucho que el Gobierno se haya empeñado en darle bombo a esta, casi imposible y cargada del veneno de la traición política, entente, para enfrentarse al avance del separatismo catalán; figurando un entendimiento que, en la realidad, nunca ha dejado de ser una mera pantalla de mutua conveniencia, para darle una salida momentánea al incómodo desafío independentista para que, cuando le ha convenido al PSOE o, mejor dicho, cuando se ha visto forzado a devolverle los favores recibidos al señor Miguel Iceta, en unos momentos en los que el PP, apoyado por Ciudadanos y con el condicionado asentimiento de los socialistas había iniciado el trámite en el Senado para conseguir la preceptiva autorización para la aplicación del Artº.155 de la Constitución española en la autonomía catalana.

Como era de esperar y se ha podido comprobar, ha bastado la mera insinuación de que el señor Puigdemont pudiera, antes de ser destituido de su cargo por la aplicación del 155, convocar elecciones catalanas para que, la señora Margarita Robles portavoz en el Congreso del PSOE, se haya adelantado a afirmar que, según ella, ya no existirían motivos políticos ni jurídicos ( una afirmación harto temeraria para una persona que ha sido magistrada en varios tribunales) para que fuera necesario aplicar aquel artículo que tanto espanta a los catalanes sediciosos. Un adelanto innecesario, una afirmación que puede envalentonar a los separatistas y una más que evidente falta de lealtad al Gobierno y a Ciudadanos que se encuentran desasistidos en el momento de tomar la decisión por este inoportuno desmarque de última hora, precisamente cuando los separatistas catalanes tenían convocada una asamblea para decidir si proclamaban definitivamente la república catalana u optaban por celebrar unas elecciones para intentar neutralizar la aplicación del 155.

Si, en un anterior comentario, ya expresábamos nuestra desconfianza acerca de la bondad de la convocatoria de unas elecciones, aunque fuera por parte de los que se hicieran cargo de la administración de la comunidad catalana en sustitución de los actuales gobernantes, cesados de sus cargos; debido a que las posturas y la correlación de fuerzas entre nacionalistas y constitucionalistas que, como ya ocurrió en las pasadas elecciones autonómicas catalanas, en las que, aunque ganaron en votos los partidarios de continuar siendo españoles y respetuosos con la Constitución, en cuanto a la formación del Parlamento catalán, los que obtuvieron mayoría de escaños fueron los nacionalistas, los mismos que se han constituidos en opuestos a la continuidad de permanecer dentro de la nación española y que han optado por la vía de la confrontación y la deslealtad respecto al resto de los españoles.

Aquí, señores, no basta con escuchar a quienes se dedican a especular desde las distintas tertulias radiofónicas o foros de debate de las TV, ni tan siquiera fiarnos de los comentaristas de prensa que intentan dar una visión segada, a menudo demasiado pusilánime respecto a los peligros de un artículo que existe en la Constitución, precisamente para solucionar situaciones como la que, por desgracia se están produciendo en tierras catalanas. Tampoco nos ilustran las declaraciones de los políticos de ambos bandos, muchas de ellas cargadas de subjetivismo y de sofismas que no conducen a ninguna parte o, aún peor, llevan directamente a una catástrofe dentro de la nación española de incalculables consecuencias para los españoles. Aquí tenemos que escuchar a Europa, tenemos que valorar si el problema catalán se ha de afrontar de una vez, sin más dilaciones pagando el precio que sea preciso (nunca va a ser tanto como el que deberían pagar nuestros hijos, si se permitiera que la deriva independentista catalana tuviera éxito, lo que significaría, como ya se está viendo, la ruina de un territorio que, durante años, ha sido el motor de España).

Si, hoy en día, cuando ya se han ido de Cataluña ( cambio de domicilio social y muchas del fiscal) alrededor de 1400 empresas que, desde el día 1 de octubre ya liaron el petate, ante el peligro de quedar bajo la égida del independentismo y la certeza de que, una Cataluña independiente, automáticamente quedaría fuera de la UE y de los beneficios inherentes a la pertenencia a la misma, han abandonado la autonomía catalana y, muchas otras, siguen pendientes de los acontecimientos en la convicción de que, si se materializara la anunciada declaración de independencia, inmediatamente se trasladarían a otras regiones de España o del extranjero para evitar las consecuencias de semejante contingencia, entre ellas la SEAT, como ya advirtió hace unos días su presidente, con la enorme repercusión que, para Cataluña y las empresas auxiliares del automovilismo, una defección como esta podría conducirlas directamente a la ruina.

Nos queda la duda, no suficientemente aclarada, por el señor Rajoy y su equipo, de si, en el caso de que los socialistas ( como es muy probable que intenten hacer) les abandonaran en el momento decisivo de aplicar el 155 alegando excusas como la que se han mentado anteriormente y considerando que, unas elecciones convocadas por unos señores que están encausados por delitos de desobediencia a las instituciones, de malversación de caudales públicos y prevaricación, están en condiciones de usar artes y combinaciones para amañar las leyes que les permitieran actuar como si, en realidad, estuvieran legitimados para continuar gobernando una autonomía, después de que han demostrado, por sus hechos consumados, que se han enfrentado directamente a la Constitución, han desobedecido las resoluciones del TC y han legislado a sabiendas de que aquellas normas que aprobaban estaban directamente en contra de la legislación española; el Gobierno de la nación, tendría el suficiente valor para que, con el apoyo de Ciudadanos, continuar tramitando, en el Senado, la petición de autorización para poner en marcha la serie de medidas que se derivan de la puesta en práctica de aquel artículo constitucional que ampara actuar contra quienes intentaran gravemente atentar en contra de la unidad nacional.

Estos días hemos estado viendo cómo, desde muchos sectores de la prensa, las TV y la política, se están magnificando las posibilidades de que una intervención de la comunidad catalana, por el Gobierno de la nación, para restablecer la legalidad destruida por los secesionistas, cree una verdadera revolución en las calles de las principales ciudades de Cataluña. Sabemos que, las minorías integradas en dos organizaciones, la ANC y el Ómnium Cultural, cuyos dirigentes han sido alojados en la cárcel por los “méritos” contraídos en las manifestaciones “pacíficas”, fueron quienes organizaron y participaron en las manifestaciones en las que se destruyeron coches de la policía y los guardia civiles; al tiempo que los policías que registraban el despacho oficial del señor Juncadella, por orden de la juez Lamela, tuvieron que ser escoltados, entre lanzamiento de objetos por parte de una multitud enardecida, por los miembros de los mossos de escuadra a lugar seguro. Dos organizaciones que, a nuestro criterio, hace tiempo que deberían haber sido disueltas por la Justicia por su largo historial de delitos en contra de la unidad de España y de la seguridad de los ciudadanos.

Llegado al punto en el que nos encontramos, olvidándonos de los errores que el PP ha cometido en ese largo proceso de la rebelión separatista catalana, creemos que ya no debería existir duda alguna, por parte de la Administración, con el apoyo o sin él por parte de los socialistas que, lamentablemente, están demostrando preocuparse más por sus expectativas políticas ( no creemos que saquen ventaja política si cometen tan lamentable equivocación de abandonar a la última hora) que por la necesidad de que España recupere la paz, el orden, la tranquilidad y su fiabilidad ante el resto de naciones, especialmente de las de la UE, amén de conservar su unidad; algo que nunca se debiera de haber puesto en cuestión y que, sólo en el caso de los comunistas de Podemos y de los partidos separatistas catalanes, ha sido utilizado para sus fines partidistas, olvidándose de lo que era lo mejor para España y los españoles.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, empezamos a tener dudas de que en este país, al que conocemos como España, llegue un momento en el que alguien tenga los arrestos suficiente para poner, de una vez para siempre, de liarse la manta a la cabeza se amarre los machos y tenga la valentía de tomar todas aquellas medidas que, de verdad y fuera de hipocresías y cálculos melindrosos, se dedique a poner orden en todos aquellos lugares e instituciones que tanto lo necesitan. Por desgracia, parece ser que, en esta nación en la que estamos viviendo, todo patriotismo (el de los catalanes parece que existe, sólo que mal encaminado), sentido del honor, respeto por los símbolos patrios y sentido de solidaridad, han desaparecido para dar lugar a este país de podemitas, antisistema, presuntos intelectuales, progres y amargados, que sólo intentan acabar con todo lo que hemos construido durante años, con el pretexto de la igualdad, el reparto más equitativo de la riqueza y la lucha contra lo que, para todos ellos, es el enemigo a batir: los empresarios, los comerciantes, los industriales, los investigadores, los defensores del orden y todos aquellos que no estamos de acuerdo de que la riqueza se pueda producir sin que exista un entramado económico en el que cada uno tenga su lugar de modo que el país vaya progresando y alcanzando las metas de prosperidad que de otra forma, la experiencia lo confirma, nunca se han podido alcanzar.

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