La Oficina del Defensor del Pueblo ha recibido en lo que va de año un total de 5.500 quejas que tienen que ver con asuntos económicos, como ahorros particulares o reclamaciones relacionadas con el desempleo, lo que supone solo 300 menos que las registradas sobre estos mismos temas en todo 2011, cuando el departamento se hizo eco de 5.800 demandas de este tipo.

Así lo detalló en su primera rueda de prensa la nueva defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien indicó que las quejas relacionadas con aspectos de economía y hacienda recibidas en lo que va de 2012 suponen el 46% del total, cuando en todo 2011 significaron algo más del 23%.

Tras las preocupaciones de economía y hacienda, las más numerosas registradas hasta julio de 2012 en la Oficina del Defensor del Pueblo son las de seguridad y justicia, que representan el 15%, las vinculadas al medio ambiente y la vivienda (11%), migraciones e igualdad de trato (también el 11%), función y empleo público (5%), sanidad y política social (5%) y las relacionadas con mecanismos de prevención de la tortura (2%).

Becerril hizo un repaso de lo que serán las principales líneas de actuación de su departamento y señaló que aunque ya ha hecho algunas recomendaciones al Ejecutivo para que las incluya en la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno, se va a permitir hacerle llegar una más sobre el "despilfarro" .

Se trata, según dijo, de que se estudie la posibilidad de penalizar los proyectos que llevan sin dotación presupuestaria varios años o, para no llegar a este extremo, que se evalúe la "rentabilidad social del uso" de cualquier iniciativa que se vaya a poner en marcha.

Así, ejemplarizó la nueva Defensora, a lo mejor una administración no debe embarcarse en la construcción de un polideportivo "que va a sobrar dentro de tres años" porque hay otro muy cerca de los usuarios y sopesar la posibilidad de poner al alcance de los que quieran utilizarlo un medio de transporte.

Por otra parte, Becerril se refirió a los recortes "de carácter simbólico" que va a acometer en su departamento y señaló que supondrán en torno al 2 por ciento (280.000 euros) del presupuesto total con que cuenta, unos 14 millones de euros.

Estos recortes, reconoció, son "de carácter simbólico, para que vean los ciudadanos que somos conscientes de la situación", y saldrán tanto de la disminución de su sueldo (que asciende a 115.000 euros anuales) en un 7,14%, como de las "restricciones" en los salarios de los demás empleados de la casa, que serán las mismas que las de los diputados y senadores.

Dentro de ese "ahorro simbólico" entra también la no cobertura de plazas por jubilaciones -salvo excepciones-, la supresión del área de protocolo, que "aunque no era muy gravosa, no hace falta", la reducción de los viajes y de seis a tres los vehículos y la elaboración propia de los informes que sean necesarios, que ya no se encargarán a instituciones externas.

Como objetivos "a corto plazo", Becerril se ha marcado llegar a más personas, aumentar el número de recomendaciones hechas a administraciones y al Gobierno e incrementar las relaciones con las Cortes Generales.

Ya en agosto, la nueva titular de la Oficina del Defensor del Pueblo tiene previsto iniciar un informe sobre el ruido en ciudades medias y grandes, pues es un problema "sobre el que llegan muchas quejas", visitar un centro de internamiento de menores, residencias de la tercera edad (que también son motivo de "muchas quejas") y servicios de urgencias de varios hospitales.

En septiembre de este mismo año, la actividad continuará con reuniones con asociaciones de víctimas del terrorismo para trasladarle posteriormente su parecer sobre el asunto al Gobierno para que pueda tenerlo en cuenta a la hora de elaborar una ley relacionada con este asunto.

Becerril aseguró que se ocupará personalmente de impulsar un nuevo mecanismo nacional contra la violencia, que velará por el cumplimiento de los convenios internacionales relacionados con este aspecto y analizará con detenimiento las quejas recibidas al respecto.

Finalmente, la nueva defensora del Pueblo se felicitó por presidir una institución "que funciona bastante bien" y de la que aseguró no tener "ninguna crítica que hacer", si bien se propone "mejorarla y agilizarla" en el tiempo que esté al frente de ella.