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El Ministerio del Interior inició este jueves la primera fase a nivel nacional del programa de reducción de escoltas que afectará, en un primer momento, a los agentes que realizan labores de protección estática (vigilancia de domicilios de personas protegidas).
Esta reducción afecta al 52% de la plantilla de un total de 774, lo que supone una disminución de algo más 400 agentes, que posteriormente se ampliará a otros 100 más. El grueso de esta medida afecta principalmente a los escoltas que prestan este servicio en la Comunidad de Madrid. Todos ellos pasarán, a partir de ahora, a realizar labores de seguridad ciudadana.
Próximamente, este programa se ampliará a los escoltas que realizan vigilancias dinámicas (labores de acompañamiento de personas protegidas). Esta reducción afectará a más de 500 agentes.
Tras esta primera fase de reducción, los servicios de vigilancia en España han pasado de emplear a casi 3.000 escoltas (2.200 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 750 de seguridad privada, a cargo de los presupuestos de la Administración General del Estado) a algo más de 2.000, casi un tercio de reducción.
A la disminución de los algo más de 400 policías y guardias civiles, que ahora pasarán a realizar tareas de seguridad ciudadana, hay que sumar los 425 escoltas privados contratados por el Ministerio del Interior que ya se redujeron en el País Vasco y Navarra.
En total, este dispositivo daba protección antes de su reordenación a más de 1.550 personas y su coste superaba los 160 millones de euros al año.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., (CHJ) ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la Demarcación debido a la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca. Según los datos recopilados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años.
El Gobierno está elaborando un real decreto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con protocolos para garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores LGTBI y contra la discriminación y el acoso de los mismos, contemplando que, desde la aprobación del texto, el plazo para adoptar estas medidas sea de un año.
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