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La dirección del PSOE considera que el resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias es una primera "factura política" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en forma de castigo de los ciudadanos por las medidas tomadas desde el inicio de la legislatura.
Así lo explicaban fuentes socialistas pasadas las diez de la noche, cuando el escrutinio permitía ya concluir que, pese a la victoria del PP en Andalucía, el PSOE podría seguir gobernando con la suma de Izquierda Unida. A esa hora era también clara la victoria de los socialistas en Asturias, con un escaño disputado con Foro que podría determinar su capacidad de gobernar, dependiendo de la posible alianza del PP con la formación de Álvarez-Cascos.
Rubalcaba felicitó al candidato de Asturias, Javier Fernández, por su victoria, y al de Andalucía, José Antonio Griñán, por el "excelente" resultado en Andalucía, bastión del PSOE donde además el PSOE quiere plasmar las diferencias de gestión de la crisis respecto al Gobierno central.
Los socialistas subrayan que antes de cumplir cien días de gobierno, Rajoy tiene ya sus primeras derrotas electorales, en forma de una primera "factura política" por las medidas tomadas.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han mantenido un primer encuentro con el objetivo de establecer las líneas de colaboración y los mecanismos necesarios para que los derechos de las personas mayores y con discapacidad mayores estén presentes en el marco de las políticas municipales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron durante 2023 un total de 24.581 denuncias por desaparición que corresponden a 15.126 personas diferentes, según el balance difundido por el Ministerio del Interior. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el ministerio va a empezar a prestar atención psicológica gratuita a los familiares de las personas desaparecidas.
Actualmente, cuando despiden a una persona trabajadora de manera improcedente, ya sea porque se carece de una justificación legal o porque no se ajusta a la legislación vigente, ésta recibe una compensación económica que se establece en 33 días de salario por año trabajado con prorrateo mensual para periodos inferiores a un año y hasta un límite de 24 mensualidades. Pero los sindicatos han considerado que esta indemnización es muy baja.
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