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Las organizaciones de consumidores pidieron hoy a las operadoras de telefonía móvil que han anunciado el fin de las subvenciones de los terminales (Movistar y Vodafone), que procedan a una rebaja de las tarifas.

Esta medida pone fin a una práctica que ha sido considerada como “engañosa” por las organizaciones, y éstas se preguntan ahora si el cambio implicará o no una disminución en las facturas de los clientes, dado que ya no tendrían que "pagar" los teléfonos adquiridos “gratuitamente” durante el llamado “contrato de permanencia”.

Fuentes de Facua y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consultadas, afirmaron que las nuevas tendencias de política comercial de los operadores sólo será positiva para los clientes si también implican una reducción en las tarifas y mayor flexibilidad en los compromisos de permanencia.

“Si nos comparamos con Europa, nuestras tarifas son mucho más caras pero a ellos los móviles se los venden, no se los regalan. Un regalo envenenado, ya que estos móviles no son 100% operativos sino que están bloqueados para funcionar exclusivamente con nuestro operador”, considera la OCU, y agrega que si los proveedores de comunicación móvil dejan de regalar los teléfonos sin reducir las tarifas, las diferencias de precio de España con respecto a Europa “se acentuará en lugar de reducirse”.

La organización entiende que lo más probable es que ocurra esto último, dado que las empresas de telefonía móvil no han hecho mención ni a la posibilidad de una reducción de las tarifas ni a la de una mayor flexibilidad en las cláusulas de permanencia.

Facua también se ha pronunciado en este sentido, insistiendo en que “si hoy dejan de entregarse productos como vía para captar clientes, las tarifas deben tener una bajada radical”.

Ha ido más lejos al plantear su preocupación por “la posibilidad” de que las medidas de Movistar y Vodafone respondan a un pacto entre las grandes empresas con efectos perjudiciales para los consumidores.

Al respecto, sostuvo que la Comisión Nacional de la Competencia “debería evaluar si existe ese acuerdo y determinar si ha habido algún tipo de ilegalidad en la práctica, aunque habitualmente el argumento que suelen dar las compañías es que no hacen más que seguir al líder.

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), expresó que, aunque son competencia exclusiva de las empresas, con frecuencia las medidas de política comercial vulneran los derechos de los consumidores.

Con relación a las cláusulas de permanencia contratadas con las prestadoras de servicios móviles, advirtió de que “se están produciendo notables irregularidades en el mercado”.

Esas irregularidades se registran en “la generación de obstáculos indebidos a la portabilidad en contra de lo establecido en el artículo 87.6 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o en la falta de proporcionalidad de las penalizaciones impuestas al no distinguir el tiempo transcurrido como cliente de la propia operadora y aplicar idéntica sanción cuando la baja o portabilidad se produce transcurrido 20 días o 10 meses”.