Ciertamente, no pocas veces, reconocerá el Papa, es muy difícil determinar con suficiente seguridad -para acogerlo en el derecho positivo- lo que es en sí justo en cuestiones antropológicas fundamentales. Esta dificultad, sin embargo, no nos exime de la obligación de buscar las verdaderas exigencias morales (prepolíticas y prejurídico-positivas) a las que ha de ajustarse el derecho positivo. Pero ¿quién determina esas exigencias? ¿Cómo llegar a converger en reconocerlas, afirmarlas, acogerlas como bases comunes de la convivencia sociopolítica y fundamento del orden jurídico? A este respecto, el Papa dejaba bien sentado que la Iglesia no pretende dictar cuáles sean éstas: “Contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación”.
Lo que ha hecho el cristianismo, en línea con el pensamiento filosófico griego y jurídico romano, es -precisará el Papa Benedicto XVI, remitirse “a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho, se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva”-. Pero con esto, dirán algunos, no se disipan las cuestiones sino que se sitúan en otro lugar ¿Se apela a la ley natural? Aquí hay dos cuestiones distintas: una, la de si existe una ley natural. Otra, la de si, cómo, con qué vigencia puede ser determinado el contenido de ésta. Pero aun con tan cautelosas cuestiones, volverán a insistir no pocos, se está dando por supuesto que hay una verdad y que ésta puede y debe ser buscada y afirmada. Y esto es precisamente lo que hoy la mentalidad dominante, parece claro, no admite en absoluto. Para asegurar la convivencia democrática, se piensa, no sólo no es necesario plantearse la cuestión de la verdad, sino que es justamente preciso, por el contrario, olvidarla por completo. La convivencia democrática no es posible, dirán muchos, si no nos situamos en el más absoluto relativismo. No hay verdad alguna. Si la hubiera, sería inalcanzable. Si fuera alcanzable, sería incomunicable. Y si fuera comunicable, hacerlo sería letal para la convivencia. Quien se considera en posesión de una verdad -es éste uno de los supuestos del relativista- tiende inevitablemente a imponerla a los demás. Si queremos, una convivencia democrática, que no es posible sino en la mutua tolerancia, debemos todos renunciar a mantener cualquier pretensión de verdad. En imponer de modo ambiental difuso y en ocasiones de modo desabridamente imperativo el silenciamiento de la pregunta misma, bajo cualquier forma, por la verdad consiste la con razón llamada dictadura del relativismo que como tal se auto-contradice. Pero ¿acaso tiene alguna plausibilidad esa presunta verdad de que no hay verdad alguna? ¿Acaso es, efectivamente, el relativismo la condición de posibilidad de la democracia o es, por el contrario, el caldo de cultivo de nuevos totalitarismos? ¿Acaso no cabe ya volver a hablar de naturaleza humana y de ley natural? Si se acercan otras veces por esta su casa y nada lo impide podremos continuar algunos días en el enjuiciamiento de los tópicos sobre los que se asientan los relativistas y algunos, con encantadora ingenua inocencia…, ¡se sienten tan seguros!
Preparado
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