Alberto Ruiz-Gallardón, acaso el ministro del gobierno Rajoy más criticado por su manirrota gestión, sus amistades “peligrosas” con la izquierda política y mediática así como por sus aún insatisfechas ambiciones, acaba de presentar propuestas legislativas que supondrán una bocanada de aire fresco en una partidocracia cada día más evidente y decadente.

Tampoco es que, como dicen los fácilmente impresionables, Gallardón vaya a resucitar a Montesquieu, que para eso en España no ha habido división de poderes que valga. Más lo cierto es que la medida, basta con ver lo furiosa que se ha puesto la oposición, y a falta de conocer su desarrollo exacto, es la primera medida realmente regeneracionista anunciada por el gobierno de Mariano Rajoy. Va en el buen camino. La vuelta al método de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces establecida en la Constitución española y liquidada por el PSOE en 1985 ayudará a limpiar una atmósfera algo más que contaminada. Buena decisión también de cara a la seguridad jurídica, tan fundamental para salir de la crisis económica y política en que andamos metidos.

El PSOE, por supuesto, ha puesto el grito en el cielo. ¿Cómo se le ha podido ocurrir al PP anunciar su intención de desmontar una mínima parte del entramado montado a costa de los españolitos? ¡No lo permitiremos!, berreaba un portavoz en el Congreso. ¡Consenso!, claman, dejando claro que el dichoso consenso no es otra cosa más que la imposición a la sociedad de la ideología socialdemócrata, tan presente en la Constitución de 1978. Los nacionalistas, por supuesto, actúan de palmeros. Sin el control político sobre la judicatura difícil hubiera sido que el Constitucional diera el visto bueno a su enterrador, el Estatuto de Cataluña.

Da igual lo que griten. A los españoles la medida les ha sentado a gloria. Que se lo digan a Eduardo Madina, aspira a ser tercera vía en un partido en liquidación y derribo, a quien los twitteros respondieron indignados cuando anunció su oposición a la medida. Y es que la Justicia, ineficaz, cara y lenta, hace tiempo que es vista por los ciudadanos más como un problema que como un recurso para solucionar conflictos entre las partes. Su politización sólo la puede negar un cínico.

Felicitémonos pues por el anuncio. Celebremos también ese otro de introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la cadena perpetua revisable para delitos especialmente graves, al modo y manera en que existe en otros países como Francia, Alemania, Bélgica, Austria o Reino Unido. Era un clamor social por más que a la progresía que niega la victimología y la imposibilidad de reinserción de ciertos delincuentes, le moleste.

Ruiz-Gallardón, normalmente tan políticamente correcto, se ha atrevido. Quizá es el único que, precisamente por su cercanía a la izquierda, podía hacerlo. Su futuro camino hacia Moncloa como relevo del actual presidente dependerá de si es capaz realmente de convertirse en el mejor ministro de Justicia de los últimos cuarenta años.

En todo caso, habrá que ver cómo se concretan los anuncios. De momento, y no es poco, estamos de enhorabuena.

Quién nos iba a decir que acabaríamos celebrando medidas de Gallardón.

Otrosí Ojo con la intención de imponer tasas en segunda instancia. Podría acabar sucediendo que la clase media, que en cuanto tiene mínimos ingresos deja de tener acceso a la llamada justicia gratuita (típico entramado del Bienestar del Estado), se quedara sin poder apelar. La Justicia no puede ser cosa de ricos y de las administraciones.