Parece ser que en el Partido Popular se han propuesto una meta para esta legislatura: darnos mil y un motivos para que no dejemos de hablar de ellos aunque sea, como lo es en la gran mayoría de las ocasiones, mal.

Hoy tenía pensado centrarme en la maquiavélica prostitución del Pacto Antiterrorista que, los populares, están llevando a cabo; tampoco niego que se me había pasado por la cabeza hacer un pequeño comentario a la comparecencia de presidente Zapatero en la televisión pública española desterrando, por fin, la antidemocrática y habitual práctica de gobiernos precedentes de ser entrevistado únicamente por periodistas afines; sin embargo, todos aquellos proyectos han pasado a un segundo plano cuando me he enterado de la nueva y, a la vez, rancia táctica que la ultraderecha española pretende llevar a cabo.

Resulta que, ahora, un nutrido grupo de alcaldes del PP amenaza con llevar a la práctica aquella fatwa dictada por el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, en la que se exige, a los funcionarios católicos, que se nieguen a casar homosexuales. Incluso, como no podía ser de otra manera, la ultraderecha española va más lejos. Así, en plena comunión con las más retrógradas tendencias de la Iglesia Católica, uno de los prohombres del PP catalán, Lluís Fernando Caldentey, a la sazón alcalde de la localidad de Pontons, se ha marcado unas declaraciones de esas que ponen los pelos de punta. Este adalid de las libertades, a quien espero que otorguen cuanto antes las llaves de su ciudad, eso sí, para que cierre con llave al salir y no vuelva, ha decidido no casar a las parejas homosexuales que así lo soliciten en su ayuntamiento porque, según él, “los homosexuales son personas taradas que nacen con alguna deformación física o psíquica”. Ahí queda eso.

Lejos de ser llamado al orden, sus correligionarios del PP han acudido en manada para demostrar su enfervorizada adhesión. Que si uno, el alcalde de Valladolid, dice que una cosa es que la ley permita casar a los homosexuales y otra, a su juicio muy diferente, es que él quede obligado a hacerlo; que si otro, el alcalde de Ávila, arrebatado por la testosterona califique la actitud del primero de, y esto es literal, “gesto de buena hombría”; y así, hasta el infinito y más allá, en un recorrido sin igual por la España más profunda que alguna vez me hubiera podido imaginar.

Y, a todo esto, alguno se podría preguntar qué es lo que el Presidente del PP opina de lo dicho. Pues, ya lo siento, pero el señor Mariano Rajoy no hace declaraciones. Con él no van todas estas cosas, no vaya a ser que enfrentarse con quienes verdaderamente mandan en su partido, le salga más caro que la guerra de Irak. Como algún ácido columnista podría decir, aprovechando el contexto, Rajoy prefiere quedarse dentro del armario, que fuera puede haber problemas.

Por suerte, aunque a veces tengamos que lidiar con situaciones tan dantescas como la expuesta, vivimos, no precisamente gracias a personas con ideas tan reaccionarias como las vistas, en un estado de Derecho y eso, traducido al cristiano, viene a decir que TODOS estamos subordinados al cumplimiento de la ley. Así, por la misma razón que sería ridículo que un ciudadano al borde del coma etílico, espetara al policía de turno que él no se baja de su coche “porque una cosa es que la ley diga que en esas condiciones nadie puede conducir y, otra, muy diferente, es que él quede obligado a cumplir dicha ley”, resulta patético que, afirmaciones basadas en la misma sinrazón, provengan de quienes precisamente quedan obligados a cumplir y hacer cumplir las normas.

Sin embargo, ellos siguen adelante en su carrera de locuras aunque, al menos, a los atónitos espectadores nos queda una esperanza: la inhabilitación de aquellos que se nieguen al cumplimiento de los mandatos, venidos en forma de ley, de los representantes del pueblo soberano.