El déficit público español, del año 2015, ha supuesto el incumplimiento del objetivo de déficit para dicho ejercicio, impuesto por Bruselas, en casi un punto del PIB. La desviación no es algo que se pueda obviar con excusas de mal pagador, porque supone que el Gobierno no ha tomado las medidas pertinentes, en cuanto a las CC.AA, que parecen ser las responsables del incumplimiento (La Administración Central ha cumplido holgadamente con el objetivo fijado), para evitar que las distintas administraciones autonómicas hicieran caso omiso del tope de déficit, por debajo del 0’7%; límite máximo que estaban obligadas a respetar. Montoro avisó, en su día, de la necesidad de adaptarse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2012, estableciendo tres premisas fundamentales para las regiones: a) que no se desviaran de sus objetivos generales, b) que no permitiría que ninguna región quebrase y c) que no se aceptarían excusas de las autonomías porque era misión de la Administración Central vigilar y controlar a las autonomías para que se mantuvieran dentro de lo dispuesto por la Ley.

Sin embargo, no se han cumplido aquellas medidas de limitación del gasto previstas ya que, las distintas autonomías, han hecho de mangas capirotes en lo referente a la cuantía de sus inversiones y derroches, sin preocuparles, ni poco ni mucho, el ajustarse al porcentaje de desviación establecido por el Gobierno, ni tampoco, la circunstancia de que sus ingresos no llegasen para cubrir sus compromisos financieros; no dudando en dar prioridad a aquellos proyectos, muchos de ellos evitables y otros prescindibles, teniendo más en cuenta los beneficios electorales que les proporcionaban que su verdadera necesidad y utilidad para los ciudadanos que los eligieron. En todo caso, no parece que la vigilancia que le correspondía al Gobierno y al ministerio de Hacienda, en concreto, respecto a un seguimiento y un control sobre cada autonomía, que les permitiesen detectar, antes de que la chapuza se materializara, cualquier anomalía, desvío o asignación inadecuada que se pudiera producir, a fin de poner los medios previstos en la Ley Presupuestaria para corregir y aplicar las medidas oportunas destinadas a evitar que, como ha sucedido, la sorpresa se haya producido cuando ya era imposible corregir los resultados.

El hecho de que, sólo tres de las autonomías ( Canarias, Galicia y el País Vasco)hayan cumplido con el límite del 0’7% fijado, da idea del poco interés de la mayoría de ellas en cumplir con la obligación de no exceder el tope de gasto fijado y la indemnidad con la han conseguido colarle el gol a la Hacienda nacional; de tal modo que, el resultado de todas ellas, haya supuesto una diferencia de 1 punto del PIB que, en cuanto a su cuantía económica, se puede cifrar en unos 10.000 millones de euros. De poco nos va a valer que ahora el señor Montoro se ponga el disfraz de estricto cumplidor de la Ley, porque lo que el actual gobierno pueda proponer va a estar a expensas de lo que decida, en un futuro (no sabemos si corto o largo), por el nuevo gobierno que se establezca por acuerdo o como resultado de unas nuevas elecciones, en el próximo mes de Junio.

Sin embargo, tenemos la impresión de que, en este caso, el señor Montoro ha debido de actuar como Convidado de Piedra, limitándose a cumplir con las órdenes que le enviaron desde la cúpula del Gobierno que, o mucho nos equivocamos, tuvo que tragar muy en contra de su voluntad. Es evidente que hubo un tiempo en que, el ministro de Hacienda amenazó, con una cierta contundencia, a las comunidades autónomas respecto a las desagradables y efectivas medidas que pensaba aplicarles si no se adecuaban a los límites de déficit, emanados del Gobierno. Pero surgieron problemas, en especial con Cataluña, problemas que se hubieran podido evitar pero que la pasividad, la confianza de que eran previsibles y, sobre todo, de que podrían ser contrarrestados antes de que fueran a más, le hizo pensar al señor Rajoy que, adoptando una actitud blanda, buenista, contemporizadora y, sobre todo, aflojando la espita de las subvenciones, podría convencer al señor Mas, de CDC, para que se apease de la peana y retornase al rebaño de los sumisos. Error garrafal, que ya denunciamos en su momento, que llevó a los separatistas al convencimiento de que tirando de la soga sacarían tajada del Tesoro público, podrían financiar todas las medidas encaminadas a consolidar su trayectoria independentista y, por añadidura, todo ello sin renunciar al enfrentamiento diario, al desafío público y al insulto y descalificación de todas las instituciones españolas, entre ellas los signos de la patria, el Gobierno de la Nación y la propia Constitución, respecto a la cual dejaron claro que prescindirían de sus resoluciones, si afectaban al progreso de su proceso independentista. Una declaración de rebeldía total.

Es evidente que, el deterioro de la situación política de España, especialmente notable en el último trimestre del 2015; los problemas por los que está pasando la propia UE; la inestabilidad producida por más de 100 días de gobierno en funciones y la posibilidad de que, el nuevo gobierno del país, sea de tendencia de izquierdas y además radical; provoca que, aquella buena tendencia que empezaba a experimentar nuestra economía, las buenas perspectivas respecto al empleo y las inversiones que las empresas tenían previstas para mejorar su productividad y recobrar su competitividad en el mercado mundial y, en especial, en el europeo; hayan quedado frenadas, lo mismo que las aportaciones a nuestras bolsas de aquellos inversores foráneos que, ante la sospecha de un cambio de régimen; de un nuevo gobierno con participación de los comunistas bolivarianos de Podemos y la posibilidad de un retroceso de aquellas políticas patrocinadas por la UE y dictadas por Bruselas; prefieran mantenerse en stand by y vigilantes, mientras empiezan a sondear las ventajas de dirigir sus ojos hacia otros países donde los riesgos sean menores y la estabilidad política les ofrezca mayor confianza.

Cuando el señor P.Sánchez, del PSOE, parece que quiere entregarse en manos de Podemos y del resto de partidos de la izquierda más radical y oímos como, el señor Pablo Iglesias de Podemos ( con verdaderos y preocupantes problemas de liderazgo dentro de su propio partido y peligro de escisiones de alguna de sus franquicias), mantiene sus exigencias de una serie de inversiones, subvenciones, obras sociales, salarios mínimos especiales etc. que, en una primera valoración, ascendía a los ¡¡¡90.000 millones de euros!!! Y, en un exceso de magnanimidad hacia su amigo Sánchez, aceptó reducirlos a los 60.000 millones de euros; no podemos menos de pensar: ¿ en qué clase de locura e insensatez han sido capaces de caer, cuando han pensado que España está en condiciones de sumar a su endeudamiento una cantidad semejante?, ¿Se han olvidado de que vamos a tener que regularizar 20.000 millones a causa de las locuras de las autonomías en cuanto al déficit público, con Cataluña al frente? o,¿ es que no han tenido en cuenta que la CE ya nos ha pedido que rebajemos la deuda pública del país en 25.000 millones más?, ¿Cómo creen que es posible conjugar un aumento tan espectacular del gasto público, con el mantenimiento del crecimiento y, a la vez, con el cumplimiento de nuestras obligaciones con la CE?

Ya no se trata de que, en una investidura, pudiera salir un gobierno presidido por P.Sánchez, apoyado por una mayoría de izquierdas; ni tampoco que, en un rapto de locura, el señor Rivera de Ciudadanos decidiera formar parte o apoyar, con los votos de su partido o la abstención, dicha opción. Lo verdaderamente espeluznante de esta combinación política, está en que, un ejecutivo semejante, no tendría la menor posibilidad de subsistir, no sólo por el hecho irrefutable de que los egoísmos personales, los intereses de partidos, los modos asamblearios de algunos de ellos y la dependencia de otros países extranjeros, (claramente definida por el señor Maduro de Venezuela, que no deja de lanzar sus dardos envenenados, mintiendo sin importarle las majaderías que dice cuando habla de miles de españoles metidos en la cárcel, por lo que el define como Ley Mordaza; cuando en su propio país tiene aherrojados en calabozos inmundos, amenazados de muerte y sin permitirles el contacto con periodistas o abogados de otros países, en el ejercicio más absurdo, inhumano y chequista de la más brutal dictadura comunista bolivariana, como buen discípulo de la familia Castro de Cuba); sino que, por añadidura, sus proyectos de gobierno son absolutamente inviables en una Europa defensora del libre mercado, de la democracia y del sistema capitalista.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no podemos menos que denunciar, como una de las mayores insensateces maquinada por unos políticos contra España y el pueblo español, cuando lejos de preocuparse por el bienestar, la paz y la buena convivencia del pueblo, lo único que intentan es establecer un régimen clonado del de Venezuela, en unos momentos en los que, en aquel país, la miseria, la falta de alimentos y medicinas y la supresión de las libertades individuales, lo conducen a pasos agigantados, hacia su propia perdición.