Lo estamos viviendo a diario, la crispación, la algarada callejera en el Parlamento, el recurso a los métodos más rastreros para la consecución de objetivos no menos censurables, dominan los quehaceres habituales de los que tienen la responsabilidad de liderar la sociedad.

Las sesiones del Congreso y del Senado han llegado a un punto de dudoso retroceso, entre la histeria, el tono tabernario y las continuas amenazas.

La historia, y hasta el pasado de unos y otros, es un arma más, que se emplea con un nulo sentido de la verdad o de la responsabilidad, por quienes hacen del pasado un feudo propio para el reproche indiscriminado o se apoderan de él de manera impúdica.

El bochorno se enseñorea de la cosa pública con declaraciones agrias, razonamientos chulescos y propuestas procaces.

Se hace urgente en las próximas elecciones la desaparición de ciertos individuos que pululan por la política y que -con independencia de ideologías- están en la mente de todos porque siempre son los mismos y con el mismo talante, en los cuales se hace imposible encontrar un ápice de ideología serena, razonada y de utilidad.

En esta situación es muy difícil que los ciudadanos se persuadan de que se intenta reforzar las instituciones, los altos tribunales, mejorar la sanidad, racionalizar la enseñanza, conseguir una fiscalidad más justa, propiciar una economía más próspera, mejorar la convivencia social o prestigiar el país en el concierto internacional.

Palabras como conservador o progresista han perdido su sentido porque se han convertido en insultos o en coartadas falaces. Las apelaciones a la historia, lejos de servir de enseñanza, se convierten en piedras que se arrojan sobre el adversario.

Ni la democracia es el rodillo de las mayorías, ni el voto de los ciudadanos asegura la equidad y el recto gobierno. La democracia es una ética común basada en el respeto a las instituciones y en el acatamiento de las leyes que todos hacen y que todos están obligados a cumplir.