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Quiero recordar que hace unos dos años la Comisión Europea recordó la obligación de consultar a los organismos pertinentes antes de tomar una decisión que afectara a la independencia de los jueces. Entre esos organismos se encuentra la llamada Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como “Comisión de Venecia”. Pero parece que el Gobierno no ha hecho ningún caso, como tampoco a las instituciones españolas llamadas a pronunciarse.
La situación parece ser muy grave porque, aunque tenga de su parte la aritmética parlamentaria, Sánchez está poniendo en venta el Código Penal y el sistema judicial, y eso implica erosionar la democracia y el orden constitucional.
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