La Generalitat ha regulado el que es considerado su Proyecto de Escuela, que implica un proyecto lingüístico en el que el catalán debe ser la lengua usada habitualmente en todos los espacios y en todas las actividades desarrolladas en el centro educativo. Para ello, la Orden regula la existencia y las funciones de un coordinador lingüístico, encargado de vigilar el uso institucional del catalán,
Consolidar un modelo educativo y lingüístico no puede hacerse ni contra la ley ni contra los derechos ciudadanos.
El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse si finalmente se le plantea esta cuestión. Mientras tanto, es insostenible que un Gobierno autonómico, sujeto como el resto de los poderes públicos al imperio de la ley, pretenda desobedecer usando para ello sus competencias normativas. Ambas instituciones, Gobierno y Parlamento, lo son del Estado. No hay excepción al cumplimiento de las normas y al deber de obedecerlas.
