EI lustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) apuesta por devolver a la naturaleza el suelo mal urbanizado mediante la aplicación de una política de indemnizaciones por expropiaciones a las construcciones que se sitúen sobre terrenos inundables.

El ICOG recuerda la importancia de la prevención para evitar daños por inundaciones y la necesidad de invertir en medidas que palíen o minimicen los destrozos producidos por las inundaciones. Asimismo el Colegio recuerda que según datos de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) del Ministerio de Transición Ecológica, en España existen 19.900 km de zonas inundables delimitadas y se estima que 2.733.000 habitantes viven en zonas inundables, siendo las demarcaciones de mayor riesgo las del Guadalquivir, Segura y Júcar. 

“En estos datos no se incluyen cuencas internas de Cataluña, costa gallega, cuencas andaluzas del sur o los archipiélagos, con lo cual si se hicieran todos los mapas de zonas inundables, alcanzaría a 5 millones de personas, el 10% de la población española”, puntualiza Manuel Regueiro.

Otras medidas preventivas son adoptar una política de seguros que responda al riesgo real de inundación. “Esto que es habitual en Europa y en Estados Unidos, no pasa en España. Aquí el Consorcio de Compensación es un paraguas que impide que los ciudadanos comprendan los riesgos que de verdad corren y que entre todos paguemos las irresponsabilidades urbanísticas de ciudadanos o administraciones”, denuncia.

El ICOG también aboga por invertir en estructuras de control de inundaciones como pueden ser las presas de laminación de avenidas o canalizaciones, “aunque sean costosas o provoquen cierta agresividad ambiental”, explica el presidente del Colegio de Geólogos.

Adaptar los usos del suelo a mapas de riesgo

Una de las medidas fundamentales es elaborar mapas de riesgo geológico previos a los desarrollos urbanos. “Hay que adaptar los usos urbanísticos del suelo en función de los mapas de riesgos naturales”, pide Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos. “Los mapas de riesgo son obligatorios por ley, pero en muchos casos las administraciones o no los tienen o no los aplican”, añade.

Por ello, el Colegio de Geólogos ha pedido reiteradamente un Observatorio de los Planes Generales de Ordenación Urbana para comprobar que se cumple la Ley del Suelo y que “existen los mapas de riesgos se usan, antes de permitir urbanizar ningún lugar de nuestro país”, señala.

Incide en el impacto especialmente desastroso de las DANAS (Depresión Aislada en Niveles Altos) sobre el territorio, ya que “descargan una increíble cantidad de agua en muy poco tiempo y se producen avenidas súbitas”.