La Generalitat, recuerdo, puso en marcha una caja de solidaridad para hacer frente a los gastos judiciales generados por el Procés. Para evitar que algunos implicados se quedaran sin empleo, la Generalitat les ha dado un trabajo. Y así, suma y sigue. Ahora el gobierno pretende que las responsabilidades que reclama el Tribunal de Cuentas en esta materia también se extingan.
La malversación de fondos públicos es un delito grave que afecta a los ciudadanos por partida doble. Primero porque sus impuestos no se destinan al fin que les es propio y segundo porque impide el gasto en servicios públicos. Los indultados han salido de la cárcel, pero otra cosa es que se vayan dejando sus deudas por pagar, y en eso está el gobierno de Sánchez.
