Desde el viernes 25 de junio, día en que entró en vigor la Ley de Eutanasia, España ha pasado a engrosar la lista de los países en los que la muerte se convierte en derecho, y provocarla se considera como una solución médica. Solo otros seis países del mundo tienen legislaciones como ésta.
Habrá quien considere que entrar a formar parte de esa lista es una conquista social. La realidad es muy distinta. Entramos a formar parte de las sociedades en las que los gobiernos, a través de legislaciones fruto de la ingeniería ideológica, imponen una cultura que condena a las personas que sufren al frío y supuestamente aséptico atajo de la muerte administrada con tutela del Estado, que abandona así su deber principal de proteger la vida de todos.
