Al cumplirse el año de la pandemia, se notaba que se están agudizando los problemas de convivencia ciudadana, con la crisis de confianza en los dirigentes, principalmente, por el modo un tanto errático de gestionar los problemas derivados de la brutal y persistente acción del coronavirus.

En conjunto, se advierte una deriva hacia formas autoritarias, con el consiguiente déficit de participación por parte de los ciudadanos; se han ido convirtiendo en súbditos más bien pasivos, aunque no hayan perdido capacidad de resistencia. En la práctica, los gobiernos están soslayando o reduciendo al mínimo el control y debates parlamentarios. Han abusado literalmente de órdenes ejecutivas, decretos-leyes o figuras semejantes de cada ordenamiento jurídico.

Comienza ya a sentirse la necesidad de introducir algún tipo de reforma –en algún caso, radical- que asegure los viejos ideales democráticos de occidente. No me refiero, como es lógico, a la situación predominantemente autocrática de tantos países, aun emergentes, en el continente asiático. En el fondo, persiste aquella “larga marcha” hacia Pekín, que puede agostar el nacimiento o pervivencia de las libertades en naciones de oriente.