Hace unos días se filtró en España el borrador de la "Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans", llamada coloquialmente ley trans. La publicación del documento ha hecho que vuelva a saltar a los medios y a las redes un enconado debate entre feministas y defensores del movimiento queer.

El punto álgido de la discusión llegó con las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, que siempre se ha definido como feminista y que lamentó especialmente que la ley permita a las personas cambiar su género simplemente con una declaración expresa. La ley vigente, de 2007, lo permite sin necesidad de cirugía, pero exige un informe médico o psicológico y dos años de tratamiento hormonal. Calvo ve incompatible la libre autodeterminación de género con una cierta seguridad jurídica. "A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles", manifestó en declaraciones a una emisora española. Las acusaciones de transfobia no se hicieron esperar.

Como fondo de esta discusión, algunos colocan la tormentosa relación entre los dos partidos en el gobierno -Podemos y PSOE-, que hace saltar chispas cada vez que se negocia una nueva ley. En este caso, la confrontación es aún más virulenta porque la visión del feminismo de Podemos es muy distinta a la del PSOE y porque la cartera de Igualdad, que es el ministerio que ha elaborado la ley, está en manos de Podemos.