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Domingo Martínez, Baños de Valdearados

La ley consumada

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La mejor tradición política, especialmente en occidente, establece que una finalidad esencial del Estado de Derecho es proteger la vida humana, con especial cuidado de aquella que pueda ser más vulnerable. Este principio se quiebra dramáticamente en España con la aprobación definitiva en el Parlamento de la ley de la eutanasia.

El gobierno de Sánchez ha promovido esta ley a toda velocidad, en plena pandemia, sin diálogo con la sociedad ni con los expertos, y desoyendo las recomendaciones del Comité de Bioética y de los Colegios de Médicos. Y por supuesto, sin avanzar ni un paso en la consecución de cuidados paliativos para todos. Sus promotores la justifican como un progreso, e incluso como la conquista de un nuevo derecho, haciendo oídos sordos a las numerosas denuncias que llegan de los países donde leyes semejantes están en vigor desde hace años, donde la arbitrariedad en dispensar la muerte se ha convertido en práctica habitual. También resulta preocupante la regulación de la objeción de conciencia, dado el riesgo de que los médicos objetores se vean señalados e incluso sutilmente perseguidos, como ya se ha dado en países como Bélgica, Holanda y Canadá.

La ley consumada

Domingo Martínez, Baños de Valdearados
Lectores
domingo, 28 de marzo de 2021, 22:01 h (CET)

La mejor tradición política, especialmente en occidente, establece que una finalidad esencial del Estado de Derecho es proteger la vida humana, con especial cuidado de aquella que pueda ser más vulnerable. Este principio se quiebra dramáticamente en España con la aprobación definitiva en el Parlamento de la ley de la eutanasia.

El gobierno de Sánchez ha promovido esta ley a toda velocidad, en plena pandemia, sin diálogo con la sociedad ni con los expertos, y desoyendo las recomendaciones del Comité de Bioética y de los Colegios de Médicos. Y por supuesto, sin avanzar ni un paso en la consecución de cuidados paliativos para todos. Sus promotores la justifican como un progreso, e incluso como la conquista de un nuevo derecho, haciendo oídos sordos a las numerosas denuncias que llegan de los países donde leyes semejantes están en vigor desde hace años, donde la arbitrariedad en dispensar la muerte se ha convertido en práctica habitual. También resulta preocupante la regulación de la objeción de conciencia, dado el riesgo de que los médicos objetores se vean señalados e incluso sutilmente perseguidos, como ya se ha dado en países como Bélgica, Holanda y Canadá.

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