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El Ejecutivo que presume de ser “el Gobierno de la gente” y de escuchar a la calle está viendo cómo una parte relevante de esa sociedad no está dispuesta a que se le impongan leyes, que lejos de lo prometido están lejos del consenso y de ser fruto de un maduro debate público. Esto ha sucedido con el amplio movimiento civil articulado en torno a la impresentable Ley Celáa y está sucediendo con respecto a la ley sobre eutanasia que se ha acabado de gestar.
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