En esta época de incertidumbres, de opiniones contradictorias, de informaciones sesgadas, de afirmaciones oportunistas y de pretendidos oráculos que intentan torcer la visión lógica de los hechos, que puedan tener las personas, para arrastrarlas hacia determinadas doctrinas políticas o propuestas manipuladas, en beneficio de quienes pretenden convertir su estancia en el poder en un derecho permanente, sin fecha de caducidad. Y es ante tales personajes que intentan crear opinión, que manipulan los hechos de forma fraudulenta, que no tienen miedo a la tergiversación y a la mentira, cuando a uno, simplemente por tranquilizar su conciencia, le entran ganas de contestar, de señalar determinadas contradicciones o de denunciar flagrantes despropósitos con los que los demagogos de turno, los siervos de gleba de los grandes y poderosos mangantes de la clase política, intentan, y en muchas ocasiones lo consiguen, que el vulgo, el indocumentado, el inocente o el eterno descontento de turno, se formen una opinión falsa y manipulada de la realidad social, industrial y económica de una nación.

Y es que, cuando un general, el general M.A Villarroya del CEMAD, ante un escrito que ha conseguido la adhesión de más de seiscientos militares, entre generales y otros mandos, en situación de jubilados, denunciando lo que no puede ser más evidente hasta para el palurdo mayor del reino, y es que hemos entrado en una etapa en la que algunos grupos, con el Gobierno incluido, parece que están dispuestos a incumplir los mandatos de la Constitución y dar soporte a aquellos grupos comunistas e independentistas que están pidiendo a gritos una república de izquierdas, la desaparición de la monarquía parlamentaria, la división de la nación y la instauración de un nuevo régimen imbuido de las mismas ideas totalitarias y dictatoriales que han venido inspirando el actual régimen de la república venezolana bajo la dictadura de Maduro; se limita a decir que “nuestro compromiso con la Constitución implica la neutralidad política” o, como complemento a lo anterior, “la Constitución es la norma que hemos prometido o jurado defender e inspira nuestras actuaciones”, es evidente que nos encontramos ante alguien que, o no se ha leído la Constitución o forma parte de quienes intentan darle esquinazo para implantar un nuevo orden de inspiración comunista y disgregadora que, evidentemente, no está contemplado en esta Constitución a la que se refiere el señor Villarroya, que es la de 1978.

Y es que este señor se olvida, claramente, del mandato contenido en el Artº 8.1 de la Carta Magna, que se refiere precisamente al caso de que fuerzas disgregadoras contra la unidad de España o minorías contrarias al actual régimen constitucional, intenten subrepticiamente o de forma maniquea vaciar de contenido nuestra Constitución para que luego les sea más fácil darle el descabello desde el poder omnímodo de una dictadura de izquierdas. La propia ministra de Defensa no ha dudado de calificar de “cobardes” y golpistas a unos señores que, cumpliendo con su deber de españoles, advierte n al Ejecutivo, a través de una carta en la que se ofrecen al Rey y le ratifican su apoyo cuando es obvio que en España se están concediendo por motivos espurios, determinados beneficios, subvenciones, facultades y garantías, muchas de los cuales es evidente que chocan con lo que la Constitución establece para situaciones de una gravedad como es la actual. El señor Villarroya debiera de ser más sensible a los acertados argumentos de estos 600 militares y mostrarse más crítico con el tándem Sánchez-Iglesias que, evidentemente se están tomando el poder como una bula para hacer lo que se les antoja y, entre las cosas que parece que se proponen, es acabar por métodos ilegales con la institución monárquica, un proceso que ya se ha empezado a desarrollar con los continuos ataques de los comunistas a la institución real, ya fuere en la persona del anterior monarca, Juan Carlos I, o bien haciendo responsable de las posibles infracciones administrativas de éste a su hijo Felipe VI que, evidentemente, ha sido apartado ostensiblemente de lo que debiera ser su agenda normal de trabajo.

Y un comentario sobre lo que parece que está siendo el sobredimensionamiento de la vicepresidencia del señor Pablo Iglesias, que parece que no se sabe si por especial deseo del señor Sánchez o debido a que el chantaje que le hace Iglesias le está obligando a ajustarse a sus deseos, ante la amenaza de que el comunista rompa su apoyo y lo deje en la estacada; pero el caso es que este personaje, al que los españoles votaron un 10’27% menos que en las elecciones de abril del mismo año y que, con toda seguridad, si fuera ahora la votación todavía tendría menos votos, se ha erigido en el actual dirigente del país fuere, porque Sánchez sigue pensando que, en su momento, lo va a poder controlar o sea porque, en efecto, Iglesias tiene más poder del que puede controlar el PSOE. Lo grave, sean cuales fueren las causas de esta preponderancia de UP en la política española, es que muchas de las disposiciones que está tomando el Gobierno tienen un marcado marchamo comunista y otras un evidente pago a los catalanes por su apoyo a los PGE que, según se va viendo, le están costando a España y a los españoles que siguen creyendo en ella, un evidente impacto en el gasto social, una carga insoportable para el futuro de la nación y, algo que va a ser inevitable, un aumento brutal de la carga impositiva de todos los españoles porque, de otra forma, será imposible que España soporte el gran incremente de gasto que está previsto en los nuevos presupuestos que se acaban de aprobar.

Sin perjuicio de que, en otra ocasión, sigamos comentando las salidas de tono de quienes tienen por objetivo acabar con España, deberemos decir que sigue siendo una aberración que quienes han estado transigiendo con los chantajes catalanes y vascos, que han hecho la vista gorda ante los insultos, vejaciones, humillaciones y desprecio hacia España y los españoles; que se han degradado hasta transigir con el hecho de que el español deje de ser lengua vehicular en las escuelas; que sigan creando “embajadas” en el extranjero con un elevado coste, simplemente para convertirlas en centros de propaganda para la independencia de Cataluña o que se les permita que su Parlamento apruebe una propuesta en contra de la monarquía, sin que el gobierno de España haga el más mínimo gesto para intentar impedir tales atropellos debido a que, al señor Sánchez no le conviene que la gran coalición de izquierdas y separatistas se pueda deshacer, sabedor de que si esto ocurre sus posibilidades de mantenerse en el poder serían nulas.

La señora Robles y sus generales del Jemad, harían bien en no dejar en saco roto las advertencias de los seiscientos militares que han expresado su descontento con la forma de actuar de este Gobierno, abiertamente contradictorias con lo dispuesto en la Constitución, como se va a evidenciar en cuanto los recursos ante los tribunales que se vayan imponiendo contra semejantes barrabasadas, vayan siendo estudiados por el TS o, en su caso, por el Tribunal Constitucional. No es que lo que han escrito en su manifiesto los militares descontentos en situación de reserva sea una opinión que, por venir de donde viene, debería ser estudiada y respetada y no considerada, como se ha hecho, como un acto golpista y una cobardía; sino que deben reflexionar que, lo mismo que han expresado estos señores está en la mente de más de 10 millones de españoles que no se mueven porque son personas de paz y, sólo en el caso de que la situación se volviera insostenible, sería cuando se produciría, como ya sucedió en otra situación similar de nuestra historia, el movimiento de rechazo que, seguramente, pondría orden en todo lo que está sucediendo.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mientras ponemos un ojo en la previsible reacción de Bruselas en el caso de que el Gobierno pretendiera intentar copar el Consejo General del Poder Judicial o modificar la ley sobre la secesión para favorecer a los presos catalanes, pondremos el otro sobre cuál va a ser la reacción del actual gobierno respeto al aviso que ha significado, para su deriva comunista, el rechazo de un número tan significativo de militares retirados y su posible influencia en cuanto a los millones de españoles que ven con preocupación la tendencia dictatorial de quienes ostentan, de momento, el poder en España.