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​La Constitución española afirma que los poderes del Estado español tienen la obligación de proteger la vida y salud de los españoles

​Poderes y coronavirus

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Las discrepancias entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el poder central son muy ostensibles y no ayudan en nada en la lucha contra el coronavirus. La razón, a mi juicio, la tiene el ministro de Sanidad Illa.

Las evidencias y los resultados científicos son los que deben orientar las decisiones políticas para que disminuya la tasa de contagios o de positividad en Madrid y en otras zonas de España.

Ante una tasa de positividad del 22% deben de saltar todas las alarmas y debe confinarse, ya que no cabe duda de que existe una transmisión comunitaria. En Asturias, por ejemplo, es del orden del 2% y la situación está controlada.

Que desde algún sector del PSOE no se quiera confinar la capital del país es entendible, por el daño económico que supone. De todos modos, lo que no está de más es pensar que lo principal es evitar muertes y sufrimiento a miles o cientos de miles de personas en estos meses próximos.

Se puede sobrevivir con ayudas económicas del Estado y también con los ERTES, subsidios, salario social o con el ingreso mínimo vital. En cambio, la muerte por coronavirus no es reversible y no hay vuelta de hoja. Y no se puede jugar alegremente con las cifras de enfermos de coronavirus y con los más de 53.000 muertos.

Por tanto, este juego de negociaciones entre la Comunidad Autónoma madrileña y el Gobierno central no me parece bien ni éticamente admisible, ya que mientras tanto no se están tomando las medidas de confinamiento que a juicio de los expertos son absolutamente necesarias. Parece, según dicen los medios de comunicación, que el gobierno de Sánchez prefiere no intervenir Madrid por el coste político que supone y por otras razones posiblemente relacionadas con la complejidad logística de la operación de confinamiento.

Cuanto más se posponga la intervención peor estará Madrid y, si no se llega a confinar, puede vivirse una situación dantesca parecida a la de marzo y abril pasados. Y, si sucede esto, de nada sirve lamentarse. Parece que es más importante la economía que las vidas humanas y no es verdad. Pero no sirve decirlo es necesario actuar con energía y como demandan las circunstancias actuales que son preocupantes especialmente en Madrid, Navarra, Cataluña y otras Comunidades Autónomas. Y todavía no se dispone de vacuna contrastada y eficaz.

Todo depende de decisiones políticas contundentes, pero eficaces. Aunque ya sea tarde se pueden reducir considerablemente los efectos de la transmisión comunitaria y cortarla de la única manera que es posible. Por otra parte, se está observando que prácticamente en toda España se incumplen las normas y hay gente que hace fiestas en sus casas sin mascarilla y todo tipo de celebraciones sin distancia de seguridad y sin ningún tipo de protección.

Y las miles o cientos de miles de imprudencias diarias las pagamos todos como país con la expansión de la pandemia. Además, por si no fuera bastante existe también el negacionismo que es absurdo y contribuye al descontrol y caos existente. Si un cierto número de personas no son responsables en su comportamiento cívico es muy difícil poner coto al coronavirus.

Las muertes en abstracto no parecen algo tan terrible, ya que todos tenemos que morir, pero si se piensa en cada persona y familia o amigos las cosas se ven y se piensan de otra manera mucho más profunda y directa.

El derecho a la vida está por encima de todo y esto parece que por parte de algunos no se quiere aceptar. Los Derechos Humanos lo dicen y también se ampara el derecho a la salud de todos. Forma parte de los derechos individuales que no pueden ser suprimidos o menospreciados.

Si ni doblegamos ya la expansión del coronavirus la situación de España en los próximos años puede ser catastrófica, porque las consecuencias se dejarán sentir en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Además, la calidad de vida se resentirá considerablemente.

La Constitución española afirma que los poderes del Estado español tienen la obligación de proteger la vida y salud de los españoles. Para hacerlo el Gobierno central tiene que poner todos los medios a su disposición para frenar la pandemia y, de momento, en Madrid no lo está haciendo por la resistencia que ofrece el Gobierno autonómico madrileño que pone en primer lugar la economía y en segundo lugar la salud y el orden debe ser el contrario. Todo lo demás es retórica política para justificarse.

​Poderes y coronavirus

​La Constitución española afirma que los poderes del Estado español tienen la obligación de proteger la vida y salud de los españoles
José Manuel López García
miércoles, 30 de septiembre de 2020, 08:26 h (CET)

Las discrepancias entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el poder central son muy ostensibles y no ayudan en nada en la lucha contra el coronavirus. La razón, a mi juicio, la tiene el ministro de Sanidad Illa.

Las evidencias y los resultados científicos son los que deben orientar las decisiones políticas para que disminuya la tasa de contagios o de positividad en Madrid y en otras zonas de España.

Ante una tasa de positividad del 22% deben de saltar todas las alarmas y debe confinarse, ya que no cabe duda de que existe una transmisión comunitaria. En Asturias, por ejemplo, es del orden del 2% y la situación está controlada.

Que desde algún sector del PSOE no se quiera confinar la capital del país es entendible, por el daño económico que supone. De todos modos, lo que no está de más es pensar que lo principal es evitar muertes y sufrimiento a miles o cientos de miles de personas en estos meses próximos.

Se puede sobrevivir con ayudas económicas del Estado y también con los ERTES, subsidios, salario social o con el ingreso mínimo vital. En cambio, la muerte por coronavirus no es reversible y no hay vuelta de hoja. Y no se puede jugar alegremente con las cifras de enfermos de coronavirus y con los más de 53.000 muertos.

Por tanto, este juego de negociaciones entre la Comunidad Autónoma madrileña y el Gobierno central no me parece bien ni éticamente admisible, ya que mientras tanto no se están tomando las medidas de confinamiento que a juicio de los expertos son absolutamente necesarias. Parece, según dicen los medios de comunicación, que el gobierno de Sánchez prefiere no intervenir Madrid por el coste político que supone y por otras razones posiblemente relacionadas con la complejidad logística de la operación de confinamiento.

Cuanto más se posponga la intervención peor estará Madrid y, si no se llega a confinar, puede vivirse una situación dantesca parecida a la de marzo y abril pasados. Y, si sucede esto, de nada sirve lamentarse. Parece que es más importante la economía que las vidas humanas y no es verdad. Pero no sirve decirlo es necesario actuar con energía y como demandan las circunstancias actuales que son preocupantes especialmente en Madrid, Navarra, Cataluña y otras Comunidades Autónomas. Y todavía no se dispone de vacuna contrastada y eficaz.

Todo depende de decisiones políticas contundentes, pero eficaces. Aunque ya sea tarde se pueden reducir considerablemente los efectos de la transmisión comunitaria y cortarla de la única manera que es posible. Por otra parte, se está observando que prácticamente en toda España se incumplen las normas y hay gente que hace fiestas en sus casas sin mascarilla y todo tipo de celebraciones sin distancia de seguridad y sin ningún tipo de protección.

Y las miles o cientos de miles de imprudencias diarias las pagamos todos como país con la expansión de la pandemia. Además, por si no fuera bastante existe también el negacionismo que es absurdo y contribuye al descontrol y caos existente. Si un cierto número de personas no son responsables en su comportamiento cívico es muy difícil poner coto al coronavirus.

Las muertes en abstracto no parecen algo tan terrible, ya que todos tenemos que morir, pero si se piensa en cada persona y familia o amigos las cosas se ven y se piensan de otra manera mucho más profunda y directa.

El derecho a la vida está por encima de todo y esto parece que por parte de algunos no se quiere aceptar. Los Derechos Humanos lo dicen y también se ampara el derecho a la salud de todos. Forma parte de los derechos individuales que no pueden ser suprimidos o menospreciados.

Si ni doblegamos ya la expansión del coronavirus la situación de España en los próximos años puede ser catastrófica, porque las consecuencias se dejarán sentir en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Además, la calidad de vida se resentirá considerablemente.

La Constitución española afirma que los poderes del Estado español tienen la obligación de proteger la vida y salud de los españoles. Para hacerlo el Gobierno central tiene que poner todos los medios a su disposición para frenar la pandemia y, de momento, en Madrid no lo está haciendo por la resistencia que ofrece el Gobierno autonómico madrileño que pone en primer lugar la economía y en segundo lugar la salud y el orden debe ser el contrario. Todo lo demás es retórica política para justificarse.

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