Los 12 abogados de ETA detenidos en el marco de la 'operación Mate'
están acusados, además de integración en la banda, de delitos de
blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública. En concreto, llegaron a
ocultar al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros durante los
años 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del
colectivo de presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera), según
informa Interior.
El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz precisa que estos
gastos fueron sufragados por Herrira. De hecho, 4 de los 16 detenidos
por formar parte del denominado 'frente de cárceles' son miembros de
Herrira que ejercían labores de tesorería dentro de esta organización que tiene
suspendidas sus actividades por decisión judicial.
Los detenidos como tesoreros de Herrira gestionaban los mismos recursos económicos
que las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, además de utilizar las mismas
técnicas, hasta el punto de asumir sus deudas pasadas y continuar su actividad. Entre
sus funciones se encontraban la de efectuar los pagos a los letrados que formaban parte
del "colectivo de abogados" por las actividades que realizaban.
Los arrestos han tenido lugar en diferentes localidades del País Vasco, Navarra y Madrid y
se han realizado diversos registros en domicilios y locales utilizados para el desarrollo de
las actividades ilícitas que realizaron entre los años 2012 y 2013. Entre los lugares
registrados se encuentra la sede del sindicato abertzale LAB en Bilbao.
La operación ha supuesto la desarticulación del entramado financiero que sustentaba
económicamente al "colectivo de abogados" (BL) y supone también la práctica
desaparición de la estructura utilizada por ETA para mantener la voluntad de los presos
bajo las directrices de la banda.
La Guardia Civil considera que los abogados detenidos formaban una estructura
organizada que aprovechando la cobertura que les otorga su actividad profesional,
ejercían sus funciones siguiendo las directrices marcadas por la banda terrorista,
anteponiendo, de esta manera, los intereses de ésta a los de sus defendidos.
Tres de los detenidos este lunes en la operación son los veteranos Ainhoa Baglietto, Kepa
Mancisidor y Alfonso Zenon, según han informado a Europa Press fuentes de la lucha
antiterrorista.
La operación se desarrolla simultáneamente en Madrid, en el País Vasco y en Navarra.
Entre los arrestados también se encuentran los letrados Arantxa Aparicio, Aier Larrarte,
Javier Carballido, Jaoine Karrera, y Ane Ituño, así como la también abogada y portavoz de
Sortu Amaia Izko.
En el marco de estos trabajos participaban activamente en el mantenimiento del
adoctrinamiento ideológico e informaban permanentemente a la dirección de la banda de
la situación personal, jurídica y del compromiso de los presos con los postulados de la
banda. Asimismo, trasladaba a los presos las directrices e instrucciones de la propia ETA.
Toda una labor encaminada a prevenir posibles disidencias internas.
La "Operación Mate" es fruto de distintas líneas de investigación. Unas derivan del
análisis de la documentación intervenida en los registros efectuados en anteriores
operaciones contra las diferentes estructuras del "frente de cárceles" y otras son
consecuencia de investigaciones paralelas.
La documentación intervenida en anteriores operaciones ha permitido determinar que las
actividades para mantener a los presos bajo la disciplina de ETA se combinaban con una
acción en el exterior sobre sus familiares mediante un entramado de apoyo social a favor
de los mismos, que se veía complementada con medidas económicas y asistenciales.
RONDAS DE CONTROL EN UN 95% DE CÁRCELES
Para desarrollar las funciones asignadas, "el colectivo de abogados" utilizaba las llamadas
"rondas de control a los presos de ETA", en las que los letrados visitaban a los miembros
de la banda en prisión y aprovechaban estos encuentros para "alimentarlos
políticamente", trasladarles instrucciones, directrices y todo tipo de información.
De esta forma, los ahora detenidos llegaron a mantener anualmente contactos con la
mayoría de los miembros de ETA en prisión. Realizaron visitas a más del 95 por ciento de
los centros penitenciarios en los que hay internos de la banda. En unos casos contactaron
directamente con los presos y en otros lo hicieron a través de los denominados
"responsables de cárceles", es decir, aquellos presos de ETA designados por la
organización terrorista para ejercer el control y dirección de los reclusos en cada prisión.
En definitiva, la Guardia Civil considera que el "colectivo de abogados" es un elemento
fundamental para la transmisión de información entre ETA y sus militantes en prisión. Por
ello, constituye un baluarte para garantizar la cohesión y el mantenimiento de la disciplina
interna del EPPK. En este sentido, cabe destacar que estas funciones están
exclusivamente dirigidas a los presos de ETA y a los de las organizaciones de apoyo que
se mantienen bajo la disciplina de la organización terrorista y pertenecen al EPPK.