El Gobierno ha confirmado que en próximos días convocará a los grupos parlamentarios para retomar el diálogo sobre los proyectos de ley de medidas de regeneración democrática que remitió hace meses al Congreso, pero también ha puesto tope a esas conversaciones dando dos meses de plazo para que en noviembre ya puedan empezar a debatirse y votarse en comisión con idea de aprobarlos antes de fin de año en la Cámara Baja.
Además, el Ejecutivo ha puesto más temas sobre la mesa y a los proyectos de ley que registró en su día, añade ahora la reforma electoral para cambiar el sistema de elección de los alcaldes, la reducción de aforados y la limitación de la protección, la introducción de mecanismos de control sobre los indultos y la determinación del momento en que un cargo político debe dimitir cuando se vea salpicado por la corrupción.
En un comunicado recogido por Europa Press, el Ejecutivo señala que, tras el paréntesis obligado por las elecciones europeas y los cambios en la dirección del PSOE, pretende retomar negociaciones y convocar a todas las fuerzas políticas a un gran pacto sobre las medidas legislativas de regeneración democrática en tramitación, es decir, los proyectos de Ley reguladores de partidos políticos y altos cargos, y las medidas procesales y penales de lucha contra la corrupción.
Para ello, abrirá un plazo de dos meses en los que se deberán desarrollar las negociaciones y la definición de propuestas, de forma que en noviembre pueda afrontarse la tramitación en Comisión de las Leyes y en diciembre sean aprobadas en el Congreso, cumpliendo el compromiso adquirido.
Por un lado, se hablara de medidas legislativas de regeneración democrática propuestas y en tramitación, como el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos (que revisa las vigentes leyes de Financiación de Partidos y del Tribunal de Cuentas), el Proyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del estado (que actualizará el régimen de incompatibilidad), y las medidas penales y procesales contra la corrupción (tanto el endurecimiento de las penas como la agilización de los procesos judiciales).
INCORPORACIÓN DE NUEVAS MEDIDAS
En el marco de la negociación sobre estas medidas legislativas, y de la búsqueda de acuerdos, el Gobierno está dispuesto a incorporar nuevas medidas entre las que se encuentra el "fortalecimiento del vínculo entre representantes y representados en el ámbito local", con la elección directa de alcaldes.
En este sentido, el Gobierno defiende que es una opción que forma parte del programa electoral de varias formaciones políticas en España. En su opinión, los gobiernos municipales deben responder a la voluntad mayoritaria de los vecinos del municipio, lo que, a su juicio, es una garantía, no sólo para una mayor estabilidad del Ayuntamiento, sino para una mejor representación de los ciudadanos y, en definitiva, el desarrollo de una gestión que responda verdaderamente a sus ideas e intereses.
Por otra parte, el Ejecutivo propone la limitación del aforamiento, en particular en lo referido a las causas penales, y en cuanto a su número, teniendo en cuenta que afecta a los tres poderes del Estado y se extiende también al ámbito de las comunidades autónomas. El Gobierno señala que, para ello es necesario definir un planteamiento equilibrado, en cuanto a los instrumentos jurídicos precisos y las implicaciones prácticas de las posibles modificaciones.
Del mismo modo, incluye aportar mayor transparencia a la concesión de indultos de forma que, sin alterar su concepción como medida de gracia que atiende a las circunstancias de la persona y no al tipo de delito, se pueda ampliar la rendición de cuentas y, con ello, el control y la confianza sobre las decisiones de indulto.
En cuanto a los procesos penales y responsabilidades públicas, sugiere la unificación de los criterios sobre el momento del proceso penal en el que un responsable debe abandonar su cargo público o ser excluido de las candidaturas electorales.
El Gobierno también ha incluido en el marco de negociación la posibilidad de fortalecer la participación de los ciudadanos en el proceso legislativo y su papel activo en la presentación de iniciativas legislativas populares, así como su intención de favorecer un acuerdo entre partidos para limitar los gastos derivados de las campañas electorales, en lo que se refiere a publicidad exterior.
Comentarios
Casas Viejas
01/sep/14 10:14 h.
Ahora vienen las prisas. Cuando vamos camino del 30 aniversario de la célebre y muy puñetera "sentencia" del ilustre jerezano Pedro Pacheco: En España la justicia es un cachondeo. Ahora vienen las prisas cuando un equipo de antropólogos y sociólogos de prestigio reconocido certifica que la "pedrada" de Pedraz se corresponde con la realidad. Pedraz, aquel magistrado que dijo que la casta/clase política está podrida. Tan podrida como las instituciones. Ahora vienen las prisas cuando hace muchos años que el puto enano de Solchaga dijo aquello de hacerse rico en España en cuatro días. Sin que sepamos al dia de hoy si tenía el visto bueno de "Isidoro", el hoy gorila Felipe. Ahora vienen las prisas cuando entre abuelos anda el juego. Mas bien entre pillos. A saber, los papaítos de Botin, de Puyo, de Rato, de La Rosa, etc. Por eso hay que preguntarle a estos pajarracos si creen que de casta le viene al galgo. Ahora vienen las prisas cuando desde hace muchos años en las ciento de miles de encuesta que se han hecho sobre la justicia en todas salía que un 78% de la gente no creía en la misma. Ahora vienen las prisas y no cuando aquel ex Gobernador del Banco de España, un tal Caruana, se pasaba los informes de los inspectores del mismo banco por los huevos. Los días de mucho trabajo se los pasaba también por los cataplines pero a dos manos. Informes que avisaban de lo que se nos venía encima. Ahora vienen las prisas cuando al dia de hoy todadavía el gorila de Cándido Méndez no hay dicho lo que cuesta asar una vaca con billetes o el pata negra de Gaspara Zarrias cuenta los trucos para votar con la pezuña. Ahora vienen las prisas cuando la cegata de Ana Mato no dice nada del jaguar. Ahora vienen las prisas cuando las recomendaciones de Luis Solana no habrá mas remedio que ponerlas en marcha, a saber, poner a un guardia civil al frente de algunas instituciones. El Banco de España, el Senado, el Tribunal de Cuentas y el Supremos, etc. Por eso es tan importante que las plantillas de interventores, auditores y abogados del Estado estén formadas al 50% por guardias civiles. Hasta las ranas del nacimiento del rio Cuervo saben que la guardia civil es lo único serio que tiene este Estado fallido. Por lo menos mientras Cáritas saque adelante a esos 12 millones de desgraciados cuya revolución termina en la panadería de la esquina. Precisamente en la de ese citado tarugo de Mendez y ese pobre hombre de los cruceros, un tal Taxo. Menos mal que tenemos jueces como S. Silva (que metio entre rejas al de Linares/Blesa) que tiene los huevos cuadrados como los osos y pegados al culo como los tigres. O como la magistrada Mercedes Alaya, que igual que se habla de la Era de Pericles, algún dia se hablara de la Era de Alaya. Menos mal que esos 180 emparentados que hay en la plantilla del Tribunal de Cuentas han solicitado hacer un curso de contabilidad básica en Los Monegros. Menos mal que un 78% de los 120.000 liberados sindicales han solicitado ingresar en la Unidad Militar de Emergencia. Se basan en el articulo 8 de la Ley La peluca de Carrillo (por lo que pueda pasar). Cándido y Toxo (en el supuesto que ingresaran) sería con el empleo de Cabo, previa convalidación de estudios según el Plan Bolonia. Y en ese plan. Ninguno.
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