El juicio contra Saadi Gadafi y Saif al Islam Gadafi, hijos del exlíder libio Muamar Gadafi, y otros altos cargos de su Gobierno se iniciará este lunes, un proceso en el que todos ellos se enfrentan a cargos por asesinato, secuestro, sabotaje, malversación de fondos y actos perjudiciales para la unidad nacional.

Entre los 37 acusados están, además de los hijos de Gadafi, el exjefe de los servicios de Inteligencia Abdulá al Senusi y el exprimer ministro Al Baghdadi al Mahmudi.

Saif al Islam comparecerá por videoconferencia en la apertura tras la decisión del Congreso General Nacional (CGN) --Parlamento-- de enmendar el Código Penal.

En base a las enmiendas aprobadas, los procedimientos judiciales serán considerados públicos si son retransmitidos en directo vía satélite o a través de pantallas instaladas en lugares públicos. Además, los acusados y los testigos podrán comparecer por videoconferencia.

El portavoz de la Fiscalía, Saddik al Sur, ha sostenido que el cambio era necesario ante el temor de que Saif al Islam fuera asesinado al ser trasladado a Trípoli desde la localidad de Zintan, donde permanece desde que fue capturado por milicias de la localidad el 19 de noviembre de 2011.

El juicio se celebrará apenas un día después de que el primer ministro, Abdulá al Thinni, presentara su renuncia al cargo, que será inmediata en cuanto el (CGN) designe un sustituto, después de que ataque fallido contra él y su familia en la noche del sábado.

Al Thinni había sido designado hace unas semanas tras la destitución de Alí Zeidan como primer ministro. El GNC le había dado un mandato de dos semanas, que procedió a renovar esta semana encomendánole la formación de un nuevo gobierno en un intento por devolver la estabilidad al país.

Libia vive una gran inestabilidad desde la caída del Gobierno de Gadafi, el 20 de octubre de 2011, debido, sobre todo, a la negativa de las milicias que ayudaron a derrocarle a entregar las armas y unirse a las fuerzas regulares.

Las milicias que continúan activas han logrado detener en los últimos meses las exportaciones de petróleo, dejando al Gobierno sin su principal fuente de ingresos y haciendo aumentar el temor de que el país se sume en el caos.

Asimismo, en los últimos meses se han sucedido las protestas contra el CGN por su decisión de extender su mandato durante un año más, hasta el 24 de diciembre de 2014, a pesar de que en un principio sus funciones iban a llegar a su fin cuatro meses después de su establecimiento en julio de 2012.

No existe un acuerdo general sobre la interpretación que se ha de hacer sobre el marco temporal de autoridad del organismo estipulado por la Declaración Constitucional de Transición (DCT).

La postura que defiende la extensión argumenta que no debe existir una fecha límite para las actividades del CGN y que éste debe seguir vigente hasta que finalice sus tareas con el objetivo de evitar un vacío de poder.

Sin embargo, sus opositores defienden que el organismo es interino y que no tiene los poderes de un Parlamento electo, por lo que, en caso de tener que extender su mandato, ha de buscar el apoyo popular a la decisión a través de un referéndum.