Es posible que a algunos les suene a invento o, simplemente, no les suene nada cuando hablamos de aquellos ministros del general Franco que fueron capaces de darle un vuelco de 180º a la política económica española durante el periodo que se dio por llamar “la época de la tecnocracia en España, 1957-1967”. Como es obvio no vamos a extendernos sobre toda un época en la que, el general Franco, preocupado por los problemas económicos y sociales a los que se veía obligada enfrentarse la nación española, se dejó aconsejar por primeras figuras de la economía, las finanzas y la industria en nuestro país. Fue López Rodó, miembro de Opus Dei, quien sugirió a Carrero Blanco los nombres de 18 nuevos ministros con los que Franco quería reemplazar a su Consejo de Ministros. Sin embargo, no fue él el que intervino en el nombramiento de dos importantes personajes de la época, los financieros Navarro Rubio y Ullastres. Sin duda alguna, el éxito inicial conseguido por estos dos ministros se puede decir que fue la base para que, más adelante, les permitiera promulgar la más importante ley de liberalización de cambios. Les acompañaron en la tarea de modernizar España y sacarla del ostracismo en el que había estado sumergida, otros personajes como Castiella, ministro de Asuntos Exteriores, López Bravo como ministro de Industria que supieron seguir la senda que habían marcado sus compañeros Ullastres y López Rodó. Entonces, como ahora, se tuvieron que enfrentar con la ignorancia de muchos, el fanatismo de otros y la cerrazón de los antiguos ministros del régimen, que no entendían que España debía evolucionar e integrarse en Europa, si quería progresar y entrar en las instituciones internacionales.

A la vista de lo que tenemos en la actualidad, la situación caótica a la que nos vienen conduciendo nuestros políticos o a la poca calidad, en casos podríamos decir que ninguna, de las personas que, en estos momentos se están jugando el destino de España en una negociación, de tú a tú, entre personajillos de la más baja categoría humana, como son: por parte de los golpistas de ERC ( G.Rufián graduado social; Marta Vilalta, periodista y J.M. Jové, profesor universitario), todos ellos caracterizados por su extremismo, su curriculum de radicales empedernidos y su categoría de “mandaos” a las órdenes directas del señor Junqueras, el verdadero cerebro de toda la trama independentista, de estas izquierdas enardecidas que nunca soñaron con verse aceptadas como interlocutores directos, de “estado a estado”, en unas negociaciones en las que, los apuros de Pedro Sánchez para conseguir apoyos a su investidura, los sitúan en la mejor de las posiciones para poder exigir aquello a lo que llevan aspirando desde hace años: la autodeterminación. Pero no se puede decir que, por parte del Gobierno socialista, el grupo de negociadores que han enviado a la reunión, integrado por Adriana Lastra, cuya formación se reduce a algunos estudios de Antropología Social; José Luis Ábalos, maestro de enseñanza primaria y Salvador Illa, licenciado en filosofía; sea precisamente el equipo que se requeriría si, de verdad, el Gobierno de la nación pretendiera poner las peras a cuarto a los revolucionarios de ERC, mostrándose inflexible ante ellos y desdeñando cualquier ofrecimiento que implicase la más mínima cesión, ni actual ni futura, respeto a la situación política de Cataluña dentro de España, que no puede ser otra que la de una más de las 17 autonomías con las que cuenta nuestra nación.

Y es que, señores, lo que verdaderamente precisa, en la actualidad, nuestra nación, sin duda sumida en una de las situaciones más complicadas, enrevesadas y peligrosas, teniendo en cuenta las perspectivas a las que nos vemos precisados a enfrentarnos; es que alguien, llamémosle conciliador, pacificador o árbitro, se hiciera cargo de hacer entrar en razón a todos aquellos que, basándose en el incumplimiento de las leyes, tergiversando lo que es el concepto de una verdadera democracia y pretendiendo imponer un sistema de gobierno que no es el que conviene a los intereses del Estado, ni de sus ciudadanos y, todavía menos, de aquellos que, inconscientemente se están dejando arrastrar por los cantos de sirena de estas izquierdas extremistas, que saben que lo que prometen no lo van a poder cumplir, que lo que simulan dar no van a tardar en tener que rectificar y anular sus promesas y que los miles de millones que dicen que van a recaudar con lo que ellos califican de “impuestos a los ricos” no es más que un brindis al Sol, porque de todos es sabido que, los empresarios y ya no digamos si se trata de multinacionales, nunca aceptarían del Gobierno ni de los gobiernos comunitarios que, a sus empresas, se las gravara, se las obstaculizara o se las castigara con gravámenes que las pusieran en situación de inferioridad respecto a las de la competencia, dentro y fuera del ámbito internacional

De hecho, basta leer la prensa diaria para darse cuenta de que están pintando bastos. Las inversiones extranjeras van disminuyendo de año en año; los propios ciudadanos españoles ya dan muestras de preocupación en temas sobre los que ya se tenían fundas esperanzas de que iban mejorando, tales como es el paro, los políticos y, pasando de un 8´1% (correspondientes a datos de octubre pasado) hasta un 19% (datos de la última muestra), un aumento espectacular, en cuanto a la preocupación causada por el tema del independentismo, que ha rebrotado de una forma insospechada, demostrando que estamos ante un problema que afecta a todas las facetas de la vida de los españoles.

Tenemos la impresión de que, el populismo que nos rodea, tiene algo que ver, precisamente, con aquello que se pudiera calificar como un exceso de politización en todos los ámbitos e instituciones del Estado español; una situación que hace que aquellos a los que les correspondería velar por aquellos temas que, de verdad, son fundamentales para la buena marcha de nuestra nación, han hecho dejación de sus obligaciones; enzarzados en una batalla constante para conseguir el poder, sea cual fuere el precio que se deba pagar en tal empeño, sin que parezca que los perjuicios que se le pueden causar a los ciudadanos, los intentos revolucionarios que van teniendo lugar sin que haya una mano dura que acabe con ellos o con lo que, nuestra despreocupada actitud en cuando a los efectos que una mala gestión interna, pudieran repercutir en el resto de Europa, de modo que sean capaces de hacer que, un mínimo de sentido común, entre en las duras molleras de nuestros actuales gobernantes.

Cuando nos hemos referido a los “tecnócratas” hemos querido reivindicar que, una dosis de realidad, de disposición a intentar anteponer, a estas luchas inútiles, egoístas, partidistas, inacabables, destructivas y carentes de cualquier efecto positivo para los españoles, un esfuerzo para dejar aparte lo que hay de subversión, de ánimo de destrucción de la sociedad o de reivindicación de pasadas ofensas, rencores o rencillas, para buscar un consenso, un acuerdo que, por unos años, dejara en suspenso la política y se depositara en manos de los expertos, de los entendidos, de lo que se entiende por personas capacitadas para llevar a cabo los ajustes necesarios, para encauzar al país hacia el rumbo que mejor nos condujera a, sin servidumbres partidistas ni intentos de desestabilizar al país, remontar lo que queda de desajuste derivado de la crisis anterior, sin olvidarnos de que, se van anunciado otros periodos en los que, es posible que se produzca un estancamiento de la economía, que pudiera derivarse hacia otra crisis, de menor envergadura, para la que sería conveniente que, sin entrar en pánico, pero tampoco sin despreciar sus posibles consecuencias, se tuvieran preparadas aquellas precauciones imprescindibles para evitar, en lo posible, los efectos nefastos que se dieron en la primera.

Harían bien, pensamos, los partidos a los que se ha dado en calificar como constitucionalistas, de no perder de vista cuáles van a ser, de ahora en adelante, sus responsabilidades. Sería una pena que cayeran en la trampa de enfrentarse en estériles campañas para desprestigiarse mutuamente, cuando todos sabemos que esto es precisamente lo que se está intentando desde la oposición de las izquierdas. El éxito de VOX no ha de ser un acicate para que el PP del señor Casado se desgaste en intentos de conseguir a los votantes de aquel partido, para recuperarlos, cuando todos sabemos que esto no va a servir en absoluto para cambiar la relación de fuerzas entre las izquierdas y las derechas. En todo caso, la lucha se ha de centrar en conseguir arrebatarles, a los del PSOE, a sus votantes menos extremistas, más reacios a dejarse arrastrar por los independentistas o intentar hacer entrar en razón a todos aquellos desengañados que se pasaron del PP a las filas socialistas, asqueados de los casos de corrupción que proliferaron en las filas del PP durante los años pasados. Ahora, la nueva directiva ha dejado atrás aquellas maldades y, el nuevo PP, ya no arrastra tras de sí la sombra de una lacra que correspondía a otras generaciones de directivos.

Ahora, precisamente, son los socialistas, su dirección y aquellos que descargaron sus irás y sus anatemas sobre el PP, los que se han de ocultar y han de responder de las consecuencias de la dura sentencia emitida por el TS sobre aquellos que se lucraron robando a los obreros, en el caso de los ERE fraudulentos, en los que cientos de miembros de la Junta de Andalucía y el partido se forraron y malgastaron, en drogas y francachelas, miles de euros que les fueron hurtados a trabajadores, a los que se les debía compensar por haber perdido su trabajo en virtud de expedientes de reducción de plantillas. Lo curioso es que, cuando se trataba de las derechas del caso Gürtel, la prensa y los socialistas no paraban de recordar aquellos hechos con los que intentaron y consiguieron desacreditar a sus oponentes políticos. No obstante, cuando se ha destapado el embrollo de Andalucía y, el TS, ha condenado los delitos de los cientos de delincuentes que se lucraron de los ERE fraudulentos, parece que ningún partido de las izquierdas se ha molestado en sacarles las vergüenzas a aquellos directivos del PSOE que, en otros tiempos, se cebaron en la desgracia de los populares. Es evidente que la distinta vara de medir, según sean las derechas o las izquierdas quienes cometan irregularidades, es algo que desgraciadamente existe.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, en esta ocasión queremos dejar constancia de que, si en España se acabara constituyendo un gobierno de socialistas, comunistas y separatistas, se podrá decir que el país, como nación unida, ha dejado de existir y, en consecuencia, a Europa le habría surgido, en su flanco sur, un motivo de grave preocupación que, en su día, pudiera exportarle una importante metástasis de neocomunismo venezolano, a la que, tarde o temprano, debería hacerle frente y, en este caso, España pasaría a ser un país tercermundista.