Desde 1833 han estado vigentes las provincias españolas que fijó el granadino, de Motril, Javier de Burgos en tiempos de Cea Bermúdez, sin que hubiera ninguna urgencia en modificarlas. Todos los niños aprendimos, de memoria, las provincias de cada región: Galicia, Asturias, León, Castilla la vieja, Castilla la Nueva, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra, Valencia, Vascongadas, Baleares y Canarias.

La primera república, la de 1873, estuvo a pique de dar al traste con aquella organización provincial y regional, no tanto por introducir modificaciones, como partir en dos a Andalucía o añadir Ciudad Real a Extremadura, sino porque fomentó un insano cantonalismo que provocó enfrentamientos y reclamaciones territoriales entre los cantones. Como por ejemplo: Granada reclama el pueblo de Alcalá la Real, Murcia los pueblos de Castril o Huéscar, y el cantón de Cartagena, se alza contra Murcia con las armas de la Armada que allí tenía su sede.

Esta república se hundió entre interminables discusiones y dimisiones que dejaron paso a la restauración canovista, durante la cual España consiguió un aceptable desarrollo, sostuvo la guerra de Cuba y luego la de África, no pudo resistir la presión de Estados Unidos en el exterior y de las nuevas fuerzas, anarquistas y socialistas, en el interior; intentó la dictadura de Primo de Rivera y acabó en la segunda república y la huida de Alfonso XIII.

La dictadura de Franco, (que murió en su cama y ahora quieren sacarlo de su tumba), dio paso a los años de la transición y la redacción de una nueva Constitución que, sometida a referéndum, aceptamos con ilusión la mayor parte de los españoles.

La Constitución pretendió ser un traje que satisficiera a todos, cosa que no ha conseguido, porque en ella misma germinaban las semillas de nuevos problemas, especialmente la introducción de las autonomías y la falta de medidas que garanticen la unidad de España.

Con base en las libertades se ha aceptado la presencia de partidos que llevan en sus programas la reclamación de la independencia de su territorio, que otros países hubieran vetado y prohibido. Aquí repetimos que pueden conseguir la independencia mediante la reforma de la constitución, lo cual ningún independentista se cree, por lo que utiliza la debilidad de los sucesivos gobiernos para avanzar hacia su objetivo.

El propio sistema parlamentario, para la constitución del gobierno facilita a los partidos independentistas vender caros los votos de sus representantes tanto en dinero como en competencias. Tenemos la “chusca” situación de haber transferido a la comunidad catalana el control de prisiones, por lo que los políticos ahora condenados tienen directamente la llave de la cárcel para salir cuando quieran.

Pienso que hay que reformar la constitución respecto al papel de los partidos políticos, la formación de gobiernos estables, blindar la unidad de España, reducir las competencias autonómicas que están resultado letales para esa unidad como puede ser la educación o el uso de lenguas particulares en lugar del español que es hablado por cientos de millones en todo el mundo.

Vistos todos los problemas que padecemos es inaplazable abordar con seriedad la reforma de la constitución de 1978 para seguir siendo esta nación llamada España...