Un término que se introdujo en la política durante la Argentina de los años 90 hace temblar a la casta política española: escrache. El vocablo al menos ha unido a populares y socialistas que ven en este modelo de protesta ciudadana una vulneración de derechos.

La palabra se refiere a una manifestación pacífica que consiste en perseguir a los líderes políticos en sus lugares de trabajo y domicilios a modo de protesta y denuncia. La situación ha supuesto una pesadilla y un dolor de cabeza para la clase política, y no es para menos, si tenemos en cuenta lo que supone llegar a casa y verte la pared con carteles y pintadas, que un grupo de personas te incordien en el día a día, o en los actos oficiales, además de ver tu rostro en pancartas donde lees: corrupto, ladrón, prisión, etc.

He dicho muchas veces que no encuentro justificación alguna en el acoso a nadie por su condición de personaje público, sea o no político, ni me parece un argumento decir que la difamación, insulto y persecución vaya implícita en el sueldo. Hay que diferenciar la vida pública de la privada, y los cauces legales están para algo, aunque sean poco efectivos, lentos y nunca a gusto del ciudadano.

Tampoco son de recibo las declaraciones de algunos dirigentes políticos en las que llaman “perroflautas” a los escraches, porque en esos grupos hay también hombres y mujeres que antaño trabajaban, cotizaban a la Seguridad Social, pagaban su hipoteca, recibos y deudas, pero ahora se han visto abocados a protestar ante una situación que los ha dejado en la pobreza y que ellos no han creado.

Por otro lado, así como digo que el sueldo del político no incluye su asedio, persecución o cacería, si debe llevar incluido cierta dosis de responsabilidad, obligación, trabajo, dedicación y servicio social; y no la malversación, el despilfarro, la prevaricación, el robo y la sustracción de fondos públicos que vivimos en España tanto desde el Gobierno central, pasando por los autonómicos, provinciales y municipales.

El sueldo puede acarrear la posibilidad de incentivos que valoren una gestión saneada y basada en el beneficio general y no en el particular, así como también contemplar la posibilidad del despido, la incapacidad para ejercer en la función pública o la cárcel si fuere el caso.

Así que, ante tanto delincuente político, un poco de ciudadano rebotado tampoco está mal, ya que por el momento, los políticos, líderes sindicales, grandes inversores o mediocres alcaldes no temen a la Justicia, y la mano de Dios parece estar en la lista del paro.