Por Socha (Firma colectiva)

Durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la Operación Chamartín estuvo metida en un cajón. Parada casi ocho años, desde abril de 2004 a diciembre de 2011. Había inconvenientes para desarrollar lo que en época de Felipe González, una década antes, empezaron el ministro de Obras Públicas y Transportes José Borrell y la presidenta de RENFE Mercé Sala, y se optó por dejar pasar el tiempo.

Hoy, diecisiete años después, la Operación Chamartín está en una situación similar. Parece como si el cajón que usó Zapatero fuera la solución que puede servir a Pedro Sánchez. Las dificultades son tan consistentes, nos dicen, que los que aconsejan hoy al presidente del Gobierno y a su ministro de Fomento (José Luis Ábalos) están pensando en dejar que pase el tiempo.

Es cierto que hasta ahora algo se ha hecho, pero siguen pendientes las grandes decisiones. En 1994 se adjudicó la Gestión a un grupo que, al verse como adjudicatario, tomó el nombre de Desarrollo Urbanístico Chamartín SA (DUCHSA). Desde entonces, este grupo, con las evoluciones que ya hemos reseñado en entregas pasadas (Cambios nominales y de participación de los integrantes del consorcio) ha intentado desarrollar la Operación, con las fases y circunstancias que hemos expuesto (modificaciones de Planes de Urbanismo, Redacción de Proyectos, etc.), y con las distintas administraciones nacionales, autonómicas y municipales que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. En la actualidad, el grupo al que se le adjudicó el concurso, después de algunos cambios, tiene el nombre de Distrito Castellana Norte (DCN) y está integrado por dos empresas: Constructora San José S.A., propietaria del 25%; y Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), con una propiedad del 75%. A lo largo del tiempo, DCN ha tratado de cumplir con sus obligaciones contractuales, superando las dificultades previas a la concesión del concurso; y encarando las que han ido saliendo como consecuencia de la alternancia en la administración municipal y del desarrollo de las normas urbanísticas. A día de hoy, además, hay dos preocupaciones principales que DCN debe tener en cuenta:

- El fin del plazo para cumplir el contrato, que, debido a las prórrogas y a su interpretación, acaba en Agosto de 2018 para unos (Podemos), ó Diciembre de 2018 para otros (DCN).

- Y las tres administraciones que se ocupan de la Operación Chamartín: Estatal, desde la moción de censura a Rajoy en manos del PSOE, con Isabel Pardo presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), acaso como concesión a Podemos que permite la presidencia de Sánchez. Autonómica, que ejerce el PP ajeno a los proyectos de desarrollo de la Operación. Y Municipal, con una alcaldesa sostenida por Ahora-Madrid (Con desavenencias y conflicto interno) y por el grupo socialista en el Ayuntamiento (tras las purgas conocidas), teniendo como Oposición al PP (que encabeza José Luis Martínez-Almeida) y a Ciudadanos (Con Begoña Villacís al frente).

Con esas referencias, cobra importancia, además de las circunstancias del momento, la realidad que en sus orígenes hizo que la Operación Chamartín se sometiera al tipo de concurso con el que se adjudicó. En aquellos momentos, en la Operación había cuatro necesidades: De desarrollo de la zona. De armonía entre intereses personales y de grupos encontrados. De financiación. Y de una solución aceptable por grupos con criterios urbanísticos ligados a convicciones ideológicas. En el tiempo transcurrido desde la adjudicación del concurso, 26 años, se han iniciado los trámites para atender tres de las cuatro necesidades iniciales (desarrollo zona, armonía de intereses, y financiación). Pero sigue pendiente el logro de una solución que defina el desarrollo de la zona al margen de criterios urbanísticos unidos a convicciones ideológicas; o armonizando los diversos criterios que existen. En su defecto, siguen las divergencias urbanísticas del principio (de izquierdas o de derechas), que han aumentando con el tiempo, que se radicalizan con la situación que viven hoy los grupos políticos; y que dan pie a los dos criterios que hay para el desarrollo de la Operación: Gestión Privada, intrínsecamente impropia de los partidos de la izquierda política. Y Gestión Pública, con participación y gestión privada, como concibió el gobierno de Felipe González, con Borrell como ministro.

En esta situación, hay, además, unos intereses legítimos que siempre han existido y hoy perduran. Son los intereses personales y de grupo que relegan las necesidades de la Operación Chamartín a un segundo plano para someterlas al interés político del momento y a los avatares de todos: personas, grupos y partidos.

Conocida la realidad de cada grupo político (PP y PSOE en transición, Ahora-Madrid Podemos a la greña, y Ciudadanos en situación confusa), son lógicas las dificultades y prevenciones actuales. Algunas de ellas, oídas de viva voz, son tan expresivas que merecen transcripción: “Por lo que puede pasar, es absurdo que nadie toque los huevos a nadie”, “Hay quien debe tanto dinero (22 millones de euros, nos apuntan) que no puede tener criterio propio”, “Para meter un millón y medio de metros cuadrados en el proyecto de Madrid Nuevo Norte, habría que cambiar el Plan General (de Ordenación Urbana), o revisarlo”, “En Moncloa y en el Ministerio de Fomento no hay fisuras, pero antes de meterse en jaleos con la Operación Chamartín quieren saber qué va a pasar en Madrid (tras elecciones)”, “A algunos, no les merece la pena meterse en una Operación urbanística que se puede ir al traste sola”. “Mientras tanto, DCN y BBVA gastando, las administraciones a lo suyo, y los vecinos esperando.”

Por eso, nos hacía llegar alguien próximo a la Moncloa y a lo que allí se cocina, la posición que conviene hoy es la de Rodríguez Zapatero: “Dejar la Operación Chamartín metida en un cajón. Explicar que es más útil no enredar. Y buscar (o esperar) un consenso que ahora y con lo que hay es imposible”.