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La contradicción anarquismo-legalidad, un oxímoron que intentan implantar todos aquellos que pretenden compaginar libertad absoluta con orden y convivencia pacífica

Izquierda y separatismo intentan legitimar el anarquismo dentro del Estado

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Sí, señores, lo que está sucediendo últimamente en nuestro país, lo que cada día podemos constatar en el comportamiento de nuestros políticos y lo que parece que nos espera si alguien no se decide a decir ¡basta!, lo tenemos a la vista sin hacer otro esfuerzo que leer los periódicos, ver las TV y escuchar las noticias de las radios. En España cada cual tira por su parte, tanto en el Parlamento como en cada una de las autonomías que, al parecer, han llegado a la triste conclusión de que, a la vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos a lo largo y a lo ancho de nuestra nación; lo mejor, lo más rentable y lo que más puede salir beneficioso es prescindir de los demás y cada cual limitarse a mirar por lo suyo. ¿Qué fue de aquellos sentimientos de solidaridad, qué ocurrió con el concepto constitucional de la unidad indivisible de España? Parece que se han convertido en ideas obsoletas de los primeros tiempos de la implantación de la democracia en España que, como suele suceder cuando se trata de un país en el que la población no está preparada para respetar los principios democráticos; cuando en cada ciudadano hay encerrado un presunto cacique; cuando el interés general se convierte en el beneficio de cada persona que, como es evidente, nunca puede ser el mismo que el del resto de los miembros de la sociedad que difícilmente coinciden en las mismas aspiraciones.


Por duro que pueda parecer, a pesar de las suspicacias que pueda despertar en una parte de la sociedad española o por muy reaccionario que pueda parecer, a la vista de cómo se van sucediendo los acontecimientos en España, de la degradación que está experimentando nuestra clase política y de la falta de respeto que parece que se va extendiendo por toda la ciudadanía, al menos por una parte importante de ella, por el estado democrático, por sus normas de convivencia y por los derechos constitucionales reconocidos por nuestra Carta Magna; hemos llegado a la conclusión de que hay naciones que todavía no están preparadas para saber apreciar las ventajas de una democracia comme il faut; entender que para vivir en libertad hay que saber respetar los límites impuestos por la libertad del resto de ciudadanos y ello supone atenerse a unas normas imprescindibles como es mantener el orden, el respeto, la seguridad, el trabajo, los derechos fundamentales etc. Hay naciones que todavía no están debidamente preparadas para someterse voluntariamente a estas limitaciones y piensan que es mejor el sistema asambleario, la voz de la calle, la insurrección en contra de las leyes, la pretensión de que el derecho de las minorías pueda, de alguna manera, imponerse sobre el de las mayorías, el conocido método anarquista que tantos males ha venido causando a la humanidad.


En estos casos en los que no existe un verdadero espíritu democrático y una cultura de someterse a las reglas que son imprescindibles para garantizar la convivencia, como ocurre en muchas de las naciones tercermundistas en Suramérica, lo lógico es que acaben en manos de cualquier dictador que consiga, sea por la fuerza de las armas o por métodos totalitarios, hacerse con el poder y mantenerse en él mediante el establecimiento de un estado policíaco al estilo del que estuvo al frente de Rusia durante casi un siglo. Muchos pensamos que España, el pueblo español que supo aceptar una transición de forma ejemplar y se dio la Constitución de 1978, al menos en una parte y, en especial, en lo referente al aspecto autonómico, pudiera pensar que aquellas evidente atribuciones y transferencias que se les atribuían al gobierno autónomo, no eran más que un primer paso hacia la descentralización que ellos intentaban conseguir que, con el tiempo y una dosis de presión hacia los distintos gobiernos, les llevaría a lo que, para algunos políticos encabezados por el señor Jordi Pujol, era su verdadera meta: una Cataluña independiente o, al menos, con unas facultades de autogobierno que los situaran en una posición de semi-independencia respecto al resto del país.


Si los separatistas catalanes, a pesar de estar sometidos al artº 155 de la Constitución, vienen actuando como si, en realidad pudieran actuar libremente por su cuenta y utilizan todas las martingalas legales para intentar eludir la legislación española y, en especial, la Constitución; siguen en su intento de establecer una especie de República Independiente Catalana en el exilio, bajo la dirección de este prófugo de la Justicia que es C.Puigdemont, a pesar de ser conscientes de que cometen una ilegalidad y, a pesar de ello, pretenden nombrar como presidente de la Generalitat a otro preso, acusado de colaborar en el referéndum ilegal del 1.O, el señor Jordi Sánchez lo hacen con la evidente idea de enfrentarse de nuevo al Estado español. La intención separatista es que, de una asamblea de electos separatistas a celebrar en Bélgica, se otorgue al fugado Puigdemont la condición de líder supremo del “Consejo de la República”, desde donde se podrían decretar los ceses y nombramientos en el ejecutivo catalán. Se trataría de una “legalidad autonómica bajo la obediencia republicana”. Estamos de nuevo ante un claro intento, absurdo e irresponsable, de darle la vuelta a la legalidad, con muy pocas posibilidades de que tengan éxito.


Por otra parte, tampoco los partidos de izquierdas se quedan cortos cuando se trata de intentar ir metiendo cuñas en las leyes españolas de forma que, poco a poco, ante la minoría del PP en el Parlamento, vayan desmontando todo lo que, a través de los años de gobierno, ha ido haciendo el PP para conseguir sacar al país del peligro de ser rescatados por los famosos hombres de negro. Así Unidos Podemos, a iniciativa de su socio, Izquierda Unida, acaban de registrar en el congreso una proposición para reformar la ley de banderas y permitir que las administraciones puedan colocar enseñas no oficiales, como la bandera de la II República, de manera temporal, en sus fachadas. Un trágala absurdo y cargado de connotaciones republicanas, con la evidente intención de menospreciar la monarquía parlamentaria que, en virtud de la Constitución de 1978, es la que rige en nuestra nación.


Es evidente que, con el apoyo de Ciudadanos (embarcado en una guerra fratricida con el partido de Rajoy, por temas electorales, aunque las próximas elecciones quedan aún lejos, al menos en teoría) se van a cargar la famosa “Ley Mordaza”, un empeño en el que parece estar todos los de la oposición de acuerdo, aunque saben que es necesaria, por el mero hecho de ser una ley promulgada por el PP. Por otra parte, siguiendo esta línea que parece que se han marcado las izquierdas, de acoso y derribo al PP; Unidos Podemos va a intentar que: el enaltecimiento del terrorismo, las injurias al Rey o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o la policía no sean delito. Alberto Garzón ha anunciado una PL para que se deroguen casi media docena de artículos del CP. Es evidente que, si no se toman medidas para evitarlo y dudamos de que haya alguien en condición de hacerlo, parece que ha empezado el derribo del Estado de derecho con la aquiescencia y la indiferencia que parece que se ha apoderado de una gran parte de los españoles, que se limitan a asistir pasivos a la degradación de todas las instituciones que parece que constituye el objetivo de una oposición que no se fija en otro objetivo que el inmediato de procurar acabar con la legislatura de Rajoy.


No olvidemos que el señor Pablo Iglesias, el año pasado, ya registro una Proposición de Ley pidiendo derogar el 525 del CP que tipifica como delito: el escarnio público o vejación pública de los representantes de confesiones religiosas. Para este dirigente “La legítima crítica contra las religiones, dogmas y creencias está amparada por la libertad de expresión.”. Si, señores, la “sacrosanta” excusa utilizada por las izquierdas para justificar insultos, calumnias, injurias, engaños y falsas imputaciones o acosos personales, utilizada por todos aquellos que han tomado las redes informativas como un medio de vaciar toda la bilis y mala uva que almacenan, en grandes cantidades, en sus podridos corazones, especialmente todos cuantos resentidos, rencorosos, seudo agraviados, amargados y mosqueados ciudadanos que, no habiendo sido capaces de obtener una posición acomodada en la sociedad, pretenden cobrarse su agravio descargando su odio y envidia sobre aquellos que por su inteligencia, preparación, esfuerzo y dedicación han sido capaces de labrarse una posición entre los demás ciudadanos. Es evidente que va a ser preciso que, en algún momento, se le ponga coto a esta inexistente libertad que algunos creen que se desprende de la normativa constitucional que, por supuesto, le pone un límite a este fuero que algunos consideran ilimitado y que, como es evidente, debe ajustarse a los límites que establece nuestro CP, como delitos.


En ocasiones, aquellos que tuvimos la desgracia o la suerte de ser, de jóvenes, testigos de nuestra Guerra Civil, y que disfrutamos de gran parte de nuestra juventud (prácticamente toda) y de nuestra madurez en tiempos de la llamada dictadura del general Franco, tenemos que recordar con una cierta nostalgia una época en la que uno podía circular a cualquier hora del día o de la noche sin temer ser asaltado, robado o asesinado por un malhechor. Escuchar a muchos jóvenes, periodistas, universitarios y personas que presumen pertenecer al gremio de la cultura, hablar, como si lo hubieran presenciado, de lo que sucedía en tiempos de la “dictadura franquista” con la soltura, el descaro y la autosuficiencia que proporciona la ignorancia, de lo que fueron aquellos tiempos, tomándose a broma a aquellas personas que intentan explicarles que la mayor parte de las cosas que se explican pretendiendo satanizar aquella época no son más que inventos, trolas y maledicencias sin fundamento alguno. Y si es que queremos hablar de asesinatos y se quieren fiar de los datos de la famosa Memoria Histórica, prepárense a ser los más profundos ignorantes respeto a lo que hicieron uno y otro bando en aquellos cuitados tiempos de nuestra historia.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos que denunciar ante las autoridades españolas que, si siguen empeñadas en hacer caso omiso a lo que se está preparando en España, van a ser ellos los responsables de lo que pueda suceder, no solamente en Cataluña y sus independentistas, sino en el resto de España que sigue muy atenta los acontecimientos catalanes pensando que, si tienen éxito las intrigas de los separatistas, ellos van a tener la ocasión de jugar sus cartas. O así es como pensamos nosotros.

Izquierda y separatismo intentan legitimar el anarquismo dentro del Estado

La contradicción anarquismo-legalidad, un oxímoron que intentan implantar todos aquellos que pretenden compaginar libertad absoluta con orden y convivencia pacífica
Miguel Massanet
viernes, 2 de marzo de 2018, 00:31 h (CET)

Sí, señores, lo que está sucediendo últimamente en nuestro país, lo que cada día podemos constatar en el comportamiento de nuestros políticos y lo que parece que nos espera si alguien no se decide a decir ¡basta!, lo tenemos a la vista sin hacer otro esfuerzo que leer los periódicos, ver las TV y escuchar las noticias de las radios. En España cada cual tira por su parte, tanto en el Parlamento como en cada una de las autonomías que, al parecer, han llegado a la triste conclusión de que, a la vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos a lo largo y a lo ancho de nuestra nación; lo mejor, lo más rentable y lo que más puede salir beneficioso es prescindir de los demás y cada cual limitarse a mirar por lo suyo. ¿Qué fue de aquellos sentimientos de solidaridad, qué ocurrió con el concepto constitucional de la unidad indivisible de España? Parece que se han convertido en ideas obsoletas de los primeros tiempos de la implantación de la democracia en España que, como suele suceder cuando se trata de un país en el que la población no está preparada para respetar los principios democráticos; cuando en cada ciudadano hay encerrado un presunto cacique; cuando el interés general se convierte en el beneficio de cada persona que, como es evidente, nunca puede ser el mismo que el del resto de los miembros de la sociedad que difícilmente coinciden en las mismas aspiraciones.


Por duro que pueda parecer, a pesar de las suspicacias que pueda despertar en una parte de la sociedad española o por muy reaccionario que pueda parecer, a la vista de cómo se van sucediendo los acontecimientos en España, de la degradación que está experimentando nuestra clase política y de la falta de respeto que parece que se va extendiendo por toda la ciudadanía, al menos por una parte importante de ella, por el estado democrático, por sus normas de convivencia y por los derechos constitucionales reconocidos por nuestra Carta Magna; hemos llegado a la conclusión de que hay naciones que todavía no están preparadas para saber apreciar las ventajas de una democracia comme il faut; entender que para vivir en libertad hay que saber respetar los límites impuestos por la libertad del resto de ciudadanos y ello supone atenerse a unas normas imprescindibles como es mantener el orden, el respeto, la seguridad, el trabajo, los derechos fundamentales etc. Hay naciones que todavía no están debidamente preparadas para someterse voluntariamente a estas limitaciones y piensan que es mejor el sistema asambleario, la voz de la calle, la insurrección en contra de las leyes, la pretensión de que el derecho de las minorías pueda, de alguna manera, imponerse sobre el de las mayorías, el conocido método anarquista que tantos males ha venido causando a la humanidad.


En estos casos en los que no existe un verdadero espíritu democrático y una cultura de someterse a las reglas que son imprescindibles para garantizar la convivencia, como ocurre en muchas de las naciones tercermundistas en Suramérica, lo lógico es que acaben en manos de cualquier dictador que consiga, sea por la fuerza de las armas o por métodos totalitarios, hacerse con el poder y mantenerse en él mediante el establecimiento de un estado policíaco al estilo del que estuvo al frente de Rusia durante casi un siglo. Muchos pensamos que España, el pueblo español que supo aceptar una transición de forma ejemplar y se dio la Constitución de 1978, al menos en una parte y, en especial, en lo referente al aspecto autonómico, pudiera pensar que aquellas evidente atribuciones y transferencias que se les atribuían al gobierno autónomo, no eran más que un primer paso hacia la descentralización que ellos intentaban conseguir que, con el tiempo y una dosis de presión hacia los distintos gobiernos, les llevaría a lo que, para algunos políticos encabezados por el señor Jordi Pujol, era su verdadera meta: una Cataluña independiente o, al menos, con unas facultades de autogobierno que los situaran en una posición de semi-independencia respecto al resto del país.


Si los separatistas catalanes, a pesar de estar sometidos al artº 155 de la Constitución, vienen actuando como si, en realidad pudieran actuar libremente por su cuenta y utilizan todas las martingalas legales para intentar eludir la legislación española y, en especial, la Constitución; siguen en su intento de establecer una especie de República Independiente Catalana en el exilio, bajo la dirección de este prófugo de la Justicia que es C.Puigdemont, a pesar de ser conscientes de que cometen una ilegalidad y, a pesar de ello, pretenden nombrar como presidente de la Generalitat a otro preso, acusado de colaborar en el referéndum ilegal del 1.O, el señor Jordi Sánchez lo hacen con la evidente idea de enfrentarse de nuevo al Estado español. La intención separatista es que, de una asamblea de electos separatistas a celebrar en Bélgica, se otorgue al fugado Puigdemont la condición de líder supremo del “Consejo de la República”, desde donde se podrían decretar los ceses y nombramientos en el ejecutivo catalán. Se trataría de una “legalidad autonómica bajo la obediencia republicana”. Estamos de nuevo ante un claro intento, absurdo e irresponsable, de darle la vuelta a la legalidad, con muy pocas posibilidades de que tengan éxito.


Por otra parte, tampoco los partidos de izquierdas se quedan cortos cuando se trata de intentar ir metiendo cuñas en las leyes españolas de forma que, poco a poco, ante la minoría del PP en el Parlamento, vayan desmontando todo lo que, a través de los años de gobierno, ha ido haciendo el PP para conseguir sacar al país del peligro de ser rescatados por los famosos hombres de negro. Así Unidos Podemos, a iniciativa de su socio, Izquierda Unida, acaban de registrar en el congreso una proposición para reformar la ley de banderas y permitir que las administraciones puedan colocar enseñas no oficiales, como la bandera de la II República, de manera temporal, en sus fachadas. Un trágala absurdo y cargado de connotaciones republicanas, con la evidente intención de menospreciar la monarquía parlamentaria que, en virtud de la Constitución de 1978, es la que rige en nuestra nación.


Es evidente que, con el apoyo de Ciudadanos (embarcado en una guerra fratricida con el partido de Rajoy, por temas electorales, aunque las próximas elecciones quedan aún lejos, al menos en teoría) se van a cargar la famosa “Ley Mordaza”, un empeño en el que parece estar todos los de la oposición de acuerdo, aunque saben que es necesaria, por el mero hecho de ser una ley promulgada por el PP. Por otra parte, siguiendo esta línea que parece que se han marcado las izquierdas, de acoso y derribo al PP; Unidos Podemos va a intentar que: el enaltecimiento del terrorismo, las injurias al Rey o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o la policía no sean delito. Alberto Garzón ha anunciado una PL para que se deroguen casi media docena de artículos del CP. Es evidente que, si no se toman medidas para evitarlo y dudamos de que haya alguien en condición de hacerlo, parece que ha empezado el derribo del Estado de derecho con la aquiescencia y la indiferencia que parece que se ha apoderado de una gran parte de los españoles, que se limitan a asistir pasivos a la degradación de todas las instituciones que parece que constituye el objetivo de una oposición que no se fija en otro objetivo que el inmediato de procurar acabar con la legislatura de Rajoy.


No olvidemos que el señor Pablo Iglesias, el año pasado, ya registro una Proposición de Ley pidiendo derogar el 525 del CP que tipifica como delito: el escarnio público o vejación pública de los representantes de confesiones religiosas. Para este dirigente “La legítima crítica contra las religiones, dogmas y creencias está amparada por la libertad de expresión.”. Si, señores, la “sacrosanta” excusa utilizada por las izquierdas para justificar insultos, calumnias, injurias, engaños y falsas imputaciones o acosos personales, utilizada por todos aquellos que han tomado las redes informativas como un medio de vaciar toda la bilis y mala uva que almacenan, en grandes cantidades, en sus podridos corazones, especialmente todos cuantos resentidos, rencorosos, seudo agraviados, amargados y mosqueados ciudadanos que, no habiendo sido capaces de obtener una posición acomodada en la sociedad, pretenden cobrarse su agravio descargando su odio y envidia sobre aquellos que por su inteligencia, preparación, esfuerzo y dedicación han sido capaces de labrarse una posición entre los demás ciudadanos. Es evidente que va a ser preciso que, en algún momento, se le ponga coto a esta inexistente libertad que algunos creen que se desprende de la normativa constitucional que, por supuesto, le pone un límite a este fuero que algunos consideran ilimitado y que, como es evidente, debe ajustarse a los límites que establece nuestro CP, como delitos.


En ocasiones, aquellos que tuvimos la desgracia o la suerte de ser, de jóvenes, testigos de nuestra Guerra Civil, y que disfrutamos de gran parte de nuestra juventud (prácticamente toda) y de nuestra madurez en tiempos de la llamada dictadura del general Franco, tenemos que recordar con una cierta nostalgia una época en la que uno podía circular a cualquier hora del día o de la noche sin temer ser asaltado, robado o asesinado por un malhechor. Escuchar a muchos jóvenes, periodistas, universitarios y personas que presumen pertenecer al gremio de la cultura, hablar, como si lo hubieran presenciado, de lo que sucedía en tiempos de la “dictadura franquista” con la soltura, el descaro y la autosuficiencia que proporciona la ignorancia, de lo que fueron aquellos tiempos, tomándose a broma a aquellas personas que intentan explicarles que la mayor parte de las cosas que se explican pretendiendo satanizar aquella época no son más que inventos, trolas y maledicencias sin fundamento alguno. Y si es que queremos hablar de asesinatos y se quieren fiar de los datos de la famosa Memoria Histórica, prepárense a ser los más profundos ignorantes respeto a lo que hicieron uno y otro bando en aquellos cuitados tiempos de nuestra historia.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos que denunciar ante las autoridades españolas que, si siguen empeñadas en hacer caso omiso a lo que se está preparando en España, van a ser ellos los responsables de lo que pueda suceder, no solamente en Cataluña y sus independentistas, sino en el resto de España que sigue muy atenta los acontecimientos catalanes pensando que, si tienen éxito las intrigas de los separatistas, ellos van a tener la ocasión de jugar sus cartas. O así es como pensamos nosotros.

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Al fin, el sistema educativo (aunque fundamentalmente lo es, o habría de serlo, de enseñanza-aprendizaje) está dentro de una dinámica social y en su transcurrir diario forja futuros ciudadanos con base en unos valores imperantes de los que es complicado sustraerse. Desde el XIX hasta nuestros días dichos valores han estado muy influenciados por la evolución de la ética económico-laboral, a la que Jorge Dioni López se refería afinadamente en un artículo.

Acaba de fallecer Joe Lieberman, con 82 años, senador estadounidense por Connecticut durante cuatro mandatos antes de ser compañero de Al Gore en el año 2000. Desde que se retiró en 2013 retomó su desempeño en la abogacía en American Enterprise Institute y se encontraba estrechamente vinculado al grupo político No Label (https://www.nolabels.org/ ) y que se ha destacado por impulsar políticas independientes y centristas.

Me he criado en una familia religiosa, sin llegar a ser beata, que ha vivido muy de cerca la festividad del Jueves Santo desde siempre. Mis padres se casaron en Santo Domingo, hemos vivido en el pasillo del mismo nombre, pusimos nuestro matrimonio a los pies de la Virgen de la Esperanza, de la que soy hermano, y he llevado su trono durante 25 años.

 
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