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Autonomías

Andalucía. Traspasadas a la región la ordenación y gestión de su litoral

Agencias
@DiarioSigloXXI
viernes, 21 de enero de 2011, 15:28 h (CET)
MADRID, 21 (SERVIMEDIA)



El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto por el que se traspasa a Andalucía la ordenación y gestión de su litoral, siendo la segunda comunidad autónoma en recibir este traspaso, tras Cataluña.

El traspaso desarrolla lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que otorga a esta región competencias exclusivas en la gestión del litoral.

A partir del próximo 1 de abril, fecha en la que será efectivo el traspaso, el Ejecutivo autonómico será el encargado de otorgar, de conformidad con la Ley de Costas, las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, que comprende playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros. Entre estos permisos se encuentran los relativos a los llamados "chiringuitos".

La Junta también regulará los usos de temporada en las playas (por ejemplo, las relativas a zonas de baño y ocio) y en el mar territorial (zonas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros).

El Gobierno andaluz también se encargará de tramitar las autorizaciones para otros usos que impliquen la ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, como la realización de vertidos, explotaciones de acuicultura, recursos mineros o energéticos o la ejecución de obras fijas en el mar.

El Ejecutivo autonómico también asume, en relación con estas autorizaciones, la vigilancia, tramitación e imposición de las sanciones que correspondan, así como la recaudación de las multas.

El traspaso de las funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral supone un coste efectivo de 2.112.922,45 euros y el traspaso de 62 puestos de trabajo, de los que 18 son funcionarios y 44 personal laboral.

En materia de inversiones en obras de interés general, se crea una comisión bipartita para su planificación. En este sentido, la Junta podrá proponer la incorporación de proyectos de inversiones en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

 
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