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Economía

El Congreso rechaza las enmiendas de totalidad a la ley de control de la deuda comercial en el sector público

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 31 de octubre de 2013, 19:18 h (CET)
MADRID, 31 (SERVIMEDIA)



El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este jueves las tres enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público.

De esta manera, la norma supera el primer trámite en el Congreso y prosigue con su tramitación parlamentaria. PSOE, CiU y ERC habían pedido la devolución del texto al Gobierno, aunque estas propuestas fueron rechazadas por 126 votos a favor, 183 en contra y dos abstenciones.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, fue el encargado de defender la norma, y aseguró este reducir la morosidad de las administraciones es un elemento “imprescindible” para mejorar la competitividad de la economía española.

Una menor morosidad “conlleva reducir las necesidades de financiación de las empresas, lo que les permite aprovechar mejor sus oportunidades de acción y negocio, y facilitar el crecimiento”, explicó el ministro.

CRÍTICAS OPOSICIÓN

Desde las filas del PSOE, su portavoz de Hacienda, Pedro Saura, acusó al Gobierno de “corregir a la baja el Estado del bienestar”, y dijo que se ha ido por el camino fácil que es “recortar”, mientras que “lo difícil es reformar”.

Saura recordó además a Montoro que “el Estado no cumple tampoco” con el pago a sus proveedores y explicó que si en 2011 tardaba 40 días a cierre de 2012 eran 60.

Mientras, el diputado de CiU Antoni Picó señaló justificó la enmienda de su grupo es que “el procedimiento y las consecuencias” que recogen la norma “no son oportunas”, aunque sí comparten el “compromiso de la estabilidad presupuestaria y cómo afectan a los proveedores el retraso” en los pagos de las facturas.

Por su parte, Joan Tardá, de ERC, explicó que el rechazo de su grupo reside en que es un paso más en la política del Gobierno “de eliminar cualquier rastro de autonomía financiera” de las comunidades.

En el turno de fijación de posiciones, Ricardo Sixto, diputado de La Izquierda Plural, criticó el “dogma de fe” de reducir el déficit público porque no ha servido para generar el empleo, y aunque reconoció que “ritmos tan lentos de pago” como los actuales perjudican a las empresas “no todo vale” para corregirlo si supone poner en peligro los servicios públicos.

El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo dijo que comparte algunos de los puntos de la norma, si bien consideró que el Gobierno “confunde problemas de liquidez y problemas de solvencia”. Por ello, indicó que se pueden hacer las leyes “más ambiciosas”, pero si no hay recursos para que las corporaciones territoriales puedan hacer frente a sus obligaciones ordinarias las normas quedan “en agua de borrajas”.

La portavoz de Hacienda del PP en el Congreso, Ana Madrazo, respondió a las críticas de la oposición asegurando que con esta norma se conseguirá “mayor transparencia” y que es un paso más para acabar con el problema de las “facturas en los cajones”.

Madrazo pidió a todos los grupos parlamentarios “lealtad” para conseguir unas Administraciones Públicas “serias”, “rigurosas” y que cumplan en tiempo con sus obligaciones.

CONTENIDO DE LA LEY

La norma tiene como objetivos erradicar la morosidad de las administraciones, controlar y reducir su deuda comercial, suministrar liquidez a las empresas mediante la reducción del período medio de pago e incrementar la transparencia y eficiencia en las Administraciones Públicas.

El Gobierno reformará la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con el propósito de equiparar el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera con el de sostenibilidad de la deuda comercial.

El proyecto de Ley establece que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el período medio de pago no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, fijado en 30 días por la legislación comunitaria.

Con esta norma se obliga a todas las administraciones y organismos dependientes a publicar su período medio de pagos.

Si supera en más de treinta días el plazo máximo de la normativa de morosidad, pondrá en marcha un sistema progresivo de medidas, que podrán llegar a la retención de recursos de la financiación que reciben del Estado.

En concreto, cuando el período medio de pago de las comunidades autónomas supere en más de treinta días el plazo legal, es decir, supere los sesenta días, durante dos meses consecutivos desde la actualización de su plan de tesorería se pondrán en marcha una serie de medidas automáticas de prevención, corrección y coercitivas.

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