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Nacional

Doctrina Parot. El Gobierno estudiará dejar sin ciertas ayudas a los etarras no arrepentidos

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 30 de octubre de 2013, 17:39 h (CET)
MADRID, 30 (SERVIMEDIA)



El Gobierno va a estudiar que los etarras, violadores y otros peligrosos delincuentes no puedan cobrar prestaciones asistenciales al salir de prisión si no se han rehabilitado ni pedido perdón a sus víctimas.

El anuncio fue realizado hoy por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que intervino en el Congreso en una interpelación presentada por la diputada y líder de UPyD, Rosa Díez, que se había interesado por la posibilidad de impedir que etarras como Inés del Río reciban alguna ayuda pública al dejar la cárcel.

Esta cuestión ha cobrado especial relevancia después de la sentencia del Tribunal Europeo contra la ‘doctrina Parot’, que ha propiciado ya la excarcelación de dos etarras y un violador, que podrían solicitar algún tipo de prestación pública, como pueden hacer el resto de presos al quedar en libertad.

En este sentido, Fernández Díaz aseguró que su ministerio, el del Empleo y otros a los que afecte esta cuestión van a estudiar la petición de Díez en las próximas tres semanas, antes de que se debata en la Cámara Baja la moción que UPyD presentará como consecuencia de la interpelación debatida este miércoles.

“INJUSTICIA”

En concreto, el titular de Interior dijo que el Ejecutivo está dispuesto a estudiar “medidas legales” para que terroristas y otros condenados por “crímenes especialmente abyectos”, como los violadores, no reciban prestaciones asistenciales al abandonar la cárcel si no se han arrepentido.

El ministro indicó que esto afectaría, en primer lugar, al “subsidio de excarcelación”, que es el que se ha especulado que puede cobrar la etarra Inés del Río al quedar en libertad la semana pasada. Sin embargo, el titular de Interior mostró la disposición del Gobierno a que el veto para etarras, violadores y otros peligrosos delincuentes no se limite a este subsidio, sino que afecte también a otras ayudas como como becas y ayudas a la vivienda.

Sin embargo, el ministro destacó que las “líneas rojas” para dejar a etarras y violadores sin estas ayudas es que se trate de prestaciones asistenciales; que se tomen decisiones que sean acordes con la Constitución; y que no afecten a “derechos adquiridos” de los presos.

Fernández Díaz añadió que la intención del Ejecutivo es estudiar esta limitación para etarras y peligrosos delincuentes “que no han pedido perdón, que no están rehabilitados, que no se han arrepentido” y que no se han reeducado, como recoge el artículo 25 de la Constitución.

El ministro también se refirió a que el Gobierno comparte la inquietud de Rosa Díez, ya que el hecho que estos delincuentes recibieran ayudas públicas sin haberse arrepentido sería una “injusticia”.

“VOLUNTAD DE DIÁLOGO”

El responsable de Interior expresó su “voluntad de diálogo y de llegar a un acuerdo lo más amplio posible” sobre esta materia, por lo que emplazó a Rosa Díez y al resto de grupos parlamentarios a negociar sobre este asunto antes de que el Congreso debata dentro de tres semanas la moción que presente UPyD.

En este sentido, Fernández Díaz se refirió al hecho de que la etarra Inés del Río haya recurrido que el Estado no quiera pagarle los 30.000 euros que el Tribunal de Estrasburgo dice que tiene derecho. En este sentido, el ministro dijo que “estamos dispuestos a estudiar también la posibilidad fijar de legalmente, como un requisito previo para la percepción de ayudas, la satisfacción de la responsabilidad civil para los delitos graves como el terrorismo”.

A este respecto, el ministro reveló que más de 40 etarras y otros condenados por terrorismo han pedido beneficiarse de la Ley de Víctimas aprobada a finales de 2011. El titular de Interior señaló que se les ha rechazado esta solicitud gracias a que el Gobierno introdujo un cambio al respecto en los Presupuestos de 2013.

Por su parte, Rosa Díez celebró la disposición del ministro a hacer cambios legales sobre esta cuestión, porque sería una “burla” y un “sarcasmo” que los etarras cobrasen ayudas de un Estado contra el que han cometido acciones terroristas. Esta diputada aseguró que contra los etarras debe aplicarse “sólo la ley, pero toda la ley”.

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